Análisis semanal: Inflación, crecimiento, deuda y baja de impuestos: Argentina modelo 2018

Análisis semanal: Inflación, crecimiento, deuda y baja de impuestos: Argentina modelo 2018

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La inflación volverá a ser una mala noticia para el equipo económico de Macri. Consultoras privadas estiman que ese índice en diciembre oscilará entre 2,5 y 3 por ciento, el doble que el registrado el mes anterior. Si se cumplen esos pronósticos, el acumulado anual de 2017 se ubicaría en un valor muy próximo a 25 por ciento, número que excede en 40 por ciento la meta de 17 puntos establecida por el Banco Central a inicios de año.

Ante este panorama, diciembre es candidato firme a convertirse en el peor mes de 2017 en materia de inflación, lo que se explica en parte porque hubo aumentos de tarifas, combustibles y prepagas, entre otros. Sin embargo desde las consultoras advierten que también se aceleró la inflación núcleo -que no toma en cuenta variaciones estacionales ni de tarifas-   que se ubicaría entre 1,5 y 2 por ciento, muy por encima del 1,3 de noviembre, lo que sugiere que hay una tendencia general de aceleración en el alza de los precios.

Algunas de las consultoras que ya dieron a conocer sus números de diciembre fueron IPC-OJF -de Orlando Ferreres- que midió una inflación mensual de 2,8 por ciento, con una núcleo de 2 por ciento, lo que llevó al índice acumulado de 2017 a 23,8 por ciento, con un componente núcleo de 21,1 por ciento.

Para Ecolatina la inflación de diciembre fue de 3 por ciento -1,5 por ciento la núcleo- lo que llevaría a esta consultora a cerrar el 2017 con un acumulado de inflación de 25 por ciento.

La consultora Elypsis calculó para diciembre una inflación de 2,6 por ciento, con una núcleo de 1,5 por ciento, lo que llevaría al índice acumulado de 2017 a 24 por ciento.

El dato es particularmente incómodo para el equipo económico del Gobierno nacional, porque evidencia pobres resultados en uno de los ejes sobre los que Macri había planteado su programa de gobierno en materia económica, al punto de que en su segundo año de mandato la inflación sigue por encima del promedio de los años del kirchnerismo.

A su favor el Gobierno puede esgrimir que logró una reducción de más de 40 por ciento en relación a la inflación medida en 2016. Sin embargo, luego de sostener tasas de interés siderales durante todo el año para contener los precios, una inflación del orden de 25 por ciento anual parece poco premio.

La dura política monetaria aplicada por Sturzenegger demostró ser insuficiente para llevar a la inflación a los umbrales que pretende el Gobierno nacional, lo que motivó en buena medida los anuncios formulados la semana pasada en materia de corrimiento de metas y de baja de tasas de interés.

Las proyecciones para 2018 coinciden en que la inflación seguirá golpeando los bolsillos argentinos. Con subas previstas en combustibles y en tarifas de transporte y energía, difícilmente el índice pueda bajar mucho en el primer bimestre, lo que dificultará el cumplimiento de la meta anual de 15 por ciento recientemente dispuesta por el Central para el año.

El corrimiento de metas también se corresponde con una corrección de criterios. Más cercano a las ideas del ministro Dujovne y de su mano derecha política Marcos Peña, Macri puso al crecimiento al tope de las prioridades. Está convencido de que solamente preservando un incremento anual del PBI del orden de los tres puntos porcentuales podrá tener éxito en su plan gradualista para desatar el nudo gordiano que plantea la economía argentina, aun si ello implica asumir algunos puntos más de inflación.

De que se mantenga ese crecimiento dependerá, por ejemplo, que las arcas de las provincias y la Nación no sufran demasiado con las reducciones impositivas previstas en la reforma tributaria, cuestión fundamental para preservar el financiamiento del estado en sus distintos niveles.

