“Me sacaron autos y me pidieron plata para dejarme libre”, dijo el ex propietario de RRVip, acusado de lavar dinero narco

En Corrientes, retomaron el juicio a los siete imputados por el presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico por medio de una concesionaria de autos de alta gama instalada en Posadas y otras empresas que fueron intervenidas.
El debate se reinició después que fue suspendido debido a que una abogada defensora tuvo inconvenientes para llegar a horario al Tribunal a raíz de una medida de protesta de trabajadores del transporte.
El principal acusado, Roberto Rodríguez, el dueño de la concesionaria RR Vip de donde el juez Carlos Soto Dávila mandó incautar autos de alta gama, supuestamente comprados con dinero del narcotráfico en algunos casos y otros obtenidos al ser trocados por marihuana, le dijo al portal Nova Corrientes: “Inventaron una causa, porque hicieron 60 allanamientos por narcotráfico y no hallaron nada. Armaron una causa por lavado para justificarse”.
Reveló también que varios abogados se habrían acercado para proponerle una negociación con un funcionario judicial supuestamente a fin de desvincularlo de la causa. “Me sacaron autos y me pidieron plata para dejarme libre”, sostuvo.
El imputado está sospechado de haber montado empresas para realizar operaciones financieras, “compraventas reales y simuladas, constitución de sociedades de apariencia real sin actividad alguna, mediante las cuales fueron puestos en circulación en el mercado bienes no declarados de origen ilícito; materializadas a través de hechos por interpósita persona”, según la acusación.
En la causa también está involucrado uno de sus socios, José Glibota. También su madre, Santa Elba Aquino y Griselda Sosa -pareja de Rodríguez-, Daniela Villalba –ex pareja de Rodríguez-, María de los Ángeles Herrera y Rosa Ramos.
La causa comenzó el 26 de enero de 2012, un informe enviado por la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales (UESPROJUD) ‘Corrientes’ de la Gendarmería Nacional puso en conocimiento respecto de la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, supuestamente liderada por personas identificadas como “Gabriel” y “Cacho”, que ingresaba la droga desde la República del Paraguay para su posterior transporte y comercialización en distintos puntos del país.
El avance de la causa permitió acreditar que “Gabriel” era Roberto Rodríguez, mientras que “Cacho” era el imputado José Glibota.
Al resto de los imputados –todas personas del círculo íntimo de Rodríguez- se les detectaron operaciones, cuentas bancarias, automóviles y motos de alta gama, que llegaban a millones de pesos, bienes que no guardaban relación con los ingresos declarados por cada uno de ellos. “Rodríguez ha adquirido por interpósita persona –y mediante operaciones financieras anómalas, bienes de origen espurio registrados a nombres de terceros, quienes actuaban como ‘testaferros’ o prestanombres”.

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