Diputados convertirán en ley el proyecto que pena la corrupción empresaria

El proyecto para penalizar a personas jurídicas que cometan delitos contra la administración pública fue avalado en un plenario de comisiones de Diputados.

La Cámara de Diputados se apresta a convertir en ley en una sesión especial el proyecto que penaliza la corrupción empresaria, luego de que el martes la iniciativa tuviera dictamen a favor de las modificaciones efectuadas por el Senado.

Por lo pronto, desde el oficialismo estiman que la iniciativa se convertirá en ley gracias al apoyo del massismo y del bloque Justicialista. Según indicaron fuentes parlamentarias, en Cambiemos creen que el proyecto tendrá una votación positiva. Por su parte, desde el Frente Renovador votarían a favor Responsabilidad Empresaria sale.

El FR votaría a favor en general, pero insistiría con cambios en particular. Por su parte, el espacio liderado por Deigo Bossio también apoyaría el proyecto de ley, mientras que tanto el Frente para la Victoria (FpV) como la izquierda (FIT) votarían en contra de la iniciativa.

El proyecto establece multas y hasta la quita de la actividad por un plazo máximo de diez años y la suspensión de participar en las licitaciones convocadas con el Estado Nacional, a aquellas empresas involucradas en delitos contra la administración pública.

Además, los legisladores debatirán la prórroga de la ley que suspende los desalojos en tierras habitadas por comunidades indígena. Dicha ley vence el próximo 23 de noviembre y ya cuenta con aprobación del Senado y con dictamen favorable de comisiones en Diputados. En la sesión también se debatirán modificaciones al Código Penal y a la Ley 23.737 de Estupefacientes, sobre actualización de penas y montos de las multas, y la designación de cuatro integrantes del Comité contra la Tortura, creado por ley en 2012.

En el Senado, la iniciativa que prorroga los efectos de la ley 26.160 fue aprobada por unanimidad el 27 de septiembre pasado, pese a los intentos previos del oficialismo por acotar el plazo de extensión a dos años.

La normativa fue sancionada en 2006 y estableció la suspensión por cuatro años de los desalojos, hasta que se terminara el relevamiento catastral de las tierras que históricamente ocupan los pueblos originarios, pero esa tarea nunca culminó.

Ante esa demora, los efectos de la norma fueron prorrogados por cuatro años más en dos oportunidades. Según un informe del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), hay 1.532 comunidades iden tificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, pero sólo 459 tienen el relevamiento completado. (Fuente: Ámbito)

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