Análisis semanal: La ambiciosa apuesta de Macri para bajar impuestos suma adhesiones y alimenta críticas  

Análisis semanal: La ambiciosa apuesta de Macri para bajar impuestos suma adhesiones y alimenta críticas  

Con bríos renovados luego del triunfo electoral, el Gobierno nacional finalmente mostró al país sus planes para reformar el sistema impositivo. Básicamente propone una reducción progresiva a un plazo de cinco años de los impuestos considerados regresivos. El equipo de Macri confía en que el crecimiento de la economía sumado a incrementos puntuales de impuestos, alcanzaría para evitar que se resienta la recaudación y con ello se agrande el déficit fiscal, una de las luces rojas más brillantes en el tablero de comando de Dujovne.

“Nuestros dos objetivos son bajar el déficit y bajar la presión impositiva”, definió el ministro de Hacienda durante la presentación del proyecto. La aparente incompatibilidad en las metas propuestas da cuenta de la osadía de la propuesta el Gobierno, pero también evidencia riesgos que deberán ser contemplados con detenimiento.

Como toda reforma, la que propone Macri para el sistema tributario toca intereses, lo que provoca que se alcen voces a favor y en contra, por izquierda y por derecha. Más allá de cuestionamientos puntuales y temores más o menos infundados, la sensación general es que una reforma tendiente a reducir la presión impositiva es necesaria.

El anuncio fue tomado con optimismo por el sector empresarial. “Es la primera vez que escucho a un presidente decir que va a bajar impuestos y que además parece decidido a hacerlo”, declaraba durante  la semana uno de los empresarios más emblemáticos del sector automotriz.

Pero también hay empresarios que se oponen al proyecto, puntualmente aquellos que pertenecen a los sectores alcanzados por alzas impositivas que serían de vigencia inmediata, como azucareras, fabricantes de gaseosas, cervecerías, productores vitivinícolas, entre otros.

Por otra parte, analistas económicos y funcionarios de Hacienda de varias provincias advierten que para compensar la baja que pretende aplicar el Gobierno nacional en impuestos nacionales y provinciales, se requeriría una tasa de crecimiento de la economía que está muy por encima de las previstas incluso por el equipo económico de Macri, con lo cual dan por descontado que de aplicarse el proyecto tal cual lo presentó Dujovne, tanto la Nación como las provincias verían menguadas sus recaudaciones.

Puntos salientes

Una de las principales novedades que plantea la reforma es gravar la renta financiera de personas físicas. El mínimo no imponible se estableció en 52 mil pesos anuales de renta neta, lo que implica –a tasas actuales- que quienes tengan plazos fijos por más de 240 mil pesos o Lebacs por más de 200 mil pesos, quedarían incluidos. La alícuota inferior es de 5 por ciento y se pagaría sobre la renta que supere el mínimo imponible.

Este punto responde a un reclamo histórico de sectores de la industria y de la producción y además cuenta con el aval del sentido común que sugiere que si todas las demás actividades de la economía están gravadas, también debería estarlo la financiera.

Analistas advierten sin embargo que una medida de esa naturaleza podría acarrear efectos negativos, como una eventual corrida de depósitos en plazo fijo hacia el dólar ni bien la moneda estadounidense muestre señales de aumentar. Señalan además que, de incorporarse un impuesto sobre los intereses, el ahorrista exigirá de manera lógica y automática una tasa de interés más elevada que compense el nuevo tributo, aumento que sería trasladado a los créditos.

Con intención de favorecer las inversiones, se propone bajar de 35 a 25 por ciento el impuesto a las ganancias a las empresas que reinviertan utilidades. La reducción se aplicaría de manera progresiva y llegaría a la tasa final de 25 por ciento en 2021. Otra medida en ese sentido es devolver saldos favorables de IVA de manera anticipada por inversiones. Ocurre que las empresas que hacen fuertes desembolsos acumulan cuantiosos saldos favorables de IVA que luego demoran mucho en descontar con sus ventas, el proyecto propone devolverlos en seis meses.

Puntos en debate

Como era de esperarse por la multiplicidad de intereses que afecta, la reforma generó preocupación y se dispararon advertencias de todo tipo respecto a cuestiones puntuales, sin embargo desde todos los sectores reconocen la necesidad de modernizar el sistema tributario.

Federalismo: En su presentación, Dujovne propuso reducir a la mitad la incidencia de Ingresos Brutos en el esquema tributario. Previsiblemente, la mayoría de las provincias rechazan esa posibilidad en tanto Ingresos Brutos es el principal instrumento de recaudación propia que tienen.

