En América Latina, 7 de cada 10 hogares no logran mínimos simultáneos de inclusión social y laboral

Desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),  organismo regional de las Naciones Unidas, presentaron los resultados de un nuevo estudio en el marco de la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social en Montevideo, Uruguay. En ese marco, realizaron un llamado a articular políticas económicas, sociales y ambientales para lograr la doble inclusión social y laboral en la región, con base en la necesidad de un cambio en el estilo de desarrollo.

En el último decenio y medio, los países de América Latina y el Caribe avanzaron por medio de la adopción de políticas y programas que permiten enfrentar el doble desafío de la inclusión social y laboral de la población, pero estos progresos son insuficientes para alcanzar el desarrollo con igualdad y sostenibilidad y existe un riesgo de retroceso en la actual coyuntura de bajo crecimiento, señaló hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Esta es una de las principales conclusiones del documento Brechas, ejes y desafíos en el vínculo entre lo social y lo productivo, que fue presentado oficialmente por la Secretaria Ejecutiva del organismo regional, Alicia Bárcena, durante la Segunda Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, el miércoles en Montevideo.

Al examinar encuestas de hogares de 17 países de América Latina para el período 2002-2015, la CEPAL concluye que “menos de tres de cada 10 hogares de América Latina se encuentran en una situación de niveles mínimos de doble inclusión, es decir, satisfacen los mínimos de inclusión social y laboral simultáneamente”.

El concepto de doble inclusión, social y laboral, remite, por un lado, al acceso universal a la educación, la salud y la protección social, así como a infraestructura básica (energía, agua potable y saneamiento), y, por el otro, al trabajo decente, o sea, a empleos de calidad, remunerados en condiciones dignas, con acceso a derechos y a la protección social. Esta nueva aproximación metodológica busca complementar las mediciones que tradicionalmente ha llevado a cabo la Comisión en materia de pobreza y desigualdad de ingresos en la región.

En el documento, la CEPAL destaca que, como promedio simple de los países de la región, el porcentaje de hogares con niveles mínimos de doble inclusión ha aumentado del 20,4% en 2002 al 29,2% en 2014, bajando al 28,6% en 2015; en tanto que el porcentaje de hogares en doble exclusión ha bajado del 44,1% al 33,0% entre 2002 y 2014, elevándose al 33,3% en 2015.

“En términos absolutos, 56,5 millones de hogares (en los que vivían 172,5 millones de personas) habían alcanzado esos niveles mínimos de doble inclusión en 2015, mientras que 39,2 millones de hogares (145,6 millones de personas) estaban en condición de doble exclusión en el mismo año”, señala el texto.

El informe que se presenta en Uruguay constata diferentes barreras para la inclusión social o laboral, asociadas a las desigualdades  socioeconómicas, de género, étnico-raciales, territoriales y por edad experimentadas por las personas. Todas esas dimensiones constituyen ejes estructurantes de la matriz de la desigualdad social en la región.

“La doble inclusión es una realidad aún lejana para la gran mayoría de la población rural. Esto se debe tanto a la falta de acceso a infraestructura básica y a los bajos niveles educativos, como a la desprotección en el trabajo”, advierte la CEPAL en el texto. Los porcentajes de doble inclusión son también mucho más bajos en la población indígena y afrodescendiente que en el resto de la población, advierte.

El documento alerta, asimismo, que el mundo del trabajo está siendo impactado dramáticamente por los acelerados cambios tecnológicos, la mayor complejidad de las cadenas globales de valor, los retos ambientales y algunas tendencias demográficas como la migración y el envejecimiento de la población, lo cual exige capacidad de anticipación y de adaptación por parte de gobiernos, sector privado y organizaciones sindicales.

Es indispensable, plantea la CEPAL, contar con buenos sistemas de información sobre la estructura productiva y los mercados laborales y servicios eficaces de intermediación de mano de obra y de calificación de la fuerza de trabajo. El rol de los sistemas educativos, en especial de la educación técnica y profesional, es clave en este sentido.

También es necesario ampliar y fortalecer los sistemas de protección social y los espacios de diálogo y negociación entre los actores del mundo del trabajo para mitigar los posibles efectos negativos de esos cambios sobre el empleo y los derechos de las personas y para distribuir más equitativamente sus beneficios.

“Los más de 162 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años que viven en América Latina y el Caribe son agentes centrales para lograr el cambio productivo y el desarrollo sostenible”, sostiene el estudio, que también pide fortalecer las políticas sociales a lo largo del ciclo de vida, con foco en la infancia, la adolescencia y la juventud.

Por otra parte, como forma de orientar a los países en el diseño de políticas, la CEPAL hace un amplio análisis de la dimensión social de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la comunidad internacional en 2015. Utilizando el concepto de “pilar social extendido”, el organismo verifica que todos los ODS, no solo aquellos con metas sociales explícitas, tienen claras implicancias para el desarrollo social de la región.

“Lograr los objetivos de una agenda centrada en la igualdad, en un horizonte de tiempo como el que establece la Agenda 2030, exige un cambio del estilo de desarrollo predominante y la implementación de políticas económicas, industriales, sociales y ambientales que deben alinearse con un cambio estructural progresivo”, subraya la Comisión.

El desarrollo sostenible no es alcanzable si se mantiene o se incrementa la “huella social” del modelo de desarrollo vigente, es decir, los altos niveles de pobreza, la desigualdad, los déficits de trabajo decente, la desprotección social y la vulneración de derechos de la población, concluye el organismo.

La ceremonia en Montevideo fue encabezada por Rodolfo Nin Novoa, Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, quien habló en representación del Presidente Tabaré Vázquez; Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Marina Arismendi, Ministra de Desarrollo Social de Uruguay, y Jessica Faieta, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

 

 

 

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