Polémica ambiental por los cóndores envenenados en Mendoza: «Exhiben el retraso de la mentalidad ganadera” sostiene Claudio Bertonatti

Triste e impactantes son las imágenes de los cóndores muertos hallados en Mendoza. Los cóndores tienen un alto valor ambiental y cultural en la región andina, en la actualidad son especies amenazadas en el país, por lo que el daño generado en campos ganaderos de la localidad de Los Molles, en Malargüe, Mendoza, despertó la indignación de organizaciones ambientales y académicas del país.

Se trata de una situación «sin precedentes» en la provincia, donde un equipo de trabajo conformado por autoridades de Fauna de la provincia y Nación, Policía Rural, Fundación Cullunche, Ecoparque Mendoza, Fundación Bioandina Argentina, Ecoparque Buenos Aires e investigadores del Conicet, investigará lo sucedido.

«A casi 3000 metros de altura, se encontraron los cadáveres de 34 cóndores amontonados y parcialmente quemados. En el mismo lugar se encontraron muertos un puma y animales domésticos (cabras y ovejas), lo que hace presumir que fue un caso de envenenamiento», informaron desde Fundación Vida Silvestre Argentina.

En la provincia de Mendoza, el cóndor andino está protegido como Monumento Natural Provincial, y las penas por afectar a esta especie van desde los $35.000 a los $222.000. «La investigación debe brindar las herramientas necesarias para identificar y sancionar a los culpables para garantizar que hechos como estos no vuelvan a repetirse nunca más», reclamaron desde la ONG.

Claudio Betonatti es naturalista, museólogo y docente argentino (nacido en Buenos Aires), con un posgrado en Managment ambiental, y actualmente es asesor de Fundación Azara. En contacto con ArgentinaForestal.com, compartió un artículo de opinión con información técnica necesaria para comprender el daño ambiental generado y las debilidades que este muestre en materia ambiental en el país. A su vez, reflexionó sobre la responsabilidad que tienen en el caso los organismos de control. “Al SENASA le cabe una responsabilidad primaria en todo esto, dado que es el organismo competente en regular el control del uso de agrotóxicos en la Argentina”, expresó.

“Desde el organismo, deberían llevar un registro de control de esos productos que se están comercializando en el país, advirtiendo sobre los prohibidos y sus consecuencias para la salud humana y ambiental”, dijo.

Por otro lado, agregó que “el Ministerio de Ambiente de la Nación debería presentarse como querellante, para poder litigar, tener acceso al expediente, seguir sus pasos y lograr que este caso al menos llegue a su esclarecimiento y sentencia”, expresó Bertonatti.

A continuación, compartimos el artículo publicado por el naturalista respecto a la especie y el daño ambiental ocasionado en campos rurales de Mendoza:

En la Argentina, con frecuencia se ha dicho que el cóndor (Vultur gryphus) está en peligro de extinción. A nivel mundial no es así, porque la Unión Mundial para la Naturaleza (IUCN) lo categorizó como una especie «cercana a amenazada» a nivel internacional. Sin embargo, en algunos países su situación es crítica, como en Colombia, Venezuela y Ecuador.

En la Argentina hasta hace unos años sus poblaciones gozaban de buena salud gracias a que muchos parques nacionales y reservas provinciales resguardan “condoreras”, ya sean apostaderos o áreas de nidificación. Pero en las últimas décadas recrudeció una ofensiva envenenadora por parte de algunos ganaderos. Ahora, en distintos puntos del país su presencia está jaqueada.

 

Rurales versus ambiente

El reciente episodio en la localidad de Los Molles (Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza) se suma a otros que terminan demostrando que no son hechos aislados, sino una forma ilegal -pero usual- para “resolver” brutalmente un problema. Esto es preocupante porque de continuar con esta tendencia van a terminar por amenazarlo o extinguirlo regionalmente. Pensemos que los 34 cóndores envenenados en Mendoza (20 machos y 14 hembras) duplica la población total de estas aves en Venezuela (unas 15). Y representa la mitad de la de Ecuador (unas 65).

