Tarifazo y pedido de baja de impuestos: La Nación busca trasladar los costos políticos y económicos a las provincias

Tarifazo y pedido de baja de impuestos: La Nación busca trasladar los costos políticos y económicos a las provincias

La polémica por el aumento de tarifas cobró temperatura en las últimas semanas a partir del anuncio de la suba de del costo del gas por redes. Las protestas en ciudad y provincia Buenos Aires encendieron la mecha y la amplia cobertura que le dieron al particular los medios masivos de comunicación hizo que el tema se volviera cada vez más preocupante para un gobierno nacional siempre muy atento a lo que ocurre en el centro del país y no tanto por lo que pasa en la periferia.

La cuestión le valió a la gestión de Macri una de sus crisis políticas más resonantes, no solo por las protestas populares y el ataque de la oposición, sino también por el fuego amigo de dos de los socios principales de Cambiemos que buscaron despegarse de la política oficial de reducción de subsidios.

Poco dispuesto a asumir en soledad el costo político de tan impopular medida, Macri y su equipo político convocaron a sus socios radicales a una reunión tras la cual el Gobierno ratificó el aumento de tarifas y anunció que permitiría el pago en cuotas con intereses de una parte de los consumos. El anuncio fue celebrado como un triunfo por los radicales, pero no fue bien recibido por los usuarios ya que no implicaba ningún beneficio concreto.

Desde parte de la oposición propusieron entonces que las tarifas se redujeran aunque fuera en algo por vía de una baja impositiva nacional. Rápido de reflejos, Macri buscó esquivar el golpe y trasladar la responsabilidad a las provincias y municipios, a los que pidió se hicieran cargo de disminuir los impuestos y tasas.

Los voceros más renombrados del Gobierno nacional hicieron lo posible por instalar la idea de que el mayor peso de la carga impositiva corría por cuenta de las provincias y de los municipios. En ese plan, el ministro del Interior Rogelio Frigerio llegó a afirmar que 25 por ciento del costo total de la tarifa podía explicarse por tasas municipales e impuestos provinciales, lo que podría verificarse en algunos casos puntuales, pero no está ni cerca de ser la norma.

Lo cierto es que la Nación es responsable de la mayor parte de la carga impositiva que pesa sobre las facturas de servicios en casi todo el país. El IVA grava con una alícuota 21 por ciento y es por lejos la carga más pesada en casi la totalidad de las facturas de energía de Argentina.

En Misiones por ejemplo, la Provincia cobra 5 por ciento de Ingresos Brutos sobre el valor de la tarifa de energía eléctrica. Dicha carga no está discriminada en las boletas porque está incluida en el VAD (Valor Agregado de Distribución) que cobra la prestataria provincial EMSA. Mientras que ningún municipio cobra tasas sobre la tarifa, sino que compensan el uso de espacio aéreo con bonificaciones en el consumo de energía en dependencias municipales.

Esquivar el costo político

Buenos Aires fue la primera provincia que atendió el pedido del Gobierno nacional y redujo los impuestos provinciales sobre el cobro de servicios públicos, lo que se traduciría en una baja de 15 por ciento en las boletas, ya que allí los impuestos provinciales son mucho más altos que en Misiones. La provincia que conduce Eugenia Vidal está en una posición privilegiada para otorgar ese tipo de beneficios porque fue la gran ganadora del Pacto Fiscal impulsado por el Gobierno nacional. Gracias a las modificaciones aplicadas este año en el reparto de fondos federales, Buenos Aires recibirá 60 mil millones de pesos más por año, lo que le da a esa jurisdicción una situación de holgura que envidian las demás. Ciudad de Buenos Aires –otra de las beneficiadas en el reparto de fondos- se sumó luego con una medida similar.

En buena parte de las demás jurisdicciones el pedido de Macri de reducir impuestos provinciales fue interpretado como un intento de trasladar a las provincias el costo político de una decisión impopular –el aumento de tarifas- cuya responsabilidad corresponde estrictamente al Gobierno nacional. El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, fue uno de los que se manifestó en ese sentido, “hay que reconocerle (a Macri) la habilidad de trasladar el costo político a las gobernadores”, declaró.

En las provincias también hace ruido que el pedido del presidente Macri llega a cinco meses de la firma del consenso fiscal que establece un procedimiento de reducción gradual en los impuestos a los Ingresos Brutos a los servicios de electricidad gas y agua. Dicho acuerdo establece un cronograma según el cual los impuestos provinciales deberían bajar progresivamente hasta llegar a 0 por ciento en 2022, pero ahora, de manera improvisada y desconociendo lo acordado, instan a las provincias a acelerar ese cronograma. Lo consideran poco serio para un país que pretende recibir inversiones.



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