Martín Gartland: “Es imprescindible consensuar una Política Forestal Nacional y avanzar hacia un modelo de desarrollo integral para el país”

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En el ámbito del Ministerio de Agroindustria de la Nación, a través de la Dirección Nacional Foresto-industrial, se lleva adelante la coordinación de las reuniones con los integrantes del sector público y privado de la actividad para debatir y consensuar un anteproyecto por la prórroga y modificación de la vigente Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados.

Sobre la normativa que expira en enero de 2019, después de 20 años de vigencia, hay varias deudas pendientes en lo que respecta a su ejecución, y que no permitieron cumplir las expectativas para construir una Argentina forestal sostenible. En principio, el reconocer la importancia de la actividad con el apoyo económico que establece la misma Ley de promoción, pero que sin embargo siempre tuvo dificultades administrativas para liberar los fondos en tiempo y forma de los beneficios que otorga. En la actualidad el Gobierno Nacional tiene una millonaria deuda con los productores por los atrasos del pago del incentivo forestal, donde aún el sector no tiene respuestas de cómo resolverán para este año disminuir la misma y la asignación de recursos en el Presupuesto Nacional para 2018 es muy inferior a los montos pendientes de pago por medio del sistema de promoción.

Pero fundamentalmente, se expone desde el mismo sector la falta de una “mesa de consenso” para discutir la cuestión de fondo, que no es la herramienta jurídica ni los temas de coyuntura de una agenda de prioridades, sino la “Política Forestal Nacional”, de la cual aún “carecemos”, afirman.

Así lo sostiene en una entrevista con ArgentinaForestal.com, el profesional y especialista en Legislación y Política Forestal, Martín Gartland, quien explicó que la Ley 25.080 es una continuidad de las  leyes anteriores de promoción al cultivo forestal, con algunos agregados que intentaron darle mayor eficacia a su aplicación. Así, el otorgamiento del subsidio se ejecutaría una vez lograda la plantación. Incorporó en su texto lo que denomina “proyectos foresto-industriales” para fomentar la integración de plantación e industria. Asimismo, añadió la estabilidad fiscal y continuidad a otros beneficios como ciertos tratamientos silvícolas (podas y raleos), amén de otros beneficios impositivos, que en las anteriores regímenes no se contemplaban.

“En ese marco genérico descriptivo,  puede concluirse que sus resultados no cubrieron las grandes expectativas que se generaron en el sector al momento de su sanción. Pero los pobres resultados obtenidos, desde mi punto de vista, no deben atribuirse a esta norma. La cuestión pasa por la política forestal y la gestión, y sobre estos aspectos, prefiero expresarme”, respondió Gartland en diálogo con este medio.

Para quienes no lo conocen, el  ingeniero es el autor del libro “Política y Legislación Forestales”, publicado en 2012; fue distinguido en el año 2014 como el primer “Profesor Emérito” de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), donde también se desempeñó como decano de la Facultad durante dos periodos de gestión, entre los años 1987 y 1994. Además, forma parte de la historia de la institucionalidad de los profesionales al haber sido el co-fundador y primer presidente de la comisión directiva del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, entre otras experiencias que enriquecieron su formación y extensa trayectoria académica en la provincia.

 

AF: ¿Qué aprendizaje se podría decir que dejó al sector forestal argentino los 20 años de vigencia de la ley 25.080?

No podría decir qué enseñanza dejó, pero me gustaría pensar que la gente del sector logró comprender dos cosas: Que se puede modificar una o muchas veces más la ley, sin que al cabo, se aprecien resultados diferentes a los actuales; y, fundamentalmente, de la necesidad de que cobre conciencia que resulta imprescindible contar con una Política Forestal consensuada que proponga un modelo de desarrollo integral para el país.

 

AF: Se debate en la Mesa Nacional Forestal y en la Comisión Asesora la continuidad de esta ley y se proponen modificaciones para consensuar un proyecto a presentarse en abril en el Congreso Nacional. ¿Considera que debe prorrogarse la 25.080?

Argentina necesita y debe incrementar sus plantaciones forestales, siempre y cuando, las autoridades nacionales en consenso con los actores del sector, identifiquen claramente qué problemas se esperan resolver, qué impacto producir y qué objetivos y metas alcanzar.

Estas son las respuestas que deben conducir a un diseño del desarrollo forestal nacional de carácter integral, incluyendo en ese concepto lo económico, lo social y lo ambiental. Lo normativo debe ser una consecuencia de lo anterior.

Por lo tanto, me parece que volver a recorrer el camino de perfeccionar un instrumento de política “desguarnecido” de un marco superior estratégico, es más de lo que venimos haciendo desde hace demasiado tiempo, con el resultado de hoy por todos conocido.

AF: El consenso hoy está focalizado en si se incorporan o no modificaciones de los artículos de la normativa vigente. ¿Desde lo jurídico considera que hay algo fundamental que habría que modificar de la Ley de promoción, en esta instancia?

