El juez federal porteño Sergio Torres, a través de una resolución, enviada al Juzgado Federal Nº1 de Corrientes solicitó que se informe quienes fueron las personas que financiaron la campaña política del ex intendente de Itatí, Roger Terán y el vice Favio Aquino.
El pedido se realizó en el marco de la mega causa donde se investiga una banda de narcotraficantes a quienes el mes pasado se confirmó su procesamiento.
“No entiendo por qué se hace este pedido en esta instancia, cuando el expediente se encuentra en manos del fiscal para que determine si la causa puede ser elevada a juicio. Además el informe que solicita el juez no define nada. Parece que creen que la campaña se hizo con millones de pesos. Todo esto está sobredimensionado. Es más un show mediático. Hablé con Terán y me contó que la plata para la campaña se juntó entre vecinos, pero no hubo aportantes fuertes en dinero. Es por eso que no hubo pegatinas”, explicó en diálogo con El Litoral, el abogado Roberto Herrera.
“Nosotros estamos a la espera de que la causa sea remitida al Tribunal Oral, porque allí se verá que es insostenible la acusación contra Roger Terán, porque no hay nada. Estamos esperando que el fiscal Stornelli se expida. De todas maneras hemos solicitado que se nos exhiban las escuchas donde supuestamente involucran a Terán. Pedimos los audios completos, no solamente las partes que se usó para imputarlo”, afirmó.
Al ser consultado, cómo se encuentra el ex jefe comunal, precisó que, “está muy desesperado e impaciente. Para una persona que es inocente es muy difícil todo esto. Ve que pasan los días, y nadie define nada. Hemos solicitado un par de medidas probatorias, que están en curso, para seguir demostrando que Terán no tiene nada que ver con una banda de narcotraficantes.
Cabe recordar que el ex jefe comunal de Itatí fue detenido a principios de marzo tras un gran despliegue de Gendarmería Nacional en el denominado operativo Sapucay.
Junto a otras 17 personas que están detenidas en Buenos Aires, se los procesó por ser considerados miembros de una asociación ilícita en concurso real con el delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes- en la modalidad de comercio- en calidad de coautores, agravado por haberse servido de menores de 18 años y por la intervención de funcionarios públicos.
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