Análisis semanal: Passalacqua y la mirada social ante el aumento nacional de las tarifas

Análisis semanal: Passalacqua y la mirada social ante el aumento nacional de las tarifas

La tarifa de la energía volvió a ser el tema más candente de la semana en Misiones, pero esta vez a causa de una buena noticia para los usuarios: el Gobernador Hugo Passalacqua decidió atenuar el impacto social del incremento nacional de la tarifa eléctrica. Ordenó a EMSA que retrotraiga la suba del Valor Agregado de Distribución (VAD) que aplicó en diciembre en concordancia con el último incremento del valor mayorista de la energía dispuesto por Nación. Determinó además que dicho componente de la tarifa eléctrica no vuelva a subir, en la facturación de marzo –correspondiente a consumos de febrero-, cuando entre en vigencia el segundo escalón del aumento dispuesto por Nación.

La Provincia también dispuso que la prestataria provincial devuelva el aumento del VAD cobrado en las últimas dos facturas, lo que se ejecutará en forma de crédito a favor del usuario que se pagará en cuatro cuotas mensuales. Para la gran mayoría de los consumidores residenciales, el crédito equivaldrá a alrededor del 15 por ciento de las últimas dos facturas.

Con esta medida, la prestataria provincial se limitará a trasladar a los usuarios finales los aumentos dispuestos por Nación sin agregar ninguna suba adicional. Con ello, a partir de la factura de marzo, la tarifa será alrededor de 40 por ciento mayor que la anterior a la aplicación de los incrementos.

Cabe aclarar que, salvo casos especiales, la retracción del VAD no se traducirá en una baja tarifaria en las facturas venideras, dado que a partir de los consumos de febrero comenzó a regir el segundo aumento –de 14 por ciento- dispuesto por Nación en el valor de generación y transporte, lo que vendría a equiparar la reducción del VAD dispuesta por la Provincia. En todo caso, la buena noticia para los usuarios es que no deberán afrontar una nueva suba pese a que Nación sí incrementará el valor mayorista de la energía.

Los casos especiales que verán reducciones significativas en sus facturas corresponden a alrededor de 19 mil usuarios que habían sido excluidos de la tarifa social y que volverán a ser incorporados gracias a gestiones de la Provincia. Se trata de los consumidores que habían recibido aumentos mucho mayores a la media en las últimas dos facturas. Además de beneficiarse con la baja de tarifa en las próximas boletas, también se les devolverá lo facturado de más en enero y febrero.

La decisión del Gobierno provincial no beneficiará solamente a usuarios residenciales, también a comerciantes y empresas pequeñas y medianas de distintas actividades, de allí que la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y otras cámaras empresariales con representatividad nacional celebraran públicamente la medida.

Por añadidura, la decisión de Passalacqua servirá para terminar con la polémica respecto a cuál administración corresponde atribuir la responsabilidad por los aumentos de la luz. A partir de ahora, todo aumento que reciba el usuario en comparación a la tarifa que rigió durante el segundo semestre del año pasado corresponde pura y exclusivamente a la política de sinceramiento de tarifas de Nación.

Dos respuestas a un mismo problema

Desde que asumió al frente del Ejecutivo, Passalacqua se propuso sostener una relación fluida con la Nación y al mismo tiempo, sostener una manera propia de concebir y ejecutar la política que en muchos aspectos guarda profundas diferencias con Gobierno nacional de turno. La novela de la suba de la energía puede dar cuenta de ello.

Nación y Provincia se enfrentan al mismo dilema: las tarifas arrastran un atraso significativo en relación a los costos reales de la prestación del servicio, pero por otro lado, trasladar esos costos a los usuarios tendría un impacto social negativo, especialmente después de dos años consecutivos en los que la gran mayoría de los salarios perdió poder adquisitivo frente a una inflación que no da tregua, lo que se repetiría en 2018.

Los mismos problemas que tiene Camessa para pagar por la generación y transporte de la energía con tarifas que no llegan a cubrir sus costos, los tienen EMSA y las cooperativas para cubrir sus costos de distribución y administración incluidos en el VAD con tarifas que tampoco llegan a cubrir costos.

Ante la misma encrucijada, ambos gobiernos eligieron caminos distintos.

Nación transita con decisión la senda del sinceramiento de las tarifas, cuyo objetivo final es trasladar a los usuarios la totalidad del costo de la energía. Según las metas planteadas por el ministro Aranguren, esto se lograría el año que viene.

