El futuro del desarrollo foresto-industrial del país se definirá por “consenso” en la Comisión Asesora de la Ley 25.080

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Al frente de su función pública, Nicolás Laharrague ya asumió en la Subsecretaria de Desarrollo Foresto-industrial del Ministerio de Agroindustria de la Nación y avanzó en la convocatoria a todos los actores de la cadena sectorial involucrados en debatir el nuevo proyecto de modificación del régimen que reemplazará a la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados a partir de 2019, y marcará la política forestal argentina.

La norma madre de la promoción forestal en el país, la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, se sancionó en 1999 por una vigencia de 10 años para alcanzar la meta de 2 millones de hectáreas forestadas. En 2009 se logró a través del Congreso Nacional una prórroga de la normativa con la Ley N° 26.432 por otros 10 años (enero de 2019). Pero en 20 años, la superficie forestada en la Argentina alcanza apenas el 1,3 millones de hectáreas entre pinos, eucaliptos y salicáceas; mientras que los países de la región como Uruguay, Chile o Brasil, duplican o triplican su crecimiento en el mismo periodo de tiempo, atrayendo inversiones, generando empleo genuino y desarrollando una cadena de valor competitiva en Sudamérica.

¿Cuál es la importancia jurídica de la vigencia de la Ley 25.080? El incentivo a la actividad primaria con los Aportes Económicos No Reintegrables y la Estabilidad Fiscal que otorga a las empresas forestales, son los beneficios más conocidos. Pero se trata de una herramienta que otorga seguridad jurídica en el largo plazo a los proyectos forestales. Y a fuerza de prueba y error, en estos años de vigencia la norma necesita modificaciones.

La meta es promover a futuro un sistema nacional que permita incrementar la superficie forestada en la Argentina al 2030 y aprovechar todo el potencial que ofrece la cadena de valor de esta actividad para el desarrollo sostenible, ya que es considerado un sector estratégico por el aporte ambiental que pueden asumir frente a los compromisos globales del país ante organismos internacionales de Cambio Climático.

 

Nueva ley forestal

El ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere lideró la conformación de la Mesa de Competitividad de la Cadena Foresto-industrial desde la Sociedad Rural Argentina, y desde septiembre a enero se lograron tres reuniones que permitieron acercar el diálogo con el sector privado y el gobierno nacional, en un espacio ejecutivo en la toma de decisiones ya que participa en forma activa el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, funcionarios de primera línea del gabinete nacional y representantes de las provinciales forestales de Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

Uno de los logros recientes fue la decisión de reactivar el espacio institucional establecido por la Ley para la discusión de la operatoria en la Comisión Asesora de la 25.080, espacio que fue reclamado en estos últimos años a las gestiones anteriores por los productores y profesionales.

En diálogo con Argentinaforestal.com, el subsecretario de Desarrollo Foresto-industrial Nicolás Laharrague explicó la metodología de trabajo con la que se coordinarán las reuniones institucionales, ya que se crearon dos espacios de análisis y discusión, pero son paralelos. “Por un lado, la reunión del lunes 22 de enero es una convocatoria institucional desde Agroindustria a participar de la discusión de la nueva ley de promoción de cara al 2019, en un llamado a participar de la Comisión Asesora de la Ley 25.080 a todos los actores que la integran, desde productores, asociaciones y cámaras, colegios de profesionales, instituciones académicas y técnicas, cooperativas, consorcios, direcciones de bosques de las provincias, y demás”, explicó Laharrague.

Pero aclaró, por otro lado, que sobre la operatividad de la Ley 25.080 vigente, los planteos administrativos de expedientes, gestión y aplicación de los beneficios e incremento del presupuesto anual para agilizar el pago de la millonaria deuda de planes forestales con los productores, “son temas de conyuntura que se discutirán en la sub-mesa de la 25.080 que se desprende de la agenda de la Mesa de Competitividad de la Cadena Foresto-industrial. En la Comisión Asesora se planteará el debate sobre el futuro de la nueva ley”, remarcó el funcionario nacional.

