Una joven pareja de la etnia guaraní con asiento en el municipio de Salvador Mazza denunció penalmente a un médico y a una partera u obstetra por una supuesta mala praxis, que culminó con el decapitamiento de un bebé prematuro.
La familia oriunda de la misión guaraní de La Bendición puso en consideración pública imágenes del bebé separado en dos partes, tal cual le fuera entregado por los médicos en el hospital público de Tartagal.
Las informaciones sobre el caso hablan de que la madre del bebé Reina Natalia Velázquez (30) fue derivada desde Salvador Mazza el día martes en trabajo de parto hacia el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.
A ese sanatorio público llegó acompañada por su marido, quien salió en busca de pañales. Al regresar le informaron que el bebé había fallecido. Pidiendo explicaciones llegó hasta la guardia.
Se supo que fue la propia mamá la que contó la manera brutal con la que se extrajo al bebé del canal uterino y en su relato no pudo precisar quién de las dos personas que estaban en el parto fue la que con mucha fuerza extrajo a su bebé, decapitándolo.
En su queja penal además dejan aclarado que tras el fallido nacimiento la mujer se vio sometida a otras prácticas médicas que consideró violentas ya que el resto del cuerpo de su bebé quedó en el canal uterino.
La joven mujer quedó internada pero en la mañana de ayer fue dada de alta.
La conmoción pública del caso hizo estallar las redes pero las explicaciones tardaron mucho o demasiado.
El hospital de Tartagal, a través de sus autoridades, confirmó el hecho y la denuncia y afirmó que el caso está judicializado y que la fiscalía penal ordenó una exhaustiva autopsia.
De los datos preliminares se desprendió que la criatura pesaba apenas 700 gramos y se encontraba en la semana 22 de un embarazo normal hasta entonces.
Según lo expresó en la tarde de ayer el gerente del nosocomio, José Fernández, “la cabeza del bebé prematuro quedó encajaba al momento de nacer y cuando se lo intentó extraer se produjo la decapitación. Tal situación, advirtió, es factible en casos de bebés tan prematuros”.
Al ser requerido sobre la metodología, explicó que antes no se había procedido a la cesárea porque la paciente ya presentaba 11 centímetros de dilatación.
El caso inmediatamente se judicializó y en estos momentos se esperan los informes técnicos y médicos para caratular o desestimar el caso, si no hubiera dolo.
Versión oficial
En la tarde de ayer, cuando el tema estaba viralizado en las redes, desde el Ministerio de Salud dijeron que el bebé al momento de los hechos denunciados ya se encontraba sin vida y que el criterio utilizado por los médicos era en esos momentos evitar riesgos para la madre, ya que el cuerpo sin vida de su hijo estaba eliminando toxinas que ponían su vida en peligro.
La fuente ministerial en ningún momento niega la brutalidad de los hechos denunciados.
La entrega
Según una fuente de Tartagal, el cuerpo del bebé les fue entregado a sus padres y abuelos en la tarde en una bolsita y fue allí recién que el padre de la criatura corroboró lo denunciado por la madre.
En la bolsa color blanco la cabeza del bebé estaba desprendida del cuerpo.
Según la fuente, como nadie se hacía cargo de una explicación sana y coherente, el joven padre llevó la bolsa con los restos mortales hacia la comunidad guaraní, donde consiguieron los fondos o la factibilidad oficial para la adquisición de un féretro.
Indignación
La noticia caló hondo en las comunidades de las distintas etnias de los pueblos nativos del norte provincial.
Una fuente de una de esas comunidades denunció que es la falta de recursos humanos, tecnológicos y físicos en los hospitales de pueblos lo que genera las derivaciones de alto riesgo, sobre todo cuando se trata de integrantes de esos grupos eternamente cuasimarginados. Y en ese contexto de indignación en la tarde de ayer diversos caciques de la comunidad guaraní y de otras etnias anunciaron cortes de rutas y protestas públicas, no solo por este caso sino por la falta de atención, recursos y humanidad.
Había perdido el embarazo
Fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia, a través de sus oficinas de prensa, aseguraron anoche que el bebé de la mujer guaraní se hallaba sin vida al momento de los trabajos de parto.
Para las autoridades del organismo, las explicaciones e informes recibidos desde Tartagal hablan de un feto de 22 semanas y de bajo peso encajado en el canal uterino y que se complicó, poniendo en riesgo la vida de la mamá.
Se utilizó un criterio de vida, dijo la fuente oficial.
En ese mismo orden Jazmín Marcheti, de prensa ministerial, dijo que la mamá, según todos los informes, había perdido su embarazo y que el bebé se hallaba en su vientre sin vida. Cuando llegó a Tartagal tenía una dilatación de 11, por lo que los médicos actuantes optaron por un aborto espontáneo inducido que no requiriera poner en riesgo a la mamá.
En ese orden quizá, dijo la fuente, falló la comunicación médico/paciente.
La comunicadora oficial dijo además ser mamá y haber pasado por una situación del mismo tenor.
El caso que dejó una familia destrozada y una mamá sin consuelo ya está judicializado y de allí se desprenderá la verdad absoluta. Ayer el fiscal penal tomó cartas en el asunto y ordenó una serie de diligencias cuyos resultados se esperan para las próximas horas.
En tanto, entre las decenas de irregularidades que se denuncian está la falta de profesionales en nosocomio mayor del departamento San Martín y algunos contratos de personal técnico y no médico para algunas áreas.
Otro profesional
Un médico clínico del hospital San Bernardo aseguró que tras examinar lo conocido del caso, su opinión personal es que más allá de la violenta intervención, el verdadero criterio fue salvar a la madre. El doctor Matías González dijo: “Muchas veces la universidad no capacita a los médicos para dar las malas noticias. Con treinta años en la profesión, aseguró que ese bebé no tenía chances de vida por su peso y semanas de gestación, “seguramente en el traslado ya se habría complicado”, dijo. (El Tribuno)
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