“ENTREGA DE BOLSONES” y “ACARREO DE GENTE”. No es un error de imprenta. Así, con mayúsculas y en negritas, la Junta Electoral Nacional con sede en Tucumán señaló las acciones que, de ser detectadas en las vísperas de las elecciones del domingo, motivarán la intervención de las fuerzas de seguridad federales y provinciales.
¿Cuáles serán las consecuencias? A través de una resolución, el organismo a cargo de los comicios para diputado nacional advirtió que, en caso de reparto de mercadería a los votantes, se detendrá a los presuntos responsables. Además, si sorprenden a “movilizadores” transportando a ciudadanos desde las casas a las escuelas -o viceversa-, se secuestrará el vehículo y se consultará a las autoridades judiciales qué medidas a tomar.
Ayer, el secretario electoral nacional de Tucumán, Rogelio Rodríguez del Busto, leyó estas disposiciones a los apoderados de los cuatro partidos en pugna: el Frente Justicialista por Tucumán (representado por Marcelo Caponio), Cambiemos para el Bicentenario (por Arturo Forenza -H-), Fuerza Republicana (por Nadima Pecci, que además es candidata) y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (por Alejandra del Castillo).
Rodríguez del Busto consignó que la Junta Electoral Nacional, integrada por Daniel Bejas (juez federal con competencia electoral en Tucumán), Ricardo Sanjuán (presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán) y Antonio Gandur (titular de la Corte de Justicia provincial) había previsto una serie de medidas de seguridad y vigilancia.
“La Junta encomienda al Comando Electoral que si se advierte la entrega de bolsones (en negritas y mayúsculas) se proceda a la inmediata detención de las personas que estén actuando; y que en caso de advertir la presencia de vehículos llevando a cabo el acarreo de gente (otra vez, negritas y mayúsculas) a los establecimientos escolares se proceda a interceptar los mismos, ordenar el descenso de los pasajeros y requerir instrucciones sobre disposición alguna respecto del vehículo y su conductor”, señala el texto, al que accedió LA GACETA. Según las fuentes consultadas, estos controles serían asignados a personal de una repartición especial de la Policía Federal Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
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