Interrogantes para el proceso de juicios por jurados

El proceso de juicios por jurados, en la Provincia de Córdoba, constituye una ilusión ficticia de corregir los problemas y las vicisitudes del sistema penal.
En efecto, muchos se entusiasman con esa modalidad de juzgamientos, en especial en la población bonaerense.
Claro que para entusiasmarse es necesario no saber nada de los procesos penales.
En Córdoba los juicios por jurados constituyen meros experimentos espaciados, que lejos de ser la regla general son la excepción constante y uniforme. Los cordobeses no pueden hacer de esto una regla legal para todos los casos, por los mismos motivos que lo impiden en Buenos Aires.

No es un secreto, tan solo es cuestión de  ver las cosas con objetividad.

Hace pocos días, el Congreso de la Provincia de Buenos Aires desplegó una intensa actividad en el marco del proyecto de ley de juicio por jurado, en materia penal.
Es de destacar la noble y genuina intención que los legisladores bonaerenses han puesto en el proyecto de ley. Pero también corresponde subrayar la falta absoluta de conocimientos tribunalicios de los legisladores de la provincia más poblada del país. Corresponde subrayar también el autismo en que se encuentran incrustados sus paupérrimos
conocimientos de la sociedad bonaerense. Es palmario que los legisladores propulsores de esta ley nunca han asistido a un juicio oral.
En efecto, ¿cómo van a convocar a doce ciudadanos del gran Buenos Aires, para que durante varios días comparezcan al tribunal, sin que falte ninguno de ellos?
¿Cómo piensan que los ciudadanos de La Matanza, Lomas de Zamora o Merlo razonan en torno a la administración de Justicia?
¿Hay conciencia y responsabilidad ciudadana en la población? ¿Dónde va permanecer el jurado en los cuartos intermedios?
¿Hay salas para el jurado almuerce?
¿Los legisladores saben que los testigos esperan, para declarar, en el pasillo de los tribunales?
¿Los congresistas saben que en los juicios orales ni los damnificados quieren comparecer para declarar?
¿Los diputados y los senadores de la provincia de Buenos Aires saben que hay incluso policías que deben ser traídos a los juicios orales con el auxilio de la fuerza pública?
¿Los empleadores están dispuestos a otorgar, a sus empleados, una semana de licencia para que sean jurados en un juicio?
¿Los empleados están en condiciones de exigir el derecho a licencia laboral para acudir a cumplir la obligación cívica de ser jurado?
¿Los legisladores saben que el día en que falte un solo integrante del jurado (son doce), el juicio debe ser suspendido?
¿Conocen la complejidad de certificar los antecedentes penales de los integrantes del jurado?
¿Saben que la certificación de antecedentes genera la obligación de faltar otro día al trabajo?
¿Conocen las sendas amenazas que deberán soportar los miembros de jurado cuando juzguen a un hombre por homicidio?
¿Saben que son las mismas amenazas que sufren los testigos?
¿Conocen los barrios donde viven los imputados, los testigos y los eventuales miembros del jurado?
¿Saben algo de esto?

 

(*) Abogado Penalista

Director del Instituto de Derecho Penal
Colegio de Abogados La Matanza

Buenos Aires

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