Procesaron a la misionera Katya Daura, ex titular de la Casa de la Moneda, por usar recursos estatales para beneficio personal

Está acusada de contratar un sistema de seguimiento satelital de sus autos y personal de seguridad. Ocupó el cargo en el organismo hasta el 10 de diciembre de 2015. Está siendo investigada también por el escándalo de la ex imprenta Ciccone.

 

La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento dictado por el juez Sebastián Ramos contra Katya Daura, quien dirigió la Casa de Moneda durante la última etapa del kirchnerismo, por el delito de peculado de servicio.

 

Los camaristas Jorge Luis Ballestero y Leopoldo Bruglia ratificaron la hipótesis del juez Ramos quien había procesado a Daura luego de comprobar que la ex presidente de la Casa de Moneda utilizó-mientras era funcionaria- fondos públicos para adquirir un sistema de seguimiento satelital de sus autos y para la contratación de personal de seguridad para la vigilancia de su vivienda familiar.

 

Durante la investigación hecha por Ramos se había determinado que Daura utilizó más de 7 millones de pesos de fondos públicos en su beneficio personal. Quedó establecido en la causa que desde marzo de 2012 a diciembre de 2015 y con fondos de la Casa de Moneda fue abonado el servicio de custodia diario de tres personas en su domicilio de Pilar -dos en horario diurno y otro nocturno-. Al principio, tal como consta en la causa, gastó casi $300.000 que la Casa de Moneda le pagó a la empresa de seguridad privada CI5. Luego los custodios de esa empresa privada que a Daura le generaron más confianza fueron empleados en relación de dependencia por la Casa de Moneda. El procesamiento abarca también el sueldo de un chofer. El importe de los sueldos de los tres custodios y el chofer fue de $7.000.000. Además de esos custodios, Daura tenía dos policías federales que la protegían y que cobraban servicios adicionales.

 

La denuncia fue realizada luego del cambio de gobierno por al actual presidente de la Casa de Moneda, Marcelo Pose. El fiscal Gerardo Pollicita había imputado a Daura y a Héctor Desmarás, quien fue gerente de seguridad de la Casa de Moneda y a Mario Enrici, quien era gerente general. También fueron confirmados sus procesamientos.

 

 

 

Se comprobó además que Daura contrató un servicio de monitoreo satelital para dos autos privados y cuatro de la flota de la Casa de Moneda. La instalación, desinstalación y monitoreo de los vehículos costó $96.000 y en el monitoreo de dos autos particulares se gastaron 26.000 pesos.

 

El primer voto de los camarista fue el de Bruglia quien señaló que «Así, se ha podido corroborar -con la certeza que esta etapa procesal exige- que la Licenciada Katya Daura, con la colaboración de Héctor Desmarás y Mario Enrici, montó un sistema de seguridad personal y familiar utilizando servicios abonados por la sociedad que presidía. El mismo se hallaba integrado por dos choferes que transportaban no sólo a la nombrada sino también a toda su familia, un sistema de seguimiento satelital instalado en sus vehículos particulares, tres custodios personales y una custodia perimetral de su domicilio. Todo ello a pesar de que tenía asignada custodia por parte del Ministerio de Seguridad».

 

El delito por el que fue procesada Daura está contemplado en el artículo 261 del Código Penal que establece que «será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública». La conducta de Daura – tal como lo determinaron tanto Ramos como la Cámara Federal-encuadra en la segunda parte del artículo 261 del Código Penal.

 

Daura estuvo al frente de la Casa de Moneda hasta el 10 de diciembre de 2015. Había llegado a ese cargo de la mano del ex vicepresidente Amado Boudou. Está bajo investigación judicial por su actuación en el Caso Ciccone, por enriquecimiento ilícito y fue procesada y deberá afrontar un juicio oral y público por defraudación con la impresión de un libro que nunca salió a la luz.

 

En su indagatoria, Daura había explicado que el refuerzo en las medidas de seguridad se debió a que por aquel entonces hubo algunos episodios vinculados con amigos de Boudou que obligaron a tomar más precauciones que las habituales. Recordó como uno de los hechos graves, el secuestro que sufriera en 2012 la familia de Juan Zabaleta, hoy intendente de Hurlingham, y por entonces secretario administrativo del Senado y hombre de extrema confianza de Boudou cuando era vicepresidente.

 

En su voto Bruglia explicó que «Los argumentos de las defensas relacionados con que al inicio de la gestión de Daura, ante la falta de un sistema de seguridad adecuado para el cargo que desempeñaba y la inexistencia de herramientas públicas con las que contaba para hacer frente a esa situación, era necesario avanzar la solución de esas cuestiones no los exime de responsabilidad frente al cuadro probatorio que se presenta. Ello por cuanto aun cuando pudiesen existir ciertas fallas en los procedimientos de seguridad, lo cierto es que no son ellas las que explican el uso indebido que se les atribuye. La posible problemática a la que aluden no los habilitaba a pergeñar una maniobra destinada al establecimiento de un sistema de seguridad personal y familiar utilizando servicios abonados por la sociedad que presidía la Licenciada Daura».

 

Ballestero adhirió al voto de Bruglia y agregó: «coincido en observar en este estadio del sumario, que la estructura montada –custodios, choferes, seguimiento satelital de vehículos- para respaldar las actividades de Daura y sus 5 hijos, ha sido desmesurada, infundada e ilógica, y generó el uso de recursos del Estado para beneficio».

 

Con la confirmación de su procesamiento Daura se encamina hacia su segundo juicio oral y público. Luego de dejar su cargo en la Casa de Moneda volvió al trabajo que tenía antes en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Cumple funciones cerca de su enorme casa en Pilar cuya seguridad fue eje de una investigación judicial en la que Daura fue procesada.

 

 

(Con información de Télam e Infobae)

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