Jurisdicciones alineadas con el oficialismo nacional, como Ciudad y provincia de Buenos Aires, que se espera marquen el ejemplo ajustándose a lo que propone Nación ya anunciaron que bajarían Ingresos Brutos, pero antes se ocuparon de preparar el terreno aumentando sus impuestos inmobiliarios y tasas municipales.

La postura de la mayoría de las provincias es no resignar fondos, de manera que si Nación pretende que se reduzcan alícuotas de Ingresos Brutos, deberá primero garantizar otra fuente de ingresos. Ese punto seguramente será el más discutido cuando el proyecto del Ejecutivo sea tratado por el Congreso.

Coparticipación: Uno de los aspectos que atenderán con atención las provincias al momento del debate es cómo incidirán las modificaciones en la recaudación de fondos coparticipables. Al respecto advierten que la propuesta de computar el impuesto al Cheque a cuenta de Ganancias tendría un efecto negativo en la recaudación coparticipable, porque se seguiría recaudando el primer impuesto que coparticipa el 30 por ciento y se recaudaría menos ganancias que coparticipa el 64 por ciento.

Otro tema que genera malestar en las provincias es la constante crítica del Gobierno nacional a lo que llama “aduanas interiores”. Las provincias prefieren referirse a estas herramientas como puestos de control y los defienden en tanto permiten un control efectivo contra la evasión impositiva.

Subas al contado, bajas en cuotas: Así como hay quien critica la reforma por muy ambiciosa en su objetivo de reducir impuestos a costa de un posible desfinanciamiento de los estados nacional y provinciales, también surgen cuestionamientos por parte de economistas de corte liberal, que consideran que el proyecto se queda corto.

“En términos generales se observa que los impuestos que bajan lo hacen poco y en cuotas, mientras que los que suben lo hacen en forma importante y al contado. Parece también exagerada el aumento de impuestos al consumo vía la fuerte suba de impuestos internos, incluso a productos que ya los tenían. Se comprende las dificultades fiscales que heredó la administración Macri de la era Kirchner, con lo cual se acepta el gradualismo de bajar muy poco y en cuotas la carga fiscal”, escribió Guillermo Kohan en su última editorial para el Cronista.

El inefable Luis Espert fue un paso más allá y consideró que el paquete de medidas es “a la medida de empresarios, clientes o amigotes del gobierno y muy en contra de la gente”.

La crítica de ambos apunta a que el proyecto platea reducciones impositivas a plazos de varios años y en beneficio casi exclusivo de las empresas, mientras que establece aumentos puntuales e inmediatos que recaerían directamente sobre el consumidor.

Apoyo de las cámaras empresariales: La Asociación Empresaria Argentina (AEA) –que nuclea a las grandes empresas- publicó ayer un comunicado en el que apoya explícitamente la propuesta del gobierno nacional. “Los empresarios coincidieron en que resulta muy positivo para el país que desde el Gobierno se avance en un proyecto destinado a promover el desarrollo económico y la creación de empleo mediante la reducción de la elevada presión tributaria, una mayor formalización de la economía y que, simultáneamente, se reduzca de manera gradual el déficit fiscal”, indicó.

La Cámara de la Mediana Empresa (CAME) también expresó su apoyo, pero con reservas. “En general las medidas permiten incentivar la producción, aunque algunas de ellas merecen un debate más profundo y con activa participación de los sectores involucrados de todo el país”, sostuvo el presidente de CAME, Fabián Tarrío, quien también se mostró “preocupado porque en el texto difundido no se hace mención a políticas diferenciadas orientadas a las PyMES y las provincias fronterizas que enfrentan en la actualidad un problema de competitividad, e inquieta el impacto sobre las economías regionales”.

Los perjudicados: El proyecto prevé la suba de impuestos internos: whisky, coñac y otras bebidas blancas pasarían del 20 al 29%, las cervezas del 8 al 17%; los espumantes del 0% al 17% de manera gradual y los vinos y sidras de 0 a 10% también gradualmente. Las gaseosas y bebidas azucaradas también se verán afectadas, pasando de tributar de entre 4 y 8% a un 17%, según la cantidad de azúcar que posean.

Previsiblemente, cámaras empresariales que representan a sectores afectados por las subas, así como representantes de gobiernos provinciales de Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta cuestionaron ese aspecto de la reforma.