En ese contexto, fue el ministro de Hacienda quien convenció al presidente de que la continuidad de las tasas interés tan elevadas terminarían enfriando el todavía embrionario proceso de crecimiento de la economía y que por eso había que recalibrar la política monetaria, incluso a riesgo de tener que aceptar una inflación más elevada que la proyectada.

Atendiendo a ese criterio, buena parte de los analistas económicos vieron con buenos ojos los cambios anunciados, porque entienden que mejora las posibilidades de sostener el ritmo de crecimiento, lo que garantizaría un 2018 con buenos niveles de actividad en la gran mayoría de los sectores de la economía. Si va a haber inflación, es mejor que sea con crecimiento, es la consigna para 2018.

Entre el empresariado también reina el optimismo a la hora de proyectar. Sectores como el de la venta de autos y motos registraron records en 2017 y esperan tener resultados todavía mejores este año. Algo parecido ocurre con la construcción, el sector inmobiliario y la venta de bienes durables en general.

Las expectativas de estos sectores están centradas en que una reducción de la tasa de interés como la que lleva adelante el Gobierno nacional sirva para reducir el costo del crédito y por otro lado, le quite atractivo al ahorro, lo que debería traducirse en mayor consumo. “Si el año pasado vendimos mucho a pesar de que la gente estaba enloquecida con los plazos fijos y las Lebacs que llegaron a dar casi 30 por ciento de interés, imaginate cómo vamos a vender con tasas más bajas”, se ilusionaba el concesionario para Misiones de una de las automotrices con más ventas en el país.

Más allá de los desajustes que presenta la macro, la mayoría de los analistas de la economía coincide en que 2018 será un buen año en términos generales para la economía del país, sin embargo también hay consenso respecto a la necesidad de ir corrigiendo problemas de fondo, como los déficits fiscal y comercial, la inflación, la dependencia al endeudamiento y el atraso cambiario. Solo así el modelo Macri tendrá sostenibilidad y la relativa bonanza actual podrá durar más de un verano.

El triunfo de la deuda

“No queremos seguir tomando deuda y obligar a nuestros hijos y nietos a pagarla”, dijo Macri en su primera aparición pública de 2018. Días después autorizó una ampliación por 15.000 millones de dólares del monto de emisión de deuda y le otorgó la facultad al Ministerio de Finanzas de emitir estos títulos de la manera en que lo considerara necesario.

Posteriormente captó 9.000 millones de dólares con tres títulos a 5, 10 y 30 años de plazo. Con estas colocaciones cubrió el 75 por ciento del total que planea conseguir en el exterior a lo largo de este año, que llega a los 12.040 millones de dólares. Por las emisiones pagó entre 4,6 y 6,95 por ciento. “Estas tasas son las más bajas de la historia para Argentina para emisiones en dólares en el mercado internacional y representan una baja de 100 puntos básicos en relación a las tasas pagadas en la emisión de bonos similares de enero 2017”, destacaron desde la cartera que conduce Caputo a través de un comunicado en el que celebraban una nueva toma de deuda.

Más allá de la declaración de deseos formulada por el presidente en su discurso, en sus actos de gobierno demuestra que, ante la ausencia de inversiones considerables, el endeudamiento externo seguirá siendo el principal recurso para tapar el déficit y apuntalar el crecimiento.

Según el Observatorio Fiscal Federal, la deuda pública consolidada pasó de 282.289 millones de dólares a 358.800 millones de dólares en la actualidad, lo que implicó un crecimiento de más de 27 por ciento.

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, anticipó la semana pasada que “el endeudamiento (con el sector privado y organismos internacionales) va a crecer en los próximos dos años de 28,5 puntos a 37 puntos porcentuales sobre el PBI”, y que luego se estabilizará. Asegura que los números son manejables.

Corregir desde la base

Con el inicio del año, cobraron vigencia las modificaciones acordadas en el pacto fiscal y la reforma tributaria, que fueron recibidas con optimismo por la mayoría del empresariado, pero que también depararon sorpresas -no del todo placenteras- a algunos sectores de la economía.

