Garay y la Mesa Foresto-industrial: “Es preocupante que grupos empresarios quieran avanzar sobre leyes vigentes cuando éstas no impactan en la competitividad del sector”

Con el correr de las horas trascienden las distintas visiones de la reunión público-privada que se realizó en la Casa Rosada, en Buenos Aires, impulsada por el gobierno nacional con la puesta en marcha de una Mesa de Competitividad de la Cadena Foresto-industrial. 

El espacio, que por tercera vez estuvo encabezado por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, fue creado para generar un canal de diálogo directo con el sector privado, y que permita analizar los temas que consideran frenan el desarrollo de la actividad, la generación de empleo y nuevos proyectos de inversión.

En ese marco, el gobierno de Misiones participa de la Mesa convocado por la Presidencia, para poder agilizar la agenda de trabajo y analizar entre todos los actores presentes las medidas a discutir. El gobernador Hugo Passalaqcua participó del primer encuentro, mientras que en los dos últimos asignó como interlocutor entre Nación y Privados al ministro de Agro y Producción de la Provincia, José Luis Garay, quien asistió ayer a la reunión con el ministro de Industria, Luis Lichoswki.

 

José Luis Garay (Radio República)

En el encuentro, si bien el tema central fue la deuda de fondos forestales de la Ley 25.080 y el debate sobre sus futuras modificaciones, nuevamente desde la Mesa de Competitividad de la Cadena Foresto-industrial expusieron los representantes de las grandes empresas celulósico papeleras –Arauco y Papel Misionero- los puntos de reclamo a la provincia de Misiones que están marcados en la agenda desde septiembre y que no tuvieron respuesta positiva a su criterio, respecto a la aplicación de Impuestos, Ley de Insalubridad Laboral en la Industria de Celulosa y Papel, Tierras,  habilitación para el uso de bitrenes y, agregaron en este último encuentro, su preocupación por el avance de la intrusión en Propiedad Privada.

En una entrevista con Radio República, el ministro del Agro y Producción de la Provincia se refirió a la reunión y admitió que tuvo intervenciones de “mala gana” en algunos aspectos, ya que no comparte las objeciones que se plantean desde las grandes empresas forestales en ese espacio, relacionadas a la Ley de Insalubridad en la Industria de Celulosa y Papel.

Si bien consideró el funcionario que «se trata de un espacio importante de trabajo, en la Mesa se plantean intereses de grupos empresarios, otros del orden nacional y otras del orden provincial. En algunas cosas se avanza más rápido, en otras más lentos, pero hay aspectos en que la Provincia de Misiones mantiene una postura más rígida, ya que entendemos que las inversiones no pasan por ese lado que reclaman”, afirmó Garay en relación a dos puntos que generan tensión en las reuniones de la Casa Rosada: Impuestos e Insalubridad.

Una ley que “molesta” y no está efectiva

Uno de los argumentos de las industrias de Celulosa y Papel de la Argentina es que la vigencia de la Ley 4438 de Insalubridad de la Industria de Celulosa y Papel genera un antecedente negativo y “aleja” la posibilidad de inversiones por ser un mal precedente para esta actividad. El directivo de Arauco Argentina, Pablo Mainardi, fue quien planteó nuevamente ante el Presidente Macri la necesidad de “derogar” esta normativa como la solución definitiva. Sin novedades al respecto en la Provincia, propuso como solución alternativa en la Mesa convocar al Consejo Federal del Trabajo (por MTEySS).
Sobre este planteo, el ministro Garay explicó que se trata de una Ley vigente y sancionada por la Cámara de Diputados de Misiones. “Es un poder independiente al Ejecutivo, algo que plantee un poco de mala gana considerando que se pretende desde algunos sectores empresarios avanzar sobre las leyes vigentes, y si no pueden avanzar sobre las leyes, pretenden hacer algunos esquivos a su aplicación o puentes para evadir la normativa. Esta es la cuestión que me preocupa y en la que no estoy de acuerdo”, expuso el funcionario.

Al respecto, reflexionó sobre la tan declamada seguridad jurídica por parte de los inversores. “La seguridad jurídica es para todos, vale para los dos lados, tanto para cuando la sanción de una Ley o normativa es injusta o cuando las leyes están vigentes y no se cumplen, o se les quiere hacer trampa. También en esta forma de accionar hay falta de seguridad jurídica para la otra parte. Y es sobre este punto donde considero que no es el marco adecuado el que se está dando esta discusión”, fue la firme postura expresada por el funcionario en la entrevista radial.

