Columna semanal: Macri y los gobernadores se encaminan a resolver el dilema del Fondo del Conurbano

Columna semanal: Macri y los gobernadores se encaminan a resolver el dilema del Fondo del Conurbano

El presidente cumplió lo que prometió en campaña y reunió a todos los gobernadores para buscar una salida política al reclamo de Buenos Aires con relación al Fondo del Conurbano, aunque todavía está por verse si además mantiene su palabra de no tocar los recursos de ninguna provincia en la búsqueda de esa solución.

El equipo de Hacienda de Nación presentó una propuesta que incluye la eliminación del cuestionado fondo y espera que esa sea la base para un acuerdo que confía abrochar en cuestión de semanas. Los gobernadores recibieron con moderado optimismo la oferta del Gobierno nacional, con la presunción de que algo tendrán que ceder pero también con la certeza de que el cuadro podría haber sido mucho peor para sus intereses.  Los equipos técnicos de todas las provincias analizan al detalle la propuesta nacional y tendrán el jueves próximo la oportunidad de presentar sus observaciones en una nueva reunión con autoridades nacionales.

El Fondo del Conurbano Bonaerense se creó a inicios de los ’90 y está compuesto por el 10 por ciento de la recaudación de Ganancias, lo que actualmente representa entre 55.000 y 60.000 millones de pesos. Originalmente y como su nombre lo sugiere, estaba destinado íntegramente a Buenos Aires, pero una ley sancionada pocos años después de su creación impuso un tope de 650 millones a la participación de esa provincia y estipuló que el resto del dinero se repartiera entre las demás jurisdicciones.

Con el transcurrir de los años ese monto fijo quedó desactualizado, al punto de que actualmente la provincia gobernada por Vidal se queda con menos del 2 por ciento del Fondo, lo que motivó que esa jurisdicción presentara en octubre del año pasado una demanda ante la Corte Suprema exigiendo se declarara inconstitucional el tope de 650 millones y que todo lo recaudado por el Fondo del Conurbano volviera a ser para Buenos Aires.

Las demás provincias pusieron el grito en el cielo ante la posibilidad cierta de resignar fondos a manos del reclamo de Vidal y con el correr de los plazos de la justicia, el tema se convirtió en el principal punto de la agenda federal.

La presión de los gobernadores obligó al presidente Macri a buscar una salida política. Después de meses de especulaciones, finalmente el jueves se conoció la propuesta sobre la que pretende avanzar el Gobierno nacional para dar por cerrado, no solo el reclamo de Buenos Aires, sino también las otras 55 causas iniciadas por provincias en relación al reparto de los fondos federales.

Como principal punto, la iniciativa que impulsa Macri incluye la coparticipación del total de lo recaudado por Ganancias, impuesto que actualmente se coparticipa en un 64 por ciento. Eso implica la eliminación no solamente del Fondo del Conurbano, sino de una detracción del 20 por ciento que se destina a financiar a la ANSES, otra de 4 por ciento que va a provincias con necesidades básicas insatisfechas (NBI) -entre ellas Misiones- y una de 2 por ciento que se distribuye en Adelantos del Tesoro Nacional (ATN).

La más beneficiada por esa medida sería Buenos Aires, porque se eliminaría el Fondo del Conurbano, del que prácticamente no recibe nada, y se repartiría ese dinero según lo marca el sistema de coparticipación, que reserva para esa provincia el porcentaje más generoso (casi 20 por ciento).

Pero el resto de las provincias también se beneficiaría a partir de la eliminación de las demás detracciones que aportarían –junto con la extinción del Fondo del Conurbano- más de 230.000 millones de pesos al total coparticipable.

Especial atención deberán poner Misiones, Corrientes, Salta y las demás provincias que se reparten la detracción de 4 por ciento de Ganancias que se destina a provincias con altos índices NBI. La Nación prometió compensarlas, pero todavía no queda en claro si los fondos para hacerlo estarán garantizados por ley o habrá que depender de alguna partida de reparto discrecional. Es uno de los temas a resolver antes de llegar a un acuerdo.

Pero sin dudas la mayor perjudicada por esta medida sería la ANSES, ya que perdería el 20 por ciento de la recaudación total de Ganancias, más de 125.000 millones de pesos tomando como referencia la recaudación de 2016. Para compensarla, la Nación propuso que el total del impuesto al cheque se destine a esa caja.

Actualmente la recaudación del impuesto al cheque se reparte a razón de 70-30 entre Nación y provincias. El Ejecutivo había presentado un proyecto de ley para que el 70 por ciento que correspondía a la Nación se destinara a ANSES, pero de mediar un acuerdo con las provincias la caja jubilatoria recibiría el total de ese impuesto.

Esto implica que quienes pondrían el dinero para compensar a la ANSES serían las provincias, resignando el 30 por ciento del impuesto al cheque que actualmente se coparticipa.

