Empezó en Corrientes el juicio al dueño de la concesionaria de autos de alta gama de Posadas al que vinculan con el nacotráfico

Un empresario santafesino radicado en Posadas, una mujer, también de esa provincia; una bonaerense, y cuatro personas oriundas de la provincia del Chaco son los acusados del segundo juicio por lavado de activos que se realiza en la provincia de Corrientes, en el marco de una causa que se sigue a una organización que comercializaba marihuana y que recibía como parte de pago automóviles de alta gama.
El juicio se lleva adelante desde las 9 de este martes en el Tribunal Oral Federal de Corrientes –Carlos Pellegrini 999- y se tienen previstas cinco jornadas de debate que estarán presididas por el juez Víctor Alonso, secundado por Lucrecia Rojas y Fermín Ceroleni.
La representación del Ministerio Público la realizará el fiscal general Carlos Schaefer con la asistencia de los funcionarios de la Procuraduría Contra el Lavado de Activos y la Unidad de Investigaciones Fiscales.
Los siete acusados de este juicio fueron procesados el año pasado en el contexto de la causa 12000024/2012 en la que se sindica a Roberto Rodríguez –originario de Santa Fe- como el líder de la organización que legalizaba dinero del narcotráfico por medio de una concesionaria de vehículos instalada en la ciudad de Posadas.
En la causa también están imputadas Santa Aquino, una santafesina que estaba radicada en la ciudad misionera de Candelaria; Griselda Sosa, bonarense con domicilio fijado en Posadas; y Daniela Villalba, oriunda de la localidad chaqueña de Villa Angela, aunque está domiciliada legalmente en la localidad chaqueña de Barranqueras.
En esa provincia también está domiciliado José Glibota, otro de los imputados; María de los Angeles Herrera, y Rosa Ramos, aunque ésta última estaba radicada en Moreno, provincia de Buenos Aires.
Los siete están acusados de “la puesta en circulación de dinero en efectivo del narcotráfico”. En este contexto se lo imputó a Rodríguez de “en nombre propio, mediante la utilización de personas físicas y jurídicas interpuestas y a través de las firmas sociedades RR Vip Automotores, y Corralón Cerro Corá, Emsetur, y el Complejo Tangará operaciones financieras, compraventas reales y simuladas, constitución de sociedades de apariencia real sin actividad alguna, mediante las cuales fueron puestos en circulación en el mercado bienes no declarados de origen ilícito; materializadas a través de hechos por interpósita persona”.
Además, en el marco de la causa se detectaron operaciones, cuentas bancarias, automóviles y motos de alta gama que llegaban a millones de pesos que involucran a todos los imputados de la causa.
Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que la causa se inició el 26 de enero de 2012, en virtud del informe remitido por Unidad Especial de Procedimientos Judiciales de la Gendarmería de Corrientes’ en el que se expresaba que “existiría una organización delictiva encabezada por dos personas identificadas como ‘Gabriel’ y ‘Cacho’, dedicada al transporte y comercialización de mercadería en infracción a la ley 23.737 y 22.415, proveniente de la República del Paraguay, para posteriormente ser transportada hacia distintos puntos del país”. Esta droga, se comprobaría más tarde, era distribuida en camiones por el territorio nacional. Rodríguez, por su parte, era señalado como el jefe y financista de la organización”.
A varios sospechosos vinculados con la banda les secuestraron importantes cargamentos de drogas. Por ejemplo, “en la provincia de Mendoza, [fue] detenido David Javier Miranda (alias El Puntano) con 1.200 kilos de marihuana (septiembre 2013), quien integra la organización desde por lo menos el año 2008”, así como en Formosa se detuvo a Omar Daniel Rojas, “transportando más de 1.400 kilos de marihuana”. A su vez, “Héctor Carlos Lofgren fue detenido en oportunidad de conducir un camión donde se transportaba 1.130 kgs de marihuana”.
Durante un tiempo, Rodríguez utilizó una falsa identidad. Tenía documentación a nombre de Ricardo Gabriel Sosa, identidad con la que se lo encausó en 2010 por conducir un auto en el que había 70 paquetes de marihuana que pesaron 139,476 kilos, en el interior y que además tenía un doble fondo en la parte trasera del vehículo donde hallaron otros 82,697 kilos de la misma droga.
Este imputado llegó al juicio con una condena de 7 años de prisión por tenencia de estupefacientes, fijada por el Tribunal Oral Federal de San Martín.

Entrega de rodados
Algunos de los vehículos incautados a la banda de Rodríguez fueron objeto de supuestas negociaciones ilegales realizadas por funcionarios judiciales que llevaban adelante la causa.
Según las denuncias al menos uno de los secretarios de Juzgado Federal 1 de Corrientes habría participado de maniobras por las que se entregaban los rodados a terceros con documentos falsificados.
Las operaciones le fueron atribuidas al secretario Pablo Molina, y al sumariante Zacarías Issolio quienes además están sospechados de haber facilitado la devolución de los rodados a personas vinculadas con la organización criminal.
Ambos funcionarios fueron separados de sus cargos, pero posteriormente la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes también mandó a imputar por estos hechos al juez Carlos Vicente Soto Dávila, titular del Juzgado Federal 1.
Otros vehículos que figuran en el expediente de esta causa fueron entregados a la Gendarmería y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Fuente: Novacorrientes.com