Las sociedades rurales deberían demostrar su capacidad para resolver estos conflictos de un modo alejado de la prepotencia contra el ambiente, la ley y el resto de la sociedad civilizada. Una posición inteligente apuntaría a revisar sus prácticas, ya que es sabido que hay una relación directa entre la cantidad de ganado muerto por predadores (pumas, zorros y perros cimarrones, entre otros) y la calidad del manejo de un campo ganadero.

Campos sobrepastoreados, con personal escaso y poco capacitado, sin perros entrenados y con escasas recorridas de control terminan siendo más susceptibles de ser predados que aquellos con buena cobertura de pasturas y manejo de mayor calidad. Los campos con menos presión de pastoreo tienen más diversidad y cantidad de plantas que refugian y dan comida a las presas naturales de los pumas y zorros, por ejemplo. Si a los carnívoros se les eliminan los animales silvestres de los que se alimentan, no van a vivir de la contemplación de las ovejas.

Para un productor ganadero primitivo, todo aquello que no sirva para «engordar» su ganado estorba. Por eso, le declaran la guerra no solo a cóndores, pumas y zorros. También, al guanaco y ya vimos que presionaron -con éxito- para que el Ministerio de Ambiente de la Nación autorice su caza sin tener capacidad para controlarla. Más apropiado e innovador hubiera sido apoyar los buenos proyectos que hay de uso sustentable a través de su esquila y que ahora se verán amenazados con esta medida. Pensemos que su fibra es mucho más valiosa y mejor cotizada que la lana de oveja (U$ 500), pero con mentalidades ganaderas de siglo XVIII se hace muy difícil abrir paso para ganar los mercados innovadores que demandan estos productos en la Europa del siglo XXI. Como así las carnes o lanas que provienen del uso sostenible de sus campos.

¿Y la producción rural sostenible?

Está claro que a los responsables de los ilícitos no les importa el esfuerzo del Estado, de las ONGs y de los propietarios de campos ambientalmente comprometidos. No les interesa si hay turistas que viajan desde muy lejos para contemplar o fotografiar la naturaleza y admirar los cóndores. Desconocen el derrame de los beneficios del turismo. Tampoco les preocupa si desaparecen todas las especies que les molestan. Por eso es un pésimo síntoma que las instituciones rurales no tengan nada para decir o se muestren indiferentes (en el mejor de los casos).

Nadie (al menos yo) está hablando de dejar de producir. Sino de producir bien, con buenas prácticas, con calidad competitiva y viendo en las especies silvestres indicadores ecológicos o bien la oportunidad de innovar con su uso sostenible. Pareciera que estamos lejos, porque es imposible ver en el guanaco, por ejemplo, una oportunidad productiva cuando se practica ganadería “prehistórica”.

Quienes han envenenado estos cóndores no solo han incurrido en un delito: también están saboteando los esfuerzos de las instituciones zoológicas que trabajan para conservar esta especie en todo América. En un país como el nuestro donde los programas de conservación no abundan, que alguien los sabotee también es criminal.

Tal como lo señaló la centenaria organización Aves Argentinas, en los últimos 13 meses se registraron 66 muertes de cóndores, más de los que se criaron en cautiverio en 26 años. Por eso constituye un daño para toda la sociedad. Es un perjuicio motorizado desde la defensa de intereses de unos pocos que podrían ser identificados si la Justicia se compromete. Por eso, es tan importante que los jueces esclarezcan este tipo de ilícitos y no solo contemplen el pago de una multa (que podría superar los 10.000 dólares). También deberían computar los gastos que implica esclarecer el caso como así el perjuicio moral y económico que le ocasionan a todas las instituciones privadas y oficiales que invierten recursos para investigar y proteger la especie.

Tal como sucede con ONGs, zoológicos, universidades, institutos de investigación y las áreas naturales protegidas que custodian uno de los símbolos de los Andes. Por algo todos los países andinos protegen esta especie emblemática de tanto valor ecológico como cultural.

 

 

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