Agregó que la Ley de Insalubridad, en primer lugar está vigente, pero a su vez no está efectiva ya que está judicializada su aplicación. “Creo es importante informar que no es una ley de aplicación efectiva en estos momentos ya que hay un recurso de amparo que fue presentado en la Corte Suprema de Justicia para frenar su aplicación. En la reunión Arauco planteó de llevar el tema al Consejo Federal del Trabajo, pero expliqué en la Mesa que este tema ya fue discutido en ese espacio y no fue aprobado. Y seguramente, el Consejo Federal del Trabajo esperará el dictamen de la Corte Suprema de Justicia, al igual que la Provincia”, se defendió el ministro del Agro.

De igual forma, sostuvo que la derogación o no de una Ley Provincial es una cuestión que atañe al Poder Legislativo. “Será en ese espacio donde deberá discutirse si se ratifica o no su aplicación en la Provincia”, recalcó.

Oportunamente, atendiendo el reclamo de los empresarios de la industria de Celulosa y Papel, el Presidente Macri planteó oportunamente al gobierno de Misiones que “se trata de una Ley que frena las inversiones, y en mi opinión no creo este fundamento. No creo que sea así, y no me parece un justificativo válido para derogar la ley, que además está judicializada, y que no tiene hasta ahora aplicación efectiva. Pero están los empresarios y la Nación en contra de esta normativa, y es un tema que se planteó en las dos últimas reuniones de la Mesa de la Cadena Foresto-industrial. De todas formas, insisto, la competitividad del sector foresto-industrial no pasa por esta normativa, hay otras medidas que son más importantes y necesarias de avanzar por el real impacto que generan y perjudican el desarrollo de todo el potencial que tiene este sector para las economías regionales”, concluyó respecto a este tema el funcionario provincial.

Competitividad e impuestos

José Luis Garay también se refirió en la entrevista con Radio República a otro de los puntos de reclamo planteados en el documento de la Mesa Forestal y expuestos por directivos de la empresa celulósica-papelera en relación a la suspensión del cobro de Ingresos Brutos a las exportaciones a partir de 2018. “Se eliminó Ingresos Brutos de las exportaciones, pero se mantuvo la alícuota de 7% para las ventas de celulosa al mercado interno lo cual deja a la producción nacional gravada con una alícuota que duplica la de los productos importados”, cuestionó el directivo de Arauco.

Asimismo, informaron a las autoridades nacionales que «se han producido aumentos de alícuotas de IIBB en algunas Provincias luego de la firma del Pacto Fiscal (Salta al 7%; Santa Fe del 0,5%, al 2,5% entre otras)».

El ministro explicó al respecto que “mientras que plantearon que es injusto que se mantenga el 7%, ya que hacían figurar que se mantenía esta tasa en el tiempo durante su exposición, tuve que aclararle al ministro del Interior Rogelio Frigerio que la medida se tomó con la condición de ir reduciendo progresivamente a un 3% en un período de 5 años. Por otra parte, hay todo un conjunto importante de modificaciones de reducción de alícuotas que fueron adoptadas desde la Provincia para reducir la carga impositiva a toda la cadena foresto-industrial, atendiendo un pedido de la propia industria. Además, la Provincia ya venía desde el 2012 asistiendo frente a la baja de las exportaciones de la Pymes forestales, otorgando un subsidio que compensaba lo que se pagaba por Ingresos Brutos”, detalló el funcionario.

De esta manera, consideró que a su regreso de la reunión con Macri y la Mesa Forestal “no volvimos con anuncios importantes, pero sí creo que se van ajustando un conjunto de condiciones para mejorar la competitividad de toda la industria forestal de la provincia en estos espacios”, sostuvo Garay.

En su opinión personal, los impuestos que se dejan de aplicar a partir de este año “no incidieron» en el precio y volumen de las exportaciones de celulosa y papel. «Los números muestran que los mejores años de exportación fueron en los mismos años de aplicación de tasa entre 2011-2012. La pérdida de competitividad de mercado se dio en 2015 y 2016, pero no tiene que ver con el impuesto objetado, sino a la suma de factores de un contexto macroeconómico como país y que nos dejó fuera de competencia de los mercados internacionales. Por ello, hay que enfocarse ahora en modificar aquellas medidas que realmente generen una traba para la competitividad, frenen inversiones y afecten a las economías regionales. Y estas son decisiones a del orden nacional que deberán atenderse, ya que son un conjunto de medidas que hacen al país más competitivo, donde la Provincia estará realizando también sus aportes en todo lo que nos corresponda”, indicó el ministro del Agro y Producción.

 

Por Patricia Escobar 

 

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