Otro de los Gobierno que alzó su voz contra lo anunciado por Dujovne fue el de Tierra del Fuego, pero en este caso no por una suba si no por una reducción de impuestos, la que grava la importación de artículos electrónicos. La gobernadora Rosana Bertone indicó que la industria de la electrónica es la principal fuente de empleo privado en esa provincia y consideró inadmisible la quita de impuestos a la importación, en tanto impediría a la producción local competir con lo que llega de afuera.

Misiones apoya

El gobernador Passalacqua anunció el apoyo de Misiones a las reformas impulsadas por Macri y anticipó que no habrá resistencia sino colaboración. Desde el gobierno provincial llamaron a no contagiarse de las lecturas pesimistas y a atender los aspectos positivos del proyecto.

Con el respaldo conseguido en las urnas el 22 de octubre, el Gobierno de Misiones no mira con recelo el crecimiento político de Cambiemos a escala nacional y reiteró su compromiso de acompañar todos los cambios que proponga la Nación siempre y cuando beneficien a los misioneros.

Bajo esa óptica, la Provincia está dispuesta a apoyar el paquete de medidas propuesto por el equipo económico de Macri, siempre y cuando los intereses de Misiones no se vean afectados en lo referente a la distribución de los fondos federales, ni se avasallen sus atribuciones constitucionales.

Justicia o persecución

Uno de los datos salientes de la semana fue la detención del ex vicepresidente Amado Boudou, que así se sumó a una larga lista de personajes del universo kirchnerista que fueron detenidos en los últimos meses sin tener una condena. El operativo policial hollywoodense que incluyó la filtración de fotografías del momento de la captura, fue festejado de manera efusiva por un amplio sector de la población que interpreta que la justicia al fin está poniendo tras las rejas a los corruptos.

Sin embargo, crece la cantidad de personas que advierten inconsistencias en el accionar de jueces que duermen o aceleran las causas según el color del ejecutivo de turno. Quienes cuestionan estos procesos ven un abuso en la utilización de la prisión preventiva, reservada para aquellos acusados que se sospecha podrían interferir en el desarrollo de las investigaciones, y recuerdan que el principio que rige es la libertad mientras se sustancian los procesos.

En ese punto, cuesta justificar que los mismos jueces que no detuvieron preventivamente a hombres fuertes del kirchnerismo cuando sí tenían posibilidad de interferir en la justicia, lo hagan ahora que ya no forman parte del gobierno y sus capacidades de influir son nulas.

El caso del ex vicepresidente es paradigmático, en abril de 2012 un juez allanó su coqueto departamento en Puerto Madero, Boudou hizo un escándalo mediático y logró que apartaran de la causa al fiscal, al juez y que renunciara el Procurador General de la Nación. En ese momento el juez Ariel Lijo –que ya lo investigaba- no consideró que podría obstruir a la justicia, pero cree que ahora sí puede hacerlo.

Algo parecido podría decirse de De Vido, que fue detenido hace pocos días en el marco de la causa Skanska, uno de los primeros escándalos de corrupción del Kirchnerismo. La investigación por supuesto pago de coimas durmió por más de diez años y se reactivó en los últimos meses. Nuevamente la prisión preventiva llega cuando el investigado se aleja del calor del poder.

Incluso dirigentes que forman parte de Cambiemos cuestionaron el accionar de la justicia, tal el caso del radical Facundo Suarez Lastra quien expresó a través de su cuenta de Twitter que “los que queremos a los corruptos presos debemos  custodiar el debido proceso y no avalar las actuaciones de los jueces que incumplieron su deber” y luego aclaró: “no defiendo ladrones, los quiero ver presos, estoy seguro que son culpables, no compro la actuación de jueces que los encubrieron por años”.

El acento en la gestión

En lo que respecta a la actividad política provincial, la semana que pasó fue intensa en materia de acciones de gobierno.

Se destacó el histórico operativo antidrogas llevado a cabo en la madrugada del jueves en Montecarlo y que tuvo como saldo el secuestro de alrededor de ocho toneladas de marihuana y la detención de de tres hombres.

La operación fue destacada por la Nación y alimentó la reputación de “azote del narcotráfico” que supo construir el ministro de Gobierno misionero, Marcelo Pérez. Desde el área destacaron que la incorporación de tecnología y la voluntad y honestidad de los policías resulta fundamental para avanzar en el combate contra la delincuencia.

Luego de intensa semana de gestiones, anuncios e inauguraciones el tándem Passalacqua – Oscar Herrera encabezó el viernes una reunión con los vecinos de Posadas en la que  recibieron afecto y cariño. En barrio San Isidro los vecinos se sorprendieron cuando encontraron al gobernador compartiendo un guiso en la casa de una familia de oleros.



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