Uno de los cambios más esperados por el sector privado era la modificación de las alícuotas de ingresos brutos, uno de los compromisos asumidos por las provincias en el pacto fiscal. Con la publicación en el Boletín Oficial de Misiones de la resolución de Rentas correspondiente, se conocieron los pormenores de la medida y –como siempre- hubo ganadores y perdedores.

Los exportadores fueron los principales beneficiados ya que las alícuotas de ingresos brutos para este sector bajaron a cero. En un segundo escalón se ubican la industria –a excepción de la celulósica-, el transporte y la construcción, que tuvieron una baja de más de 40 por ciento. “Si una industria -que puede ser una tealera, una yerbatera, un aserradero, una metalúrgica- tributó 200.000 pesos en diciembre de 2017 de ingresos brutos, pasará en enero de 2018 a pagar  114.200 pesos, lo que implica una reducción de impuestos de 43 por ciento”, ejemplificaron desde la Dirección Provincial de Rentas.

Semejante resignación de recursos de la Provincia en beneficio de un espectro tan amplio de la actividad privada no podría instrumentarse sin desfinanciar gravemente al Estado a menos de que algún otro sector tribute un poco más que antes. La mayor parte del ahorro fiscal que tendrán industriales, transportistas y constructoras será a costa de una menor recaudación, pero otra parte de la cuenta la pagará el comercio a través de un incremento de un punto porcentual en la alícuota de ingresos brutos que pagan los mayoristas, que pasó de 3,5 a 4,5 por ciento.

Lejos de ser un capricho del Gobierno provincial, este modelo con subas y bajas responde a criterios del equipo económico de Nación que quedaron plasmados en el pacto fiscal que establece alícuotas máximas de ingresos brutos que podrán cobrar todas las provincias adherentes a las distintas actividades.

El equipo económico de Macri diseñó una reducción impositiva que se aplica desde atrás y hacia adelante, a través del cual se busca concentrar los beneficios en los eslabones iniciales de las cadenas: la producción –que en Misiones seguirá con tasa cero- y la industria. Que se sume al transporte al club de los ganadores responde a que la logística es un componente relevante en la estructura de costos de estos primeros eslabones.

Para compensar -aunque sea en parte- la caída de recaudación que significará para las provincias la reducción de alícuotas aplicadas a la industria, el transporte, la construcción y la exportación, el Gobierno nacional permitió a las provincias llevar hasta 5 por ciento las alícuotas al comercio.

Atendiendo a la difícil situación que atraviesa una parte del comercio de Misiones –especialmente en zonas de frontera con Paraguay- la Provincia dejó en 4,5 por ciento la alícuota al comercio minorista y elevó de 3,5 a 4,5 por ciento la correspondiente a los mayoristas.

La medida provocó el previsible descontento de los comerciantes, que veían cómo una modificación que se había planteado con el objetivo de reducir la presión fiscal, terminaba elevando alícuotas para ese sector al tiempo que las bajaba para casi todos los demás.

Pero si se cumple la lógica bajo la cual el equipo económico nacional diseñó el esquema de alícuotas máximas de ingresos brutos, el comercio también debería beneficiarse porque todas las reducciones impositivas aplicadas a los eslabones iniciales de las cadenas productivas, deberían trasladarse al comercio.

Para que se cumpla esto, los industriales deberán trasladar a sus precios las reducciones de impuestos nacionales y provinciales dispuestas en el pacto fiscal y en la reforma tributaria. Si eso ocurre, los comerciantes mayoristas podrán abastecerse a menor costo, con lo cual también saldrían ganando a pesar del incremento en la alícuota de ingresos brutos. Si en cambio, los industriales aprovechan el contexto solamente para incrementar sus ganancias, tanto el comercio cuanto el consumidor y el Estado, terminarán perdiendo con el paquete de reformas.

En manos de las empresas

La adhesión de Misiones al pacto fiscal y el acompañamiento de sus legisladores nacionales a las leyes que conformaron el paquete de reformas impulsado por el Gobierno nacional a fines del año pasado, son la prueba más contundente de cumplimiento del compromiso asumido por el gobernador Hugo Passalacqua de aportar gobernabilidad a la gestión de Mauricio Macri.

