La arremetida del Gobierno de Mauricio Macri contra la dirigencia sindical está provocando una reacción en cadena que ha logrado que cada día más gremios se sumen a la marcha que el Sindicato de Camioneros convocó para el 22 de febrero.
Es que, siguiendo el principio de Arquímedes que sostiene que toda acción provoca una reacción, la embestida del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo, al mando del impresentable Jorgito Triaca, ha provocado a todos aquellos que se sintieron tocados por estas decisiones.
Hasta que se cerró esta columna se habían sumado Bancarios, el SUTHER, Docentes, la CGT, la CTA de Hugo Yasky, organizaciones sociales y muchos otros que se irán sumando hasta el día de la convocatoria. Este cúmulo de adhesiones hace prever que la marcha será masiva y multitudinaria.
Lo que ha logrado hasta ahora la estrategia del PRO en el Gobierno es reagrupar a quienes hasta ayer ni siquiera se hablaban. Hasta aquellos que no hace mucho tiempo, como el mismo Hugo Moyano, mantenían un diálogo con el Gobierno.
No es casual que hayan apuntado a Moyano, las diferencias con Patricia Bullrich son de vieja data, así como las acusaciones cruzadas que se hicieron hace casi 17 años, durante el gobierno de De la Rúa.
En los tantos enfrentamientos mediáticos que protagonizaron la entonces Ministro de Trabajo, acusaba al sindicalista de haber hecho fortuna con la plata de los trabajadores, y le pedía que haga pública su declaración de bienes.
A su vez, Moyano, que en uno de los cruces la bautizó “la piba”, la acusaba de su pasado en Montoneros y que de la izquierda había virado a la derecha con Menem.
Lo concreto es que ahora, más allá de los cruces verbales y las declaraciones altisonantes, hay presentaciones judiciales por operaciones sospechadas de lavado de dinero, tanto en el Sindicato de Camioneros, al que hay que sumarle evasión impositiva, como en el club Independiente, del que Moyano es presidente.
La denuncia fue presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) sobre un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) en sede judicial del Fuero Penal Económico, que involucra a varias empresas relacionadas con el sindicato que conduce la familia Moyano desde hace varias décadas.
Estas denuncias han puesto los pelos de punta a los Moyano que primero salieron con los camiones de punta a contestar declaraciones de Patricia Bullrich y el mismo Mauricio Macri, para luego amenazar con sacar los camiones a la calle e inmediatamente le pusieron fecha, el 22 de febrero, lo que ha generado un cúmulo da adhesiones que día a día se acrecienta.
No es que los Moyano se hayan vuelto simpáticos y atractivos para los demás dirigentes sindicales, lo que los lleva a sumarse es, por un lado la avanzada desestabilizadora hacia la dirigencia sindical del Gobierno y por otro las medidas en el mismo sentido del Ministerio de Trabajo.
Por citar solo dos ejemplos, dejó sin efecto un “aporte solidario” al gremio de los bancarios y sumó un nuevo actor por parte de la patronal a la paritaria de los porteros o encargados de edificios.
Además, es sabido el poder de movilización de los camioneros y los efectos económicos que puede causar la paralización de la logística en todo el país. Es por eso que nadie quiere quedar fuera de lo que vislumbran como la movilización más grande que deberá enfrentar el Gobierno.
Esta demostración de fuerza será determinante en un año donde la inflación y las paritarias marcarán el ritmo de la economía y por ende la relación de los trabajadores y sus representantes con el Gobierno.
Por todo esto, de más está decir que la motivación de los popes sindicales de sumarse a la marcha del 22 de febrero va más allá de apoyar a los Moyano y su enfrentamiento personal con el tándem Macri-Bullrich.
Se trata de una simple movida en pos de la supervivencia donde aún está pendiente la postergada reforma laboral que pretende Cambiemos y con la cual insistirá ni bien comience la actividad legislativa en mayo.
(*) Periodista de Misiones Online
