Presuntas coimas en el puente Posadas-Encarnación: falta de mérito para el aduanero Salazar y procesamiento para Alfonso, Esquivel, Juárez y Llorente

La jueza Federal de Posadas, María Verónica Skanata, dictó ayer al mediodía el procesamiento sin prisión preventiva de cuatro de los doce aduaneros imputados en la causa abierta por presunto cobro de coimas para el ingreso de contrabando de mercaderías desde el Paraguay por el puente internacional San Roque González de Santa Cruz.
Orlando Alfonso, alias “Kiwi”; Bernardino Castor Esquivel; Lorenzo René Juárez, apodado “Indio”; y Francisco Antonio Llorente están acusados del delito de «asociación ilícita, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público». La magistrada dispuso para ellos la excarcelación con una caución real de 300 mil pesos.
Dos de ellos gozan actualmente de la prisión domiciliaria por razones de salud. De todos modos, para que se haga efectiva la excarcelación, todos deben cubrir la fianza.
Un quinto aduanero recibió la falta de mérito. Esto quiere decir que no hay pruebas contra él para un procesamiento, pero que de todos modos no queda desvinculado de la causa. Seguirá bajo investigación. Se trata de Roberto Eduardo Zalazar, quien nunca estuvo detenido y fue el primero en aceptar ser indagado por los hechos que se le imputaron.
Hay otros siete funcionarios, cuya situación procesal será resuelta en los próximos días. Ninguno está entre rejas.
En la imputación, la jueza Skanata sostuvo que los cuatro aduaneros y «un número indeterminado de personas de ambos sexos aún no identificados, habrían formado parte de una organización criminal, con permanencia en el tiempo o, que tenía como objetivo principal permitir y/o facilitar el ingreso al país, en forma ilegal, de mercadería de origen extranjero a través del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, generalmente a cambio del pago de una suma de dinero. En efecto, para lograr este cometido, los nombrados en su calidad de funcionarios públicos, ya que se desempeñaban como agentes de contralor de la Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General de Aduanas, con funciones en el mencionado paso fronterizo, con incumplimiento o en falta de sus deberes innatos a sus cargos, presuntamente entablaban previamente contacto telefónico con personas de nacionalidad paraguaya, ‘paseros’ y/o particulares de esta región y acordaban el día, la hora y el carril de control aduanero por el que debían cruzar la frontera, a efectos de ingresar mercadería prohibida o evitar el pago de los tributos con que es gravado todo artículo de procedencia extranjera que ingresa al país, obteniendo de este modo un beneficio económico, ya que cada una de las personas que transportaba (ya sea en auto, moto o a pie) objetos de esas características les entregarían en contraprestación una determinada suma de dinero, la cual ingresaba al patrimonio de cada uno de los integrantes. En algunos casos, permitían el ingreso de personas, sin recibir dinero a cambio, por ser amigos, conocidos, parientes de los involucrados y/o integrantes de alguna fuerza de seguridad”.
El elemento de acusación contra los funcionarios son las escuchas telefónicas, hechas por el Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina. Hay horas y horas de conversaciones, las cuales fueron desgrabadas a pedido de la magistrada. Allí hay charlas de los aduaneros bajo sospecha con presuntos paseros y amigos.