Desde una visión más ortodoxa, Macri y su equipo están convencidos que los subsidios aplicados a la energía y al resto de los servicios públicos distorsionan la economía. Entienden además, que eliminar esas distorsiones es prioritario, aún sabiendo que ello se traducirá en una disminución del poder adquisitivo de los consumidores y tendrá un impacto social negativo en buena parte de los hogares argentinos.

En la dirección opuesta, el Gobierno de Misiones optó por elevar los subsidios, poniendo como prioridad la cuestión social y la defensa del bolsillo de los usuarios, al precio de asumir un gasto fiscal más elevado.

Según números preliminares de Hacienda, la Provincia deberá poner 45 millones de pesos por mes para sostener el congelamiento del VAD, inversión que es posible gracias a la buena salud de las finanzas públicas de Misiones, que en 2017 cerraron con un superávit operativo de 2.500 millones de pesos, revirtiendo el déficit de 2.700 millones de 2016.

De cara a 2018, las cuentas provinciales recibirán algo de oxígeno gracias a la puesta en vigencia del Pacto Fiscal, que en enero permitió que la provincia recibiera casi 111 millones de pesos en concepto de compensación, lo que representó más del 5 por ciento de lo recibido por coparticipación, según un informe del IARAF.

Celebrando la diferencia

Por más que la decisión de Misiones de absorber la suba del VAD ponga en evidencia las diferencias de concepción política entre los gobiernos nacional y provincial, sirvió para afianzar aún más la relación entre ambas administraciones.

Desde Casa Rosada celebraron la medida ordenada por Passalacqua en tanto servirá para reducir el impacto social de la suba tarifaria dispuesta por Nación, con ello se suavizará el costo político asociado a esa suba y además el costo económico de la medida lo afrontará Misiones con recursos propios.

Ven con buenos ojos la ordenada administración que puede mostrar Misiones, que contrasta con los números que exhiben provincias más beneficiadas por la coparticipación y que sin embargo se ven obligadas a transitar periódicamente los despachos nacionales en búsqueda de ayuda financiera para poder afrontar sus obligaciones.

Reconocen que pese a defender un proyecto propio, ajeno al de Cambiemos y al de cualquier otro armado nacional, la administración misionera siempre acompañó y colaboró con las acciones nacionales tendientes a mejorar la calidad de vida de la gente y cumplió a rajatabla con la promesa de brindar gobernabilidad, aun en los momentos más difíciles.

A fuerza de firmeza a la hora de negociar y lealtad cuando llega el tiempo de cumplir lo pactado, el Gobierno de Misiones se ganó un lugar privilegiado en la consideración de su par nacional y del propio presidente. “Aprendan de los misioneros que sí tienen palabra”, se escuchó decir a un ofuscado Macri en una reunión con gobernadores cuando la polémica por la reforma previsional generaba la mayor crisis política que hasta ahora debió enfrentar el gobierno de Cambiemos.

Desde entonces, el presidente pone a Passalacqua como ejemplo de oposición constructiva frente a figuras como el sanjuanino Sergio Uñac, el más díscolo de los gobernadores que se sientan a negociar con la Nación.

Otro mérito político que distingue al Gobierno de Misiones de sus pares del resto del país en el inicio de año radica en que volvió a hacer punta a la hora de cerrar paritarias. Esta semana cerró acuerdos con los gremios con representación mayoritaria entre los docentes y los empleados públicos, algo que para la mayoría del resto de las provincias aparece como una posibilidad todavía muy lejana.

Pena de muerte al dólar

En un inicio de año en que la política y la economía no aportan buenas noticias a la causa de Cambiemos, el gurú comunicacional de los globos amarillos sorprendió con declaraciones explosivas. “La gente quiere que se reprima brutalmente a los delincuentes” y “la inmensa mayoría quiere la pena de muerte”, fueron las rimbombantes frases que dejó esta semana Jaime Durán Barba.

Con apenas un puñado de palabras de estudiada incorrección política y rayanas con la apología del delito, el ecuatoriano consiguió imponer en medios periodísticos y redes sociales el debate respecto a la pena de muerte y la represión policíaca, restando espacio a temas menos atractivos a sus intereses, como la inflación, las galopantes subas del dólar, las tarifas y los combustibles o los coletazos del affaire Triaca.