Las medidas dispuestas desde Nación están en las antípodas de la política tributaria que viene aplicando la renovación desde que rige los destinos de la provincia, hace más de 14 años, y que le permitió atender todas obligaciones del estado, llevar adelante un ambicioso plan de obra pública y destinar cuantiosas sumas a programas de desarrollo social y de apoyo al sector primario y al mismo tiempo sanear las cuentas públicas y mantenerlas en equilibrio.

Mientras que Misiones se propone construir crecimiento a partir de un estado con financiamiento garantizado y cuentas ordenadas a riesgo de una mayor presión impositiva, la Nación pretende impulsar el crecimiento desde el sector privado, bajando impuestos para mejorar la competitividad, a riesgo de desfinanciar al estado.

Pese a esta diferencia de fondo y a que no tuvo oportunidades para modificar acuerdos y proyectos que se plantearon desde la Nación más como pactos de adhesión que como resultados de consensos, el Gobierno provincial dio su apoyo a las reformas en concordancia con el compromiso asumido de dar gobernabilidad y como señal de respeto a la voluntad manifestada por el pueblo argentino en las urnas en octubre último.

A través de las reformas, el presidente se propone bajar impuestos al sector privado porque está convencido de que de esa manera las empresas ganarán en competitividad, que eso atraerá nuevas inversiones, con ello crecerá la economía, se generarán más fuentes de trabajo y se incrementarán las recaudaciones en todos los órdenes del Estado. Como alguna vez ejemplificó el ministro Dujovne, el fisco “pasará de cobrar mucho de poco, a cobrar poco de muchísimo”.

El primer problema que plantea este modelo es la transición, ya que aun dando por descontado –cosa que todavía está por verse- que las inversiones llegarán y que los empresarios asumirán cabalmente el rol de motores del crecimiento que les tiene reservado el Gobierno nacional, ese proceso de despegue del sector privado demoraría varios años hasta dar sus primeros frutos. Hasta entonces el Estado –Nación, provincias y municipios- recaudarán menos.

El plan de la Nación para cubrir la transición pasa casi exclusivamente por recurrir al endeudamiento, dado que a pesar de haber reducido drásticamente los subsidios –a un costo político y social considerable- no consiguió bajar significativamente su gasto, lo que combinado con una caída en la recaudación fruto de bajas impositivas –especialmente retenciones a la soja- y un rojo galopante en la balanza comercial, determinó un incremento del déficit total.

De allí que las necesidades concretas de financiamiento del Gobierno nacional –como se dijo en párrafos anteriores- vayan en contra de los deseos de Macri de no dejar a las generaciones futuras el pesado legado de la deuda.

En Misiones el paradigma es diferente. La posibilidad de tomar deuda en dólares para cubrir las necesidades de financiamiento corriente es la última de las opciones que baraja el Gobierno provincial. En cambio, apuesta a capear el temporal en base a austeridad y manejo responsable de los recursos cada vez más escasos.

En ese sentido apuntan los nuevos y más exigentes sistemas de control que impuso la Provincia a través de organismos como Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas y Contaduría. Misiones inició una nueva etapa de transparencia y austeridad en pos de una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Producto de esta política, Misiones puede hacer inversiones en obras e infraestructura con recursos propias, mientras muchas provincias deben endeudarse para alcanzar a pagar los sueldos. Las últimas inauguraciones fueron un nuevo sistema de cámaras de vigilancia en Posadas, equipado por Marandú al nivel de los sistemas de las ciudades más seguras del país.

Pero este año habrá que redoblar esfuerzos para mantener esa senda. Según estimaciones del Gobierno provincial, para Misiones esa baja en la recaudación oscilaría entre los 1.300 y 1.700 millones de pesos, dependiendo de cuanto crezca la economía este año. Dicha caída se explica no solamente por la reducción de alícuotas de ingresos brutos, sino también por la reducción de impuestos coparticipables, especialmente Ganancias.