Discutir el contenido de la Ley 25.080 sin un marco de política del sector, es una cuestión de la coyuntura, no de las necesidades de desarrollo estratégico en el largo plazo como demanda este sector. Algunos de los actores forestales se conformarían, por ejemplo, con que el subsidio se pague en tiempo y forma. No los sensibiliza los inconvenientes económicos y sociales que produce la conformación de un oligopolio para la demanda de los productos de las plantaciones; tampoco que la mayor superficie forestal termine en pocas manos dejando en indefensión a cientos de pequeños productores; etcétera.

En definitiva, me gustaría que hubiera equidad en el tratamiento de tales asuntos para lo cual se requiere diseñar determinados ejes estratégicos, una visión de mediano y largo plazo; objetivos generales y operativos, y metas precisas para todos esos asuntos.

Sin duda estas cuestiones no se resuelven ni alcanzan modificando algunos artículos de la ley que nos ocupa en la actualidad.

 

AF: Y apuntando sólo al debate actual que se da por la prórroga de la Ley ¿Qué debiera mejorarse para una aplicación más integral o eficiente?

A que satisfaga de la mejor manera posible y con efectividad el desarrollo sostenido del sector, previamente consensuado por los interesados directos e indirectos de la sociedad.

En el ínterin, algo que podría mejorar la aplicación de esta Ley, sería iniciar un proceso de descentralización operativa en cada provincia. Que ellas puedan planificar  en sus respectivos territorios el desarrollo de la forestación que mejor atienda a los intereses sociales. Y esto, que se entienda, no se refiere a los papeles, se refiere a planificar con plena autonomía la localización de las plantaciones; fijar tratamientos y ciclos productivos diversos, acorde con las demandas locales y necesidades industriales de cada región provincial; alcanzar una mejor equidad entre clases de productores-destinatarios y así mejorar la estructura de tenencia de las plantaciones de modo de impedir la conformación de oligopolios que terminan controlando el mercado de modo abusivo. Aumentar y mejorar la capacitación del obrero y el empleo forestal.

 

Argentina, en el contexto forestal global

AF: Se muestran en las reuniones de la Mesa Forestal el desarrollo que lograron en otros países con base forestal (caso de modelos de Finlandia, Chile, Brasil o Uruguay). ¿Cuál considera fue la mayor evolución en normativas forestales y a la cual el país debiera adherirse o replantearse?

Las referencias y la adopción de experiencias de otros países en materia de plantaciones son importantes. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con las adopciones “a ciegas”. Las experiencias del pasado en nuestro país demuestran:

a) En 1948 se sancionó la Ley 13.273 que acompañó los lineamientos legislativos europeos. Y como no éramos ni somos  europeos ahora (al menos en idiosincrasia y organización), con ella los bosques naturales perdieron progresivamente cobertura y se degradaron por explotación irracional, más allá de las buenas intenciones de sus principios, de las restricciones y limitaciones que ella establecía respecto al acceso, uso y usufructo de los bosques.

Por otra parte, por la misma ley las forestaciones -al abrigo de generosas promociones (crediticias e impositivas) – nunca alcanzaron tasas regulares de crecimiento en superficie, ni produjeron una expansión industrial que permitiera nivelar o superar el crónico déficit de la balanza comercial forestal.

b) Cuando se fragmenta la legislación, y luego lo institucional para priorizar la plantación forestal, se siguió el modelo chileno. Ese proceso tiene algo más de 40 años.

Argentina “dicen que” alcanza actualmente 1,25 millones de hectáreas de plantaciones; Chile 2,5 millones de ellas y definió la meta de 3 millones para la próxima década. En la actualidad nos está superando Uruguay y nos sextuplica Brasil.

Volviendo al modelo chileno, este país es políticamente unitario, está organizado en regiones cuyas autoridades son un Intendente delegado del presidente a quien acompaña un Consejo de Administración Regional. Cada región cuenta a su vez con delegaciones de los ministerios nacionales entre las que se destaca una Secretaría de Planificación y Coordinación que reporta al Intendente.

Este modelo descentralizado de ejecución de políticas es lo que diferencia al sector forestal de Chile en lo institucional, de la Argentina.

De tal modo, considero que el copiar diseños legislativos exitosos es una tarea delicada si al propio tiempo no se analizan los contextos en que estos se desenvuelven.

Los argentinos somos muy apegados a elogiar medidas e instrumentos utilizados en otros países. Generalmente las comparaciones carecen casi siempre de un análisis de contexto.

Se admira a Finlandia en lo forestal pero no se dice que se trata de un país que apenas alcanza un 12% de la superficie continental del nuestro, cubierto en un 75% de bosques, un tercio de los cuales son estatales y una población de poco más de 5 millones de habitantes, con todo lo que ello conlleva.

