En línea con lo requerido por la fiscal federal Adriana Zapico, el Juzgado Federal de Santa Rosa dispuso la elevación a juicio de tres personas, en el marco de una causa donde se investiga una red que explotaba mujeres en situación de vulnerabilidad en el prostíbulo «El Delfín», ubicado en la localidad de General Acha. Entre los imputados se encuentra Sebastián Andrés Sancho, acusado del delito de violación de los deberes de funcionario público ya que, en su carácter de Juez Municipal de Faltas con competencia en la localidad de General Acha, levantó la clausura del prostíbulo dispuesta por la justicia federal luego del primer allanamiento. Las otras dos personas que llegarán a la instancia de debate oral y público son la dueña del prostíbulo, Marta Arminda Silva y su hijo, Carlos Raúl Silva, quienes deberán responder por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Los hechos habrían ocurrido, al menos, entre el 1 de noviembre de 2011 y el 5 de julio de 2012.
La mujer está acusada de haber recibido al menos a cinco mujeres en situación de vulnerabilidad para explotarlas en su local nocturno. Su hijo, en tanto, habría participado junto a otro hombre en el traslado y recepción con fines de explotación sexual de una joven oriunda de la provincia de Misiones, mediando engaño y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad para explotarla sexualmente en el boliche de su madre.
De acuerdo a las pruebas recolectadas, el hombre vivía en la casa de su madre junto a las víctimas. Para el Juzgado, “no podía desconocer la situación en que las mujeres se encontraban, ni la labor que desarrollaban en ‘El Delfín’, ni la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban”.
En cuanto al imputado Sancho, la fiscal federal indicó que éste “violó abiertamente sus deberes de funcionario público, contrariando-sin justificación alguna que amerite su proceder- frente a la expresa disposición de la Sra. Fiscal federal con relación a la clausura del local”.
De manera coincidente, el Juzgado Federal de Santa Rosa señaló que el levantamiento de la clausura preventiva ordenada por una funcionaria judicial del MPF en pleno ejercicio de sus funciones y sin siquiera cerciorarse mínimamente de los motivos que llevaron a la autoridad a ordenarla, configura la conducta ilícita que prescribe el artículo 247 del Código Penal.
“El imputado actuó dentro de su esfera de autoridad, ahora bien esa actuación resultó abusiva, ya que al dictar una resolución carente de todo tipo de fundamentación por la que levantó una clausura en tiempo récord –en menos de 24 hs.-, sin el mínimo recaudo legal y que había sido ordenada por una funcionaria judicial en el marco de sus atribuciones y en una causa donde se había acreditado prima facie la ocurrencia de graves delitos, termina por dar cuenta, a esta altura procesal, que la acción cometida por el imputado se llevó a cabo a sabiendas de la contrariedad del acto”, señala el auto de elevación a juicio.
En la causa había una cuarta imputada, Nicolasa Beatriz Cárdenas, quien cumplía el rol de encargada del boliche, a quien el juzgado le dictó falta de mérito en 2013. A su vez, hubo dos funcionarios públicos investigados: María Elena García y Luis Javier Bassa, quienes se desempeñaban como intendenta de la ciudad de General Acha y ex secretario de Gobierno del municipio, respectivamente, y que fueron sobreseídos. Esta decisión fue apelada por el fiscal de instrucción de ese momento, Juan Baric. Sin embargo, en febrero de 2015, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la medida sobre ellos y Cárdenas. Finalmente, en agosto de 2016 se declaró extinguida la acción penal por prescripción respecto de Bassa y García, quienes se encontraban acusados del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La causa se inició el 8 de noviembre de 2011 mediante un requerimiento de instrucción realizado por el MPF, donde se solicitó el allanamiento y clausura del local nocturno “El Delfin”, ubicado en el kilómetro 27,5 de la ruta provincial n°152. La instrucción de la causa estuvo a cargo primero de la fiscal Marta Odasso, luego de Juan Baric y finalmente de Adriana Zapico.
Los allanamientos
El primer operativo se llevó adelante el 11 de noviembre de 2011. En esa oportunidad, se constató la presencia de dos mujeres, una de nacionalidad paraguaya y otra argentina. Pero, a través de otros hechos, se determinó que también había, al menos, cuatro mujeres más, oriundas de la provincia de Misiones. En esa oportunidad, también se encontraron preservativos, libretas sanitarias y una habitación aledaña a la que se podía ingresar a través de una puerta de reja y que tenía un colchón en el suelo y un recipiente con preservativos utilizados.
Como resultado, el local quedó clausurado por pedido de la fiscal interviniente, Marta Odasso. Sin embargo, el entonces juez regional de faltas, y ahora imputado, levantó esa medida por entender que “no se había cometido falta alguna”.
Un tiempo después, en junio de 2012, en el local se registraron las agresiones y golpes que sufrió una de las víctimas que era explotada y que habrían sido propinadas por un“cliente” que se encontraba en el lugar. Esto motivó a que la joven realizara una denuncia en la que detalló que se encontraba en el lugar junto a otras cuatro mujeres “alternadoras”. Esta situación derivó en una solicitud por parte del MPF de un nuevo allanamiento en el lugar y en el domicilio particular de la dueña. Esos operativos se llevaron a cabo el 16 de junio de ese mismo año.
En el domicilio particular fueron encontrados tres hombres, entre los cuales se encontraba el hijo de la dueña del prostíbulo, mientras que en el boliche se encontraban presentes la encargada y dos víctimas. Además, se logró el secuestro del denominado “libro de pases”, libretas sanitarias y talonarios dentro de un recipiente con anotaciones de nombres de pila femeninos. Asimismo, se les tomó declaración testimonial a dos víctimas.
Declaración de las víctimas
A través de la pesquisa llevada adelante, se pudo establecer que allí trabajarían mujeres como “coperas” y que en ese lugar se llevarían a cabo los denominados “pases” con “clientes” del bar a cambio de un precio que pactaban con Silva, quien les retenía el 30 por ciento. Las mujeres detallaron que todas vivían con la dueña del local en su casa, que ella les alquilaba una habitación y que todos los gastos debían pagarlos ellas a partir de lo que ganaban en el local. Asimismo, afirmaron que no tenían días francos ni contaban con permiso para salir del lugar cuando no se encontraban trabajando, por lo cual se sentían controladas. Por otra parte, también señalaron que debían devolver los gastos del traslado hacia el lugar, que habían sido solventados por Silva.El dinero que les quedaba como ganancia se lo entregaban a Silva quien, con la excusa de haberlo depositado en el banco por razones de seguridad, se negó sistemáticamente a entregárselos. De esta manera, generó una situación de total dependencia por parte de las víctimas. En una oportunidad, luego de reiterados reclamos, amenazó a una de ellas con una multa si no iban a trabajar, mientras que a otra le negó cualquier ganancia que pudiera corresponderle.
Salvo para los gastos de comida y alojamiento, ninguna tenía dinero disponible para solventarse los pasajes en caso de querer regresar a su lugar de origen.
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