La posibilidad de computar impuesto al cheque a cuenta de ganancias y la reducción progresiva de 3 a por ciento que se pretende practicar sobre la alícuota de ganancias aplicada a utilidades reinvertidas, son dos de las medidas concretas que impactarán de forma directa en la recaudación del impuesto a las ganancias y con ello en los fondos coparticipables.

El pacto fiscal y la reforma tributaria implican considerables transferencias de recursos del sector público al sector privado que ahora tendrá la posibilidad de traducir en hechos concretos el apoyo al gobierno de Macri que siempre declamaron públicamente sus más notorios representantes, de ello dependerá en buena medida éxito o el fracaso del modelo económico vigente.

“El objetivo del consenso fiscal es lograr un acuerdo global para reducir la presión impositiva nacional y provincial en pos de que el sector privado mejore su competitividad y vuelque esa mejora en inversiones, en generación de puestos de trabajo, en ampliación de la capacidad productiva, en crecimiento de la economía. Un esfuerzo que hacen los estados nacionales y provinciales para ayudar al sector privado a invertir”, detalló el secretario de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán.

En contrapartida la Provincia exigirá a los empresarios, especialmente a los industriales, que cumplan con una condición: trasladar los beneficios impositivos tanto al sector productivo en forma de precios justos por la materia prima, cuanto al comercio a través de precios razonables de los productos elaborados.

Relación más directa

La coherencia y lealtad política de un gobierno provincial que prometió gobernabilidad y cumplió aun cuando las propuestas que bajaban de Nación no iban en línea con sus políticas propias (como el caso del pacto fiscal y reforma tributaria) o acarreaban un costo político considerable (reforma previsional), fue reconocida por Macri y sus más directos colaboradores.

Contar con una contraparte que garantiza seriedad no es poca cosa en la arena política argentina, el macrismo lo sabe y tomó nota. Después de lo ocurrido en los últimos dos meses del año pasado, la valoración de Passalacqua y de la renovación creció significativamente a ojos del Gobierno nacional. Es que pese a las diferentes visiones en materia de economía, ambas administraciones coinciden en un punto: la voluntad de buscar acuerdos y la certeza de que cuando no hay enfrentamientos evitables siempre gana la gente.

El gobernador misionero ya formó parte de una comitiva del presidente Macri y sería convocado a un próximo viaje al exterior, a pesar de tener una clara posición opositora pero una constructiva relación de entendimiento y consenso.

Arena provincial

En materia de política provincial la renovación reforzó su apuesta por el refresh con dos figuras nuevas: el joven Lucas Romero Spinelli que será designado al frente del Parque Industrial de Posadas y Juan Manuel Díaz, funcionario de carrera que fue nombrado ministro de Ecología en lo que representa su debut como funcionario.

Por el lado de Cambiemos, se profundiza el descontento en algunos sectores del PRO con la pata radical de la alianza. La interna quedó en evidencia durante las elecciones de autoridades legislativas cuando los radicales se abstuvieron de votar desoyendo el mandato partidario que bajó de Buenos Aires.

Los amarillos puros acusan a los radicales de inorgánicos por no acatar los mandatos de la cúpula después de  haber llegado a ser parte del Gobierno nacional colgándose de la boleta de Macri. En la vereda de enfrente, los dirigentes del centenario partido entienden que Macri ganó las elecciones en buena parte gracias a la estructura nacional que aportó la UCR y reclaman un lugar más central en las mesas en las que se toman las decisiones.

Con acuerdos e internas. Con un rumbo económico de relativa tranquilidad en el corto plazo, pero con desajustes que habrá que corregir para evitar una nueva crisis. Con un Gobierno nacional que apuesta todas sus fichas al sector privado y espera las inversiones. Con una inflación que promete acompañar al país durante todo el año, pero también con perspectivas de mejores ventas. Así comenzó 2018.



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