Tampoco se dice que su comercio forestal exterior alcanza un 23% de sus exportaciones, y que su ubicación geográfica la coloca a las puertas de un mercado como el europeo al que está integrado como miembro pleno de esa Comunidad. O que tiene gran capacidad de adaptación ante cambios del mercado, como por ejemplo, con la caída de la demanda de ciertos tipos de papeles, reconvirtió su industria celulósica al desarrollo de biocombustibles de segunda generación procedente de su biomasa forestal. O que posee un alto desarrollo tecnológico en bienes de capital en lo forestal, etcétera, etcétera.

En definitiva, podemos utilizar ejemplos externos siempre y cuando tengamos situaciones similares o puedan adecuarse a nuestras condiciones.

AF: ¿En terreno (entre la legislación existente y la práctica) cuál considera es la brecha o materia pendiente que aún tienen los productores y profesionales en relación a la actividad forestal en la Argentina?

La brecha no es con la Ley, sino con las condiciones en que ella se aplica. Parafraseando a Clinton diríamos “(…) es la política…”

 

AF: ¿Y una Ley no define la política forestal de la Argentina?

Una ley es una herramienta de política, no la política. Esta encuentra completitud en tanto expresa principios, objetivos, metas y una estrategia claramente definida para alcanzar un dado desarrollo forestal. Luego, los instrumentos (leyes, instituciones, etcétera) deben acompañar aquellos componentes con fidelidad y coherencia.

Esto no es lo que ocurre en la Argentina, donde tales cuestiones se confunden, se omiten, se ignoran, suponiendo con ello que resultan innecesarias o extemporáneas.

En consecuencia, los resultados están a la vista: carencias de visión y ejes estratégicos para el subsector; incumplimiento de objetivos y metas; indisponibilidad de medios para cumplirlos, etcétera.

Se cree que con la Ley es suficiente y que  con ella podrían cumplirse las premisas anteriores.

Los resultados, reitero, están a la vista.

Ergo, nos enojamos con la realidad y nos esforzamos vanamente buscando en otros la culpabilidad de este tipo de frustraciones.

En conclusión, a mi juicio, es hora que los forestales nos hagamos esta pregunta: ¿Por qué no contamos con una Política Forestal integral, que conduzca a un proyecto de desarrollo sostenible de los recursos forestales disponibles?. Esto debiéramos debatir, sin dogmatismos ni temores.

Las respuestas al interrogante pueden ser varias. Y esas respuestas también se pueden racionalizar por medio de más preguntas: ¿Formó, o forma parte del desarrollo del país la actividad forestal?.

Se desconocen documentos sobre desarrollo nacional que incorporen a su contenido este sector en los cuales se explicite su rol e importancia.

¿Ello significa que no existió ni existe interés en él?. Por las acciones en todos estos años, es más que evidente la respuesta.

Si planteamos un solo ejemplo para el caso de la forestación: anualmente se asigna en el Presupuesto Nacional unos 100 millones de pesos para los pagos correspondientes a la Ley 25.080. Si tomamos el año 2017, el Presupuesto Nacional total fue de unos 2,3 billones de pesos; es decir, se invierte en forestación un 0,000042% del mismo.

Si lo comparamos con las cifras destinadas a hipódromos, tal lo refiere el ingeniero Mario Elizondo en su análisis, tendremos una idea bastante clara sobre las prioridades del país. Y a pesar de la magra inversión, se sigue acumulando una deuda con los plantadores por atrasos anuales reiterados.

¿Lo que tenemos es un Plan Nacional Forestal?. La ausencia de una política para el sub-sector determinó que las plantaciones se concentren en un 90% en tres provincias, por lo cual no pareciera correcto calificarla como nacional. Es solo un plan de plantación regional.

Se agrega a ello el no contemplar la posibilidad de realizar plantaciones para protección como tienen nuestros vecinos, ni de emplear especies nativas en zonas semiáridas que recuperen la degradación creciente de vuelo y suelo de una vasta región del noroeste argentino.

Otro interrogante a que podrían hacerse desde el sector es ¿Por qué no tenemos un Instituto de Investigación Forestal en la Argentina? Lo creamos por Ley 20.323.en 1973; norma que fue derogada en su totalidad por la Ley 20.531 del mismo año. Las razones (…) mejor no abundar. Con el mismo se podrían formular un coherente marco de prioridades sobre el amplio espectro de problemas prácticos a resolver en los ecosistemas forestales naturales e inducidos del país. Concentrar los mejores investigadores y financiamiento para cubrirlos, etcétera. En cambio, dejamos que se dispersen en universidades, INTA, INTI, Fundaciones, entre otras instituciones tecnológicas, cada cual con sus propias necesidades y visiones, sin que alguna pueda cerrar paquetes transferibles a la producción, etcétera.

¿Por qué no mejoramos nuestras instituciones forestales? Esto debiera ser uno de los ejes estratégicos de la política forestal. Salvo que se piense que las actuales son eficientes y eficaces.

¿Por qué a las provincias forestales no se les permite ser autónomas y asistirlas económicamente desde la Nación (que no tiene bosques) para la formulación e implementación de su propio modelo de desarrollo forestal? Chile es unitario por Constitución, Argentina lo es por vocación.

 

 

Por Patricia Escobar 

 

 

 



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