Ganadores y perdedores

Como resultado de este toma y daca de fondos federales que propone el Gobierno nacional, Buenos Aires recibiría el año próximo alrededor de 20.000 millones de pesos más que en 2017, pero para ello debería retirar la demanda presentada ante la Corte por alrededor de 55.000 millones de pesos.

Casi todas las demás provincias saldrían relativamente empatadas. Por un lado ganarían con la coparticipación del 100 por ciento de Ganancias, pero por otro perderían al resignar el 30 por ciento que se coparticipa de impuesto al cheque. Como se dijo, resta por resolver cómo se compensará a las provincias con altos índices de NBI que se reparten el 4 por ciento de Ganancias.

La ANSES también debería resultar con un balance neutro, ya que lo que pierde de ganancias lo debería recuperar con el impuesto al cheque.

Ante ese panorama, la postura del gobierno provincial encabezado por Hugo Passalacqua es propiciar un acuerdo que permita tanto a la Nación como a las provincias dejar atrás la eterna discusión por el reparto de los recursos, sin que nadie tenga que resignar soberanía. El propio gobernador se ocupó de aclarar que a pesar de no pertenecer al mismo espacio político, no lo verán poniendo palos a la rueda de la gestión de Macri; pero también resaltó que no le temblará el pulso en la defensa de los intereses de los misioneros.

Otro punto de la propuesta de Nación que deja dudas tiene que ver con la decisión de sacarle a la ANSES el 20 por ciento de Ganancias y entregarle a cambio el 100 por ciento del impuesto al cheque. Al establecer un fin determinado para el total de la recaudación de dicho tributo, el Gobierno contradice sus propios planes de eliminarlo progresivamente.

Otros compromisos

La discusión por el Fondo del Conurbano abrió el juego para debatir otras cuestiones relacionadas con la política fiscal, el reparto federal y el gasto de lo recaudado. En la última reunión, Macri les dejó en claro a los gobernadores que si pretenden frenar el reclamo de Vidal, deberán ceder en búsqueda de acuerdos que abarquen todos esos aspectos.

“Los gobernadores seguramente estaban preocupados por un fallo adverso de la Corte sobre el Fondo del Conurbano, eso seguro benefició a un mejor y mayor diálogo”, dijo el ministro del Interior Rogelio Frigerio, a una radio porteña.

El Gobierno nacional pretende utilizar esa preocupación de los gobernadores por un eventual fallo adverso de la Corte como herramienta de presión para negociar, entre otros cambios, una reducción en las alícuotas de Ingresos Brutos, que los gobernadores son reticentes a aplicar por obvias razones.

Al respecto, el propio Frigerio dejó en claro que “el impuesto de Ingresos Brutos es un impuesto totalmente distorsivo y se terminó convirtiendo en una fuente importante de financiamiento de las provincias, eso hay que cambiarlo”.

El Gobierno nacional pidió a las provincias que apoyen el proyecto de reforma tributaria presentado por Dujovne, especialmente en lo referido a reducir progresivamente las alícuotas de ingresos brutos hasta converger en un porcentaje unificado que pretenden se ubique en el orden del 1,5 a 2 por ciento.

El segundo requisito es que presten acuerdo para sancionar la Ley de Responsabilidad Fiscal. Provincias que vienen manteniendo un orden fiscal desde hace muchos años, como Misiones, no tienen reparos para apoyar esa norma ni complicaciones para cumplirla, pero otras provincias dilatan su tratamiento porque están muy lejos de mantener una relación lógica entre sus ingresos y sus gastos.

La última exigencia para las provincias es retirar todos los juicios iniciados contra la Nación relacionados a la distribución de recursos. Actualmente hay 56 acciones de ese tipo.

Reforma laboral

Si Macri cumplió con lo prometido en campaña en relación a buscar una solución política para el Fondo del Conurbano, no se puede decir lo mismo en lo referente a la reforma laboral. Hasta las elecciones del 22 de octubre el Gobierno nacional aseguraba que no tenía intención de avanzar en una reforma integral del sistema, sino que impulsaría acuerdos sectoriales que apuntarían a convenios colectivos particularmente generosos con los trabajadores.

Pero poco después de las elecciones, el propio Gobierno anunciaba que enviaría al Congreso un proyecto de reforma laboral que según el propio ministro de Trabajo procura limitar demandas indemnizatorias, reducir las cargas patronales, revisar el sistema jubilatorio y promover el blanqueo.

La iniciativa generó el previsible apoyo del sector empresarial, pero también un no menos previsible rechazo por parte de muchos sindicatos.

Uno de los que salió en defensa del plan del Gobierno fue el presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, quien sostuvo que con la iniciativa de reforma laboral que analiza el Gobierno “no se habla de bajar sueldos” y que “nadie va a precarizar el empleo” porque “sería absurdo”.

“Nos dirigimos hacia un mundo más tecnológico, más moderno y bueno. Nosotros tenemos una ley laboral que data de 1974, es antigua en algunas cosas. Hay cosas que hoy no tienen ningún sentido. Creo que esto será una discusión que tendrá que ser con los gremios”, dijo al diario porteño Ambito Financiero.