Si algo le quedó claro al equipo de comunicación del presidente después de Maldonado, Rafael Nahuel, la represión a las manifestaciones contra la reforma previsional y el más reciente caso Chocobar, es que un amplio sector de la sociedad aprueba con entusiasmo el giro hacia las políticas de mano dura que llegó a las fuerzas públicas de la mano de la ministra Patricia Bullrich.

De allí la intención de volver a instalar ese eje de debate en la agenda de los medios y las redes sociales cada vez que la actualidad no colabore con los objetivos comunicacionales del Gobierno nacional.

Lo que no dijo Durán Barba es que las mismas encuestan que muestran altos índices de aprobación a la gestión de Macri en temas relacionados al combate del delito, exhiben resultados cada vez más pobres cuando se evalúa el rumbo de la economía.

Como suele ocurrir en años electorales –en esto el macrismo no se diferenció de sus antecesores- el Gobierno optó por retrasar el tipo de cambio durante todo 2017, al punto que en noviembre la suba anual acumulada del dólar no llegaba a la mitad de la inflación para el mismo período. El dólar barato sirve para elevar la capacidad de compra del peso y con ello el poder adquisitivo de la gente, lo que resulta muy apropiado para un gobierno que enfrenta elecciones.

La contracara del dólar barato es que se reduce la competitividad exportadora, más en países como Argentina cuyas exportaciones no son de alto valor agregado. No es casualidad que en 2017 se haya alcanzado un récord histórico en materia de déficit de balanza comercial, llevando a este número a un valor insostenible.

Por añadidura, el Gobierno se ve obligado a obtener cada vez más dólares para evitar una devaluación, requisito que –ante las dificultades para exportar- se cumplen a fuerza de toma de deuda.

El atraso cambiario aportó para que Macri sorteara exitosamente la prueba de las urnas, pero ni bien cumplido el trámite electoral, el equipo de Macri se enfrentó al dilema de profundizar el atraso cambiario conteniendo al dólar –lo que dificultaría aún más la entrada de divisas por exportaciones y la necesidad de tomar deuda- o permitir que el dólar recupere terreno perdido a precio de un recalentamiento de la inflación, con el consiguiente deterioro del poder de compra de la gente.

Sabiendo que los exportadores de granos no iban a liquidar sus dólares a una cotización tan baja, al Gobierno no le quedó otra que pagar el costo de la fiesta y despertar de su letargo al dólar.

La operación comenzó en diciembre y llevó a la divisa estadounidense a cotizar esta semana cerca de los 20,50 pesos. Como ocurre siempre en Argentina, la devaluación se está trasladando a los precios del mercado interno de forma casi lineal, lo que hizo que muchas consultoras recalcularan sus estimaciones de inflación.

El economista Orlando Ferreres, por ejemplo, advirtió que el dólar todavía está atrasado y tomando en cuenta el crecimiento interanual de más de 35 por ciento en la base monetaria además de la devaluación, estimó que la inflación de 2018 no bajará de 20 por ciento.

Más allá de lo que digan los analistas, el termómetro de la inflación en la calle está al rojo vivo. Después del 3,1 que marcó el IPC del Indec en diciembre, los aumentos en las tarifas eléctricas y de transporte que se dieron en todo el país y las dos subas en los precios de los combustibles en 15 días, la sensación de la gente es que la plata alcanza cada vez menos.

En ese contexto, el gobierno enfrenta la dura tarea de encorsetar las paritas en 15 por ciento, frente a la previsible resistencia de buena parte del arco sindical y de los trabajadores, la mayoría de los cuales ya acumula dos años consecutivos con aumentos salariales inferiores a la inflación y se resisten a repetir la receta por tercera vez.

El Gobierno ahora espera que los graneros liquiden sus exportaciones cuanto antes y apuestan a que un dólar más caro mejore el perfil exportador argentino. En ese aspecto, vale resaltar que con las últimas devaluaciones, el tipo de cambio real multilateral que calcula el Banco Central regresó al nivel de abril de 2016, casi dos años atrás. Ese año hubo superávit comercial de 2.128 millones de dólares, repetir ese número en 2019 implicaría una diferencia favorable de más de 10.000 millones en relación al año pasado, cuando el rojo de balanza comercial superó los 8.400 millones de dólares.

 

 

Por Rafael Cortés, periodista de Misiones Online

 



Quizás tambien le interese...

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE