El gobierno nacional quiere acelerar la expulsión del país de los extranjeros que delinquen

El gobierno nacional quiere acelerar la expulsión del país de los extranjeros que delinquen

Desde la Dirección Nacional de Migraciones, que lidera Horacio García, se decidió reforzar en la práctica un decreto firmado el año pasado por el presidente Mauricio Macri que fija mayores controles a los extranjeros residentes en el país con causas penales. El decreto estipula que se podrá expulsar automáticamente a los extranjeros con causas penales y reincidencias en el país.

A la vez, la norma estableció que si un extranjero tiene condena o está cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tiene antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina una pena privativa de la libertad de tres años o más no podrá ingresar al país.

Según publicó el diario porteño Infobae, desde que se estableció esa norma en enero del año pasado hasta ahora hubo unas 470 expulsiones de extranjeros. Pero en la Casa Rosada creen que esta cifra podría incrementarse si hubiera una conciencia más firme de parte del sector judicial y una colaboración conjunta más estrecha en la materia.

La intención del Gobierno es ejecutar y cumplir al pie de la letra este decreto que fue cuestionado por algunos sectores de grupos de derechos humanos. Para ello, desde el Ministerio de Seguridad, Interior y Justicia hubo reuniones la semana pasada con los procuradores generales de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires para exigir a los fiscales que eleven la lista de los extranjeros con condenas a Migraciones a fin de implementar la norma. La semana que viene habrá otra reunión similar con los procuradores de todo el país. “La idea es que los fiscales tomen conciencia de la gravedad que significa dejar que un extranjero siga con condenas y no se lo expulse del país”, explicó a Infobae un funcionario que lleva adelante este trabajo con los fiscales.

La necesidad de reforzar estas medidas migratorias tiene que ver con que “el Estado Nacional, ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a 7 años de tramitación”, dijeron fuentes oficiales. A su vez, en el decreto que firmó Macri el año pasado se indicó que “la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal, se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en el 2016 el 21,35% de la población carcelaria total” y, particularmente por delitos de narcotráfico, hay “un 33% de las personas” en las prisiones argentinas.

Desde el Gobierno expresaron a Infobae que hasta ahora hay 9 provincias interesadas en darle mayor énfasis a esta medida. Estas son: la CABA, Buenos Aires, Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza y Tierra del Fuego. Estos distritos están dispuestos a intercambiar información y a capacitar a su fiscales para ajustar los mecanismos del decreto migratorio. Desde la Nación se quiere establecer una suerte de base nacional de datos de reincidentes extranjeros para tener un sistema de alerta y ejecutar las medidas de expulsión automática.

Por otra parte, desde el Ministerio del Interior remarcaron que la política migratoria del gobierno “no solo es expulsiva sino también inclusiva”. De hecho, en el Gobierno resaltan que la gestión de Macri generó más radicaciones de extranjeros que en los 12 años del kirchnerismo. Así se supo que, desde 2016 hasta hoy, hubo 428.000 radicaciones de extranjeros en la Argentina. En 2017 se establecieron 213.000 y en el 2016 unos 215.000 extranjeros. Para el gobierno esta es una muestra clara de que hay una decisión firme de incluir en la Argentina a los extranjeros que trabajan y que no cometen delitos. Con los que no se sometan a la ley no habrá reparo alguno en las expulsiones y la aplicación de la ley.



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