En esta línea, señaló sobre la reunión de la Mesa que se concretó el lunes en la Casa Rosada que “el tema central con el Presidente Macri fue la deuda de la promoción forestal. Y el presidente expresó su decisión de tomar el problema y analizar los números para ver la manera de ir resolviendo. Es un tema político, económico y de financiamiento que se arrastra de gestiones anteriores. Desde el año  2013 que se asigna al Presupuesto Anual Nacional 100 millones de pesos para la deuda forestal de la operatoria, por eso los fondos acumulados atrasados de pagos son hoy un problema a solucionar. El compromiso del gobierno nacional de atender este problema fue expuesto en la reunión por Macri, por lo tanto no tengo más nada que agregar a lo que ya se expuso ante los representantes del sector”, acotó el funcionario ante la consulta por el reclamo de los fondos adeudados.

Sólo la provincia de Misiones tiene en espera de pago una deuda de planes forestales que ronda los 250 millones de pesos, y Corrientes tendría una cifra similar, lo que marca el “desfasaje” que tiene Nación para atender este reclamo, sostuvo ayer al respecto el ministro del Agro y Producción de Misiones, José Luis Garay.

 

El año de las definiciones

Sobre el futuro de la política forestal en el país, Laharrague agregó en la entrevista que “el espíritu es lograr mejorar la Ley actual. La decisión es de prorrogar la operatoria pero con modificaciones. Y esto se definirá en las reuniones de la Comisión Asesora donde se canalizarán todas las visiones, se discutirán las diversas posiciones, pero la meta será debatir mejoras en la normativa de cara al 2019, analizar qué puntos hay que mejorar para avanzar en el desarrollo de la actividad, revisar cada uno de los artículos que fueron redactados hace 20 años atrás y que entendemos deben adecuarse a los tiempos actuales. Se buscará incorporar modificaciones tanto para la orientación de los AENR (Aportes Económicos No Reintegrables) y Estabilidad Fiscal para los productores y para las industrias. Se debe incorporar beneficios relacionados al aporte que desde la actividad se pueda hacer al Cambio Climático y otros aspectos ambientales que antes no fueron considerados, por ejemplo”, planteó el subsecretario.

Si bien hay varias miradas y proyectos, desde quienes consideran que el Estado incorporar modificaciones, otros que consideran que “no” se debe continuar subsidiando a la forestación, y otros con proyectos de prórroga de la Ley 25.080 presentados en el Congreso Nacional para mantener la normativa “tal cual está vigente”, como es el caso de uno de los primeros proyecto presentados el año pasado por el legislador misionero Maurice Closs, actual senador electo, acompañando la posición de la provincia de Misiones.

En el caso del gobierno nacional, con la reactivación del debate en el marco de la Comisión Asesora, buscarán lograr una “nueva ley foresto-industrial, con modificaciones y mejoras, pero con el consenso de todos los actores y a través del diálogo”, dijo Laharrague, quien será el interlocutor entre Nación, Provincia y Productores, y tendrá en su gestión como principal desafío encarar la elaboración del proyecto que finalmente se presentará este año en el Congreso Nacional y que regirá el futuro del desarrollo forestal del país.

El anunció de reactivación de este espacio institucional forestal en Agroindustria lo realizó el ministro del área, Luis Miguel Etchevehere, tras la reunión del lunes de la Mesa Forestal con el Presidente Macri. La convocatoria a la Comisión Asesora para el debate sobre el futuro de la Ley Inversiones para Bosques Cultivados 25.080 está prevista para el lunes 22 de enero, en la que participarán directores de bosques provinciales, y representantes del Colegio de Ingenieros Forestales, Federación de Ingenieros Forestales, Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, Cámaras madereras, Sociedad Rural Argentina, AFoA, FAIMA, AFCP, CADAMDA, cooperativas, viveristas, universidades, organismos técnicos como el INTA, entre otros.

 

 

Por Patricia Escobar 

 



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