Aduaneros presos en Posadas: la historia completa de una investigación que apunta a desnudar los negocios turbios en el puente internacional

El 24 de agosto de 2016, el ingeniero Fernando Garnero, administrador de la Aduana de Posadas, denunció ante la Justicia Federal que había notado situaciones irregulares en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une la capital de Misiones con Encarnación, Paraguay. Dijo que en distintas ocasiones, cuando llegaba al paso, notaba que de manera intempestiva vehículos con matrícula paraguaya giraban y volvían hacia el vecino país. También que por las cámaras de seguridad había visto escenas parecidas.
Agregó que llegó a detectar rodados paraguayos que eludían a las autoridades del predio y hasta las estructuras de la cabecera del puente dispuestas para el control.
Todo era muy llamativo. Ante la presentación, la Fiscalía interviniente determinó que ese mismo día cuatro rodados con matrícula paraguaya habían sido interceptados con contrabando en su interior dentro de la ciudad de Posadas. Es decir, ya habían pasado la zona primaria aduanera. Evidentemente, habían sorteado todos los controles.
El fiscal Diego Sther pidió el listado del personal de Aduanas que ese día había trabajado en el puente. Y el 6 de octubre fueron intervenidos los teléfonos de todos los funcionarios.
Así empezó la causa que el martes derivó en una serie de allanamientos simultáneos que dejó como saldo la imputación de los siguientes funcionarios de la DGA: Ariel Orlando Alfonso (o Alfonzo), alias «Kiwi»; Bernardino Castor Esquivel; Lorenzo René Juárez, apodo «Indio»; Francisco Antonio Llorente y Roberto Eduardo Zalazar. A todos se los acusa de «asociación ilícita en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho».
El expediente se tramita en el juzgado de María Verónica Skanata, quien en las próximas horas debe resolver el pedido de excarcelación de cuatro de los funcionarios que están privados de su libertad, alojados en la delegación Posadas de la Policía Federal Argentina, sobre la calle Ayacucho.
Los cuatro aduaneros apresados se abstuvieron de declarar, luego de escuchar la siguiente imputación:
para la jueza, ellos, el funcionario imputado pero que está en libertad «y un número indeterminado de personas de ambos sexos aún no identificados, habrían formado parte de una organización criminal, con permanencia en el tiempo o, que tenía como objetivo principal permitir y/o facilitar el ingreso al país, en forma ilegal, de mercadería de origen extranjero a través del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, generalmente a cambio del pago de una suma de dinero. En efecto, para lograr este cometido, los nombrados en su calidad de funcionarios públicos, ya que se desempeñaban como agentes de contralor de la Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General de Aduanas, con funciones en el mencionado paso fronterizo, con incumplimiento o en falta de sus deberes innatos a sus cargos, presuntamente entablaban previamente contacto telefónico con personas de nacionalidad paraguaya, ‘paseros’ y/o particulares de esta región y acordaban el día, la hora y el carril de control aduanero por el que debían cruzar la frontera, a efectos de ingresar mercadería prohibida o evitar el pago de los tributos con que es gravado todo artículo de procedencia extranjera que ingresa al país, obteniendo de este modo un beneficio económico, ya que cada una de las personas que transportaba (ya sea en auto, moto o a pie) objetos de esas características les entregarían en contraprestación una determinada suma de dinero, la cual ingresaba al patrimonio de cada uno de los integrantes. En algunos casos, permitían el ingreso de personas, sin recibir dinero a cambio, por ser amigos, conocidos, parientes de los involucrados y/o integrantes de alguna fuerza de seguridad».
El elemento de acusación contra los aduaneros son las escuchas telefónicas, hechas por el Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina. Hay horas y horas de conversaciones, las cuales fueron desgrabadas a pedido de la jueza Skanata. Allí hay charlas de los aduaneros bajo sospecha con presuntos paseros y amigos. Lo que más se repitió fue el pedido de favores para pasar desde artículos para armar una pecera hasta notebooks, sábanas e hidrolavadoras, por ejemplo. Se detallan horarios, días en que la frontera estaba «blindaba», y qué «jugadores» estaban de turno, en alusión a los aduaneros.
Para la magistrada, había una «asociación ilícita». Los abogados defensores ya plantearon su rechazo, porque consideran que esa figura, que requiere de una organización rigurosa, con jefes, organizadores y otros roles, no se ajusta a este caso. Por eso pidieron la liberación de los que están presos, ya que argumentaron que no hay riesgo de fuga, porque todos tienen residencia (arraigo) en Misiones y ninguno podría entorpecer la investigación.
El puente internacional San Roque González de Santa Cruz es el segundo paso fronterizo de importancia en Argentina, después del aeropuerto de Ezeiza. Ha sido siempre parte del «folklore» fronterizo maniobras para el ingreso de mercancía, sin pagar los aranceles aduaneros. En esta ocasión, la Justicia cree haber intervenido ante una situación que estaba fuera de control.

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