Análisis semanal: Macri cada vez más genuino, reformas a la medida del sector privado y un gran triunfo de Vidal

Análisis semanal: Macri cada vez más genuino, reformas a la medida del sector privado y un gran triunfo de Vidal

La ola amarilla del 22 de octubre dejó una versión recargada de Macri. Siempre contó con el aval de las estructuras con capacidad de injerencia en la vida política del país, aquello que genéricamente podríamos denominar el establisment, pero ahora además es la figura que indudablemente tiene más votos, parte por mérito propio y parte por el descalabro opositor. Este cuadro de situación lo perfila como el presidente con mayor grado de hegemonía desde la recuperación de la democracia, incluso a pesar de no contar con mayoría automática en ninguna de la Cámaras legislativas.

Para la clase empresarial y los grandes productores del agro rico de la zona núcleo, sigue siendo la gran esperanza blanca, el elegido para combatir con eficiencia de CEO de multinacional a las fuerzas oscuras del populismo. Las estructuras de poder que manejan los hilos de la economía mundial lo ven como un líder confiable, dispuesto a hacer los deberes necesarios para insertar a Argentina al mundo. Las grandes empresas de comunicación –sector cada vez más dependiente de la pauta estatal- también lo ven como un aliado, lo que le garantiza un blindaje mediático cada vez más cerrado.

Además conserva intacta su capacidad de generar expectativas positivas en un amplio espectro del electorado, incluso en sectores que no experimentaron ninguna mejora concreta durante su mandato.

Los actores políticos que podrían enfrentarlo, como el peronismo o los sindicatos históricos, están debilitados por sus propias crisis internas y desacreditados ante la sociedad.

Con todo a favor y casi nada en contra, Macri es cada vez más Macri. Pisó a fondo el acelerador político y a menos de un mes de las elecciones cerró los acuerdos necesarios para hacer realidad algunas de las reformas que venía pergeñando desde antes de asumir.

Consecuente con su origen, confía en la capacidad del sector privado para motorizar las transformaciones necesarias para desarrollar al país. Aunque rehúya de etiquetas ideológicas, los cambios que propone son de inocultable corte liberal, tan de manual como la flexibilización laboral y la reducción de impuestos. Se basan en la premisa, no del todo demostrada, que sugiere que si se reducen los costos laborales y las cargas impositivas las empresas tomarán más empleados, invertirán y producirán más, alimentando un círculo virtuoso que llevaría al crecimiento económico sostenido.

El sector privado, que desde siempre reclama medidas de este tipo, se encuentra ante una oportunidad histórica de constituirse en actor central de un proceso de crecimiento, aunque para ello los empresarios deberán arriesgarse a invertir, a generar empleo y ceder a la tentación –siempre grande- de aprovechar el nuevo contexto para simplemente reducir sus costos e incrementar sus ganancias sin generar ningún valor extra para la sociedad.

Nuevo liderazgo

En su nueva versión potenciada, lejos de la mesura zen de su primera mitad de mandato, Macri se muestra decidido a jugar más abiertamente sus cartas, incluso a riesgo de incurrir en algunas formas de incorrección política. Prueba de ello fueron la designación del presidente de la Sociedad Rural como ministro de Agroindustria y la recomendación a los gobernadores en conferencia de prensa a quienes pidió directamente que fueran medidos a la hora de las paritarias para no presionar sobre las negociaciones salariales de los privados.

En pleno frenesí reformista, el jueves el presidente convocó a todos los gobernadores a acordar un pacto fiscal que se propone reordenar la forma en que recaudan la Nación y las provincias y cómo se distribuyen los fondos federales. Se trabajó sobre un proyecto que ya se había presentado la Nación la semana anterior en otra reunión con gobernadores y cuyos objetivos centrales son incrementar los recursos que recibe la provincia de Buenos Aires y tender hacia una reducción en la presión fiscal en todos los órdenes.

Con casi nada por ganar y apurados ante la inminencia de un fallo de la Corte –en respuesta a la demanda de Eugenia Vidal por el Fondo del Conurbano- que prometía ser catastrófico, los gobernadores fueron a negociar un acuerdo. Con indiscutible timing político, el presidente del supremo tribunal, Ricardo Lorenzetti, se reunió en privado con la gobernadora Vidal y dejó una foto que sonó como una advertencia al resto de los gobernadores.

