La primera acción del estudiantado cordobés tuvo lugar el 10 de marzo de 1918, con la manifestación en las calles y la conformación del Comité Pro Reforma que, en principio, solo reclamaba tímidos cambios. Ante la respuesta negativa de las autoridades, el 14 de marzo el Comité declaró la huelga general de los estudiantes por tiempo indeterminado. La adhesión a la misma fue total, imposibilitando el inicio de clases el 1 de abril.
Entonces, el gobierno nacional decretó el 11 de abril la intervención de la universidad a cargo de José N. Matienzo; mientras que, simultáneamente, se conformaba en Buenos Aires la Federación Universitaria Argentina. El 22 de abril, Matienzo anunció un proyecto de reformas del estatuto de la universidad abriendo la participación en el gobierno universitario al claustro de profesores. Así, se reanudaban las clases, la situación se normalizaba temporalmente y se cerraba la primera etapa del conflicto.
El segundo período del proceso giraría en torno a las expectativas puestas en la elección del nuevo rector que tendría lugar el 15 de junio. Los estudiantes conformaron la Federación Universitaria de Córdoba, y militaron las elecciones para el rectorado a favor del candidato liberal Enrique Martínez Paz. Además de éste, se postulaban, por un lado Alejandro Centeno, y por el otro, Antonio Nores, representante de la cúpula clerical y miembro de la Corda Frates [3].
Nores resultó electo nuevo rector. La respuesta de los estudiantes no se haría esperar y se abriría la tercera etapa del conflicto: los reformistas irrumpieron en el salón de grado, rompiendo los vidrios y muebles, descolgando los cuadros de las históricas autoridades de la universidad, y expulsando del lugar a la policía y los matones contratados por las autoridades clericales.
Nuevamente declararon la huelga general que rápidamente se extendió a nivel nacional con la adhesión de los estudiantes de las restantes universidades del país. Inmediatamente marcharon por las calles y obtuvieron la adhesión de la Federación Obrera de Córdoba a la lucha estudiantil, forjando una embrionaria unidad entre obreros y estudiantes.
El 21 de junio, Deodoro Roca redactó anónimamente el “Manifiesto liminar de la Reforma Universitaria”. El documento expresaba un intransigente anticlericalismo y antiimperialismo expresado en su título “La juventud de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica” y su ferviente romanticismo por la independencia latinoamericana.
En agosto, el gobierno nacional decretó nuevamente la intervención de la Universidad, esta vez a cargo del ministro de Instrucción Pública, José Salinas. Los estudiantes radicalizaron sus medidas y el 9 de septiembre ocuparon la Universidad asumiendo sus funciones de gobierno: nombraron a los dirigentes estudiantiles Horacio Valdés, Enrique Barrios e Ismael Bordabehere como decanos de las facultades de Derecho, Medicina e Ingeniería, organizaron actividades curriculares, nombraron profesores, consejeros y empleados e incluso llegaron a constituir mesas de exámenes. La universidad se encontraba completamente en manos del estudiantado, situación que solo sería revertida tras el desalojo y la detención de algunos estudiantes por parte de la policía.
Pero para entonces, Salinas se vió obligado a atender los reclamos estudiantiles y decretar la reforma del estatuto universitario incorporando la docencia libre y el cogobierno paritario (la participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad en igual número respecto a los profesores titulares y suplentes). Paulatinamente, los cambios se instauraron en el resto de las universidades del país y, para 1921, la reforma universitaria regía a nivel nacional.
Posteriormente, la lucha estudiantil alcanzaría dimensiones continentales: el estudiantado se levantaba en Chile, Perú y Cuba durante los primeros años de la década de 1920; y durante la década de 1930, en México, Paraguay y Brasil.
El legado del movimiento reformista
Uno de los principales puntos que suele dejarse de lado al hablar de la Reforma Universitaria –con la intención de eliminar su carácter revolucionario–, es el de la ligazón entre la universidad y la sociedad.
En este sentido, parte del movimiento reformista cuestionó el papel de la universidad en tanto meras “fábricas de títulos” que se encontraban desvinculadas de las problemáticas sociales que aquejaban a la época. Si bien este cuestionamiento no daría lugar a profundas experiencias en Argentina, sí sería el caso de los movimientos estudiantiles en otros países como Perú y Cuba principalmente, a través de la constitución de universidades populares con el objetivo de ligarlas a la clase obrera y el pueblo pobre, que se encontraban excluidos de la enseñanza superior (en Argentina recién con el Cordobazo se manifestaría en los hechos esta unidad). En ambos países cumplirían un rol clave importantes figuras del marxismo latinoamericano como el peruano José Carlos Mariátegui y el cubano Julio Antonio Mella.
En nuestro país, el principal dirigente del movimiento reformista y redactor del Manifiesto liminar, Deodoro Roca, profundizaría el desarrollo de sus ideas alrededor de esta cuestión. En discusión con las diversas tendencias que defendían la postura de que la reforma solo se expresaría en cuestiones meramente académicas, no dejó de tener en cuenta el eje central de la relación entre la universidad y la sociedad.
Son ellos a quienes se refiere como lo “puramente universitario”: “Tales trogloditas, dirá, creen saldadas sus deudas con los demás ‘por el mero hecho de atestiguar ante el asombro privado que son cisternas de saber’, sin advertir que es necesario que ‘con la palabra del intelectual se transparente una acción” [4].
Para 1920, Deodoro concebía a la universidad y a todas sus problemáticas como un reflejo de los problemas que atravesaban a la sociedad argentina coetánea. La universidad se le presentaba como “resultante de un problema profundo, concreto, y formidable: el problema social. De la injusticia social”, llegando a utilizar categorías del marxismo como su noción de que la universidad era productora de un “ejército de asalariados intelectuales”.
Fuente: Publicado en el Diario Digital La Izquierda
Javier Gortari: «El sistema universitario del país tiene 2 millones de alumnos en la actualidad, resultado de la inversión estratégica de la sociedad argentina en la educación pública y gratuita»