El titular de la Cámara de la Mediana Empresa (CAME) Fabián Tarrío, consideró que el proyecto “merece el reconocimiento que otorga la posibilidad de crear empleo en un ámbito de respeto hacia el trabajador. Estamos de acuerdo con las medidas incluidas que tienden a disminuir la litigiosidad laboral (termina con la responsabilidad solidaria por servicios subcontratados, ante la falta o incorrecta registración de un empleado se abonaría la multa directamente a organismos de Seguridad Social en lugar de al demandante, lo cual apunta contra la industria del juicio, etc.), las que impulsan el blanqueo laboral y las referidas al nuevo cálculo de indemnización por despido”.

En la vereda opuesta, desde la CGT plantearon que están de acuerdo con los puntos referidos al blanqueo laboral y a la extensión de licencias por paternidad, pero rechazaron lo que consideraron “el corazón del proyecto”, en referencia a los cambios propuestos a la Ley de Contrato de Trabajo.

Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, afirmó que “no estamos de acuerdo con la reforma laboral como fue presentada, hay unos cuantos ítems. Algunos son totalmente inaceptables, otros podrán ser discutidos”.

Uno de los más duros detractores del proyecto es el titular de Asociación Bancaria (AB), Sergio Palazzo, quien declaró a ese sindicato en estado de alerta y prepara una movilización nacional para antes del 10 de diciembre. El gremialista cuestionó que el proyecto de reforma laboral deroga “el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que establece el principio de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores”, y añadió que la iniciativa “elimina premios y presentismo, prácticamente todo, y solo sobrevive el salario básico con el único objetivo y propósito de que sea barato despedir, tal como procura el sector empresario”.

Otro punto de la reforma que cuestionan los sindicalistas es la exclusión de responsabilidades solidarias en actividades tercerizadas.

Militancia permanente

En el plano provincial, lo más destacado de la actividad política pasó por un multitudinario encuentro renovador realizado en Campo Grande, encabezado por Passalacqua y al que también concurrieron el vice, Oscar Herrera Ahuad, y los legisladores electos Maurice Closs, Ricardo Wellbach y Martín Cesino.

El gobernador llamó a dirigentes y a militantes a defender la mística misionerista y consideró que durante la campaña previa al triunfo electoral de octubre “hubo muchísimo trabajo, no ganamos por azar. No es que hicimos campaña por los estudios de televisión y por WhatsApp, las elecciones las ganamos en la calle. En la calle”, remarcó el mandatario.

“El país observa las elecciones que se hicieron en Misiones porque son especiales. En Misiones se mantiene intacta la mística. Y la mística se llama misionerismo que es la responsable de la victoria de la renovación”, insistió.

En coincidencia con los candidatos electos que lo antecedieron en el uso de la palabra, Passalacqua remarcó el concepto de “militancia permanente” y que las elecciones de octubre no fueron el punto de llegada sino el de partida. Además, hizo hincapié en el modo de entender la política, y que debe seguir cristalizándose en el accionar cotidiano. “Somos un proyecto político cercano, anti elitista, nos gusta estar juntos, nos gusta meternos en las casas de las personas, en sus hogares.  Mirarles a los ojos y ver las esperanzas y desesperanzas. Nadie  te lo va a contar, no se puede solucionar algo que se desconoce, no se puede dar respuesta si no se conoce el problema. Y sólo se conoce realmente el problema si se lo siente, si se lo ve, se observa y eso lo hemos hecho. Y nadie nos va a correr de ahí, nadie”, enfatizó.

Lucha contra la droga

En lo que podría marcar un antes y un después en materia de profesionalización de las fuerzas  de seguridad de Misiones, efectivos de la Policía provincial integrarán un grupo de elite interfuerzas que actuará en la región luego de ser entrenada por la DEA (la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos).

“Será un proceso de selección rigurosa. Ese grupo lo integrarán hombres de la Policía de Misiones y de las instituciones federales, como la Prefectura, la Gendarmería y la Policía Federal. A fin de mes, vendría personal de la Embajada de EEUU para iniciar el proceso. Y luego de distintas etapas elegirán a los uniformados, que serán entrenados en Estados Unidos”, detalló el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez.

Precisó que esta nueva herramienta de lucha contra el narcotráfico deberá articular con las autoridades nacionales, las provinciales y con la Justicia. No dependerá de la jefatura de ninguna de las fuerzas integrantes, sino que tendrá autonomía. “La Provincia aportará el inmueble para la central y los móviles, cada fuerza las armas y la DEA la tecnología necesaria. La intención es que este grupo se dedique a las investigaciones más complejas y vaya a fondo, más allá del narcomenudeo”, remarcó Pérez. El objetivo es que esta “DEA regional” vaya tras los peces gordos del narcotráfico en la región.



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