Reflexiones acerca de la industria de celulosa y papel y su relación con el ambiente

Hace unos días, una reconocida periodista del medio me acercó una serie de comentarios y cuestionamientos acerca del tema de referencia.

En principio, como Ingeniera, me considero una gran defensora de la industria como concepto. La historia nos ha demostrado que la industria nacional es fuente de desarrollo e implica una mejora en la calidad de vida de la población. La clase media argentina es el fiel reflejo de ello. Una industria fuerte, que logre el autoabastecimiento y la sustitución de importaciones, puede generar una economía fuerte y estable. Creo firmemente en todo lo anterior, pero no a cualquier precio. Para que ese desarrollo económico y social se sostenga en el tiempo es imprescindible que las materias primas y los recursos también perduren. 

Una de las ventajas de la industria de celulosa y papel es que su principal materia prima, la madera, es una fuente renovable. Eso significa que, si una plantación es cuidadosamente llevada, los árboles pueden talarse y replantarse indefinidamente. Otra ventaja enorme de esta industria es que esos mismos árboles captan el dióxido de carbono que la fábrica emite como consecuencia del proceso productivo y a cambio generan oxígeno, evitando su aporte al calentamiento global y a los riesgos del cambio climático.

La tercera gran ventaja de los procesos químicos de fabricación de pulpas celulósicas es que pueden autoabastecerse energéticamente, utilizando calderas eficientes que quemen los propios residuos de la madera. Aún más, pueden generar energía en exceso y venderla, contribuyendo a la disminución de su costo. En cuanto a sus productos, esta industria genera materiales biodegradables y reciclables, disminuyendo la basura urbana y reduciendo la cantidad de árboles necesarios para su fabricación.

Legislación y control

Sin embargo, al igual que cualquier fábrica de similar complejidad (química, petroquímica, metalúrgica, etc.) que involucran procesos complejos, si no se trabaja cuidadosamente, pueden ser fuente de contaminación al aire, agua y suelo. Ahora bien, ¿cómo puede un país garantizar la sostenibilidad, es decir, el equilibrio entre el desarrollo económico, social y ecológico? Generalmente, mediante legislaciones estrictas y organismos de control eficientes. Ambos deben cumplirse, porque cualquiera de ellos sin el otro carece de eficiencia para el fin que debe cumplir.

La Argentina presenta una complejidad particular. Debido a su condición de Estado Federal, cada provincia es dueña soberana de sus recursos naturales y por tanto será la encargada de regular las condiciones en que las fábricas se instalarán y funcionarán.

Esto genera una problemática nada sencilla: cada provincia regula diferentes parámetros de emisión, utiliza diferentes unidades de medida y diferentes criterios. Una realidad similar se vivió en Europa con el surgimiento de la Unión Europea (UE), ya que tuvieron que encontrar la forma de compatibilizar las leyes de todos los países. Así, la UE legisló mediante las “Directivas relativas a la prevención y al control integrados de la contaminación” procedente de las actividades industriales.

En ella se establecen medidas para evitar o, cuando ello no sea posible, reducir las emisiones de las citadas actividades en la atmósfera, el agua y el suelo, incluidas las medidas relativas a los residuos, con el fin de alcanzar un nivel elevado de protección del medio ambiente considerado en su conjunto. En estas directivas se definieron las denominadas “Mejores técnicas disponibles” (MTD) y los límites de emisión que se logran utilizándolas. De esta forma, al exigir que las fábricas instalen y utilicen las MTD, se aseguran de que no superen el límite de emisión establecido.

Cada industria presenta un “Documento de referencia” (BREF) donde se definen las MTD correspondientes. Existen BREF para la fabricación de Cemento y Cal, industria Cerámica, Cloro-soda Curtidos, Especialidades Químicas Inorgánicas Fabricación de Polímeros, Forja y Fundición, Grandes Instalaciones de Combustión, Granjas, Incineración de Residuos, Industria Alimentaria, Industria Química Inorgánica (Amoniaco, ácidos y abonos), Industria Textil, Mataderos e industrias de subproductos animales, Metalurgia Férrea, Metalurgia no Férrea, Química Orgánica, Refinerías, Residuos de Minería, Siderurgia, Tratamiento de superficies con disolventes orgánicos, Vidrio y, por supuesto, Pasta y Papel, entre otros.

¿Qué herramienta desarrolló nuestro país para lograr un cumplimiento elemental de las normativas?

Las denominadas “Leyes de Presupuestos Mínimos”. Estas leyes establecen los criterios básicos que deben cumplirse en todo el país y son promulgadas por el Congreso Nacional.

Siguiendo el ejemplo de la UE, que ha logrado ser modelo de la prevención y el control de la contaminación a nivel internacional ¿cuál sería la mejor forma de lograr una industria sostenible?

La respuesta es sencilla: promulgar una Ley de Presupuestos Mínimos de prevención y control de la contaminación para la industria, y definir las MTD y los límites de emisión correspondientes a la realidad argentina. Además de asegurar el equilibrio del desarrollo económico con el ambiente.

¿Esto trae algún beneficio? Sí, porque nadie quiere invertir en un país que no tiene un marco jurídico claro.

Hace más de 10 años, y frente al conflicto generado por la instalación de la fábrica de la entonces empresa Botnia en Uruguay, se elaboró el primer proyecto de ley de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Desarrollo Sostenible de la Industria de la Pulpa Celulósica y el Papel”.

El razonamiento que llevó a elaborar el proyecto fue que con reglas claras y colaborando con las empresas para que pudieran instalar las MTD correspondientes, no solo se lograría aumentar la eficiencia de las instalaciones, mejorar las condiciones generales de las fábricas, disminuir los riesgos de accidentes y la pérdida de producción, aumentar la confianza de inversores y seguros, sino que mejoraría su imagen pública y su credibilidad social. Por otra parte, se lograrían mejores productos, mejoras en seguridad e higiene para los trabajadores y sobre todo, se lograría transmitir a la sociedad tranquilidad acerca de la relación de esta industria con el ambiente.

Luego de ese primer proyecto de ley se presentaron varios más, algunos buenos, otros no tanto, todos tratados en las comisiones, pero ninguno llegó a instancias superiores en las cámaras. El sector forestal no quiere la Ley porque se siente “estigmatizado” y es posible que sea así. La alternativa es emular a la UE y promulgar una ley general. Sin embargo, si no se logra la aprobación de una ley para un solo sector que ha sido objeto de un gran conflicto internacional en los últimos 10 años, ¿es lógico pensar que podría aprobarse un proyecto de ley que abarque a todas y cada una de las industrias? ¿No suena a un intento de prolongar la situación actual de desorden legal? ¿Es esta situación buena para el sector? A mi criterio, puede serlo en el corto plazo, pero será perjudicial en el largo plazo, sobre todo si se desea atraer inversores.

Como mencioné al principio, un país puede garantizar la sostenibilidad mediante legislaciones estrictas y organismos de control eficientes. Con respecto a los organismos de control… bueno, eso formará parte de otra nota.

 

 

 

(*) Presidente de la Fundación Ambiente y Desarrollo

Directora Programa de Celulosa y Papel (PROCYP)
Vice-Directora Instituto de Materiales de Misiones (IMAM) UNaM-CONICET
Profesora Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
Universidad Nacional de Misiones (UNaM)

 cristinaarea@gmail.com



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