El Fondo del Conurbano Bonaerense, tan mentado por estos días a raíz de la presentación de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ante la Corte Suprema de la Nación para que, no solo se le quite el tope de 650 millones de pesos que percibe, sino que además se le reintegre lo adeudado desde que le instauró el tope.
El verdadero nombre del cuestionado fondo es Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, creado por ley en 1992 para equilibrar lo que recibía la provincia de Buenos Aires en concepto de coparticipación, compensación que Eduardo Duhalde puso como condición para aceptar ser candidato a gobernador de la provincia más rica del país y se financia con el 10 por ciento de la recaudación del Impuesto a las Ganancias.
El argumento de Duhalde, en aquel momento fue que la provincia de Buenos Aires estaba retrasada desde hacía años en el reparto de los impuestos por la Ley de Coparticipación Federal y que en el conurbano bonaerense “viven muchas personas que llegaron de distintas provincias”, o sea que lo que pretendía era una compensación por la migración interna producida en muchos casos como consecuencia de los efectos de las políticas económicas aplicadas por los Gobiernos nacionales y su impacto en las economías regionales. Como el que hoy padece la provincia de Misiones y otras provincias fronterizas debido a las asimetrías con Paraguay y Brasil.
Posteriormente, en 1995 se sancionó la ley 24.621 que impuso un tope de 650 millones de pesos (en ese momento equivalente a dólares por la vigencia de la ley de Convertibilidad) de lo destinado a la provincia de Buenos Aires y el resto de ése 10 por ciento de lo recaudado por Ganancias se comenzó a repartir entre el resto de las provincias, de acuerdo al coeficiente de la Ley de Coparticipación Federal.
Conforme a las fechas en que las provincias fueron notificadas e invitadas a presentar sus posturas ante el máximo Tribunal judicial de la Nación, recién a fin de año estarán presentadas todas las posturas de la provincias y si a esto le sumamos los tiempos que se toma la Corte para emitir sus fallo, es posible que la indefinición llegue hasta mediados del 2018 lo que daría margen para lograr un acuerdo político o cumplir con la cláusula transitoria sexta de la Contitución reformada de 1994.
En la cláusula transitoria sexta de la Constitución Nacional reformada en 1994 se establece que se trate en el Congreso de la Nación un nuevo esquema de coparticipación federal, la misma disposición transitoria establece que la ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no pudiendo ser modificada unilateralmente, ni reglamentada, debiendo ser aprobada por las provincias.
A 23 años de la reforma de la Constitución Nacional el Congreso de la Nación no ha cumplido con la cláusula transitoria sexta de tratar una nueva ley de coparticipación federal que pondría un poco de justicia en el reparto de los fondos que se recaudan por impuestos.
Pero, volviendo al Fondo del Conurbano Bonaerense, reiteramos que se trata del reparto del 10 por ciento de lo recaudado por el Impuesto a las Ganancias, de los cuales desde 1995 la provincia de Buenos Aires recibe un monto fijo de 650 millones de pesos y el resto se reparte entre las demás provincias y ahí está el reclamo de Buenos Aires, que se elimine el tope y que, además, se le reintegre la totalidad de lo que no cobro desde la imposición del tope.
Lo que en realidad debería discutirse en este momento es si este fondo de Reparación Histórica que se le cedió a la provincia más rica de la Argentina es una compensación justa o debería eliminarse en pos de una distribución más equitativa de los fondos que aportamos todos los habitantes del territorio nacional.
(*) Periodista