De esta nueva versión del juego de la chequera y el garrote que desde el Gobierno nacional denominan gran consenso, surgió un acuerdo que firmaron 22 de las 23 provincias y Ciudad de Buenos Aires: un complicado toma y daca de recursos mediante el cual Eugenia Vidal se garantizó una generosa dotación de dinero, las demás provincias salieron relativamente empatadas y quedaron serias dudas respecto al financiamiento de la ANSES.

Mediante la eliminación del artículo 104 del impuesto a las ganancias y la coparticipación del total de lo recaudado por ese impuesto, la provincia de Buenos Aires incrementará en 20 mil millones de pesos sus ingresos anuales. Además la Nación se comprometió a remitirle en el transcurso del año próximo, otros 20 mil millones y en 2019 otros 45 mil millones a cambio de que la provincia gobernada por Vidal retirara la demanda presentada ante la Corte por el Fondo del Conurbano.

La caída del artículo 104 de ganancias implica no solo el fin del Fondo del Conurbano sino también la eliminación de un fondo alimentado con el 4% de la recaudación de ese impuesto que se repartía entre todas las provincias excluida Buenos Aires, según su índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Por ese concepto a Misiones le corresponderán en 2017 alrededor de 1.300 millones de pesos. La Nación se comprometió a compensar esas cifras con recursos propios.

Pero el principal perjudicado con la derogación del artículo mencionado es la ANSES que hasta ahora recibe el 20 por ciento del total de ganancias. En compensación se dispuso que ese organismo pasara de recibir 70 a 100 por ciento del impuesto al cheque, en términos de plata contante y sonante la compensación no llega a la mitad de lo resignado.

En consonancia con este recorte previsto en el financiamiento a la Anses, el Gobierno nacional introdujo en el mismo acuerdo un cambio en el método de cálculo de aumentos en las jubilaciones que pasarían a actualizarse de acuerdo a la inflación y no según la varíe la recaudación. Se estima que la Nación se ahorraría más de 100.000 millones de pesos en 2018 por ese cambio de método, ahorro que iría en detrimento de los jubilados.

A último momento se introdujo un artículo que garantiza que la jubilación mínima no debe ser inferior al 82 por ciento del salario mínimo, actualmente es de 81 por ciento.

En lo que representó el punto que más resistencia generó por parte de los gobernadores, el acuerdo establece un compromiso de las provincias de reducir ingresos brutos y sellos, las principales fuentes de recaudación propia de todas las jurisdicciones.

 

Los 11 puntos del acuerdo

Fuentes de Hacienda de Nación difundieron un resumen que contiene los principales puntos del documento firmado por los gobernadores.

  1. Compromiso de las provincias para bajar “impuestos distorsivos”, como Ingresos Brutos y Sellos, por 1,5% del PBI en los próximos cinco años.
  2. Ley de Responsabilidad Fiscal: compromiso para aprobar y adherir al proyecto de una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal. Las provincias mantendrán su gasto constante en términos reales durante los próximos años.
  3. Acuerdo por el Fondo del Conurbano: $40.000 millones de pesos en 2018 y $65.000 millones en 2019 para la provincia de Buenos Aires.
  4. Ley de Ganancias: derogación del artículo 104.
  5. Juicios: todas las provincias (menos San Luis) acordaron desistir de los juicios contra el Gobierno nacional (340.000 millones de pesos las provincias y $400.000 millones la provincia de Buenos Aires por el Fondo del Conurbano).
  6. Ley de revalúo impositivo: se coparticipará el impuesto.
  7. Impuesto al cheque: 100% a la ANSES.
  8. Régimen previsional:
  9. a) Se acordó tratar un proyecto de ley en el Congreso para que los haberes jubilatorios se actualicen trimestralmente y por inflación.
  10. b) Se acordó garantizar que las jubilaciones sean de al menos el 82% del salario mínimo vital y móvil.
  11. c) Eliminar las jubilaciones de privilegio.
  12. Cajas previsionales no transferidas: el Gobierno nacional se comprometió a financiar los déficit de las cajas previsionales no transferidas.
  13. Ley de Responsabilidad Fiscal para municipios: las provincias se comprometieron a trabajar para aplicar una Ley de Responsabilidad Fiscal en los municipios de cada una de sus jurisdicciones.
  14. Impuesto inmobiliario: las provincias acordaron que las valuaciones fiscales de los inmuebles converjan en el tiempo a las valuaciones de mercado.


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