El ministerio del Agro denunció dos nuevos casos de incumplimiento en los precios de la materia prima para elaborar yerba mate. En ambos casos la empresa compradora es SACSA, firma radicada en San Luis, propiedad de un integrante de la familia Navajas y habitual proveedora del grupo empresario correntino Las Marías. La Provincia pedirá al INYM que los operadores yerbateros se sometan a jurisdicción de tribunales ordinarios o federales con asiento en la región.
El titular de la cartera agraria provincial, José Luis Garay, indicó que desde esa área denunciaron ante el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) dos nuevos casos de incumplimiento en los precios de la hoja verde, que se suman a la presentación que ya había hecho un productor de San Pedro por el mismo motivo. En los tres casos la denunciada es Servicios Agrícolas Comerciales SA (SACSA), empresa radicada en San Luis que acopia materia prima en Misiones y la vende a la industria.
Las denuncias están respaldadas por documentos que demostrarían que la empresa en cuestión aplicaba descuentos por “pronto pago” a los productores a los que compraba materia prima. La aplicación de este descuento es considerada un incumplimiento de los precios oficiales, que según consta en la ley yerbatera, son pagaderos al contado.
SACSA es de Roberto Eduardo Navajas, familiar de los propietarios del grupo Las Marías, con domicilio particular declarado en el propio establecimiento Las María y proveedor habitual del grupo empresario correntino. Sin embargo desde la compañía asentada en Gobernador Virasoro se ocuparon de aclarar que no controlan a SACSA, sino que es “uno más” de sus proveedores.
El hecho de que la empresa esté radicada en San Luis complica los procesos judiciales, ya que los expedientes deben tramitarse en esa provincia, a casi dos mil kilómetros de los denunciantes que encuentran serias dificultades para cumplir con las presentaciones requeridas.
Para evitar eso inconvenientes, desde el ministerio del Agro solicitaron al INYM que exija que todos los operadores habilitados para comerciar con yerba mate deban someterse a la jurisdicción de los tribunales ordinarios o federales, en los casos en que estuvieran involucradas más de dos provincias.
“Corresponde que se ponga a todos los industriales y acopiadores en un pie de igualdad a fin de que cualquier controversia pueda ser diluida llevando los procesos a lugares lejanos. Una justicia a 2.000 kilómetros de lugar que habita el productor no es justicia”, indicó Garay.
El ministro del Agro indicó además que para evitar vacios legales o zonas grises, la Provincia pidió al directorio del INYM que cuando defina precios, también establezca plazos de pago. “Nuestros productores tienen cheques que van a ser cobrados a mediados del año que viene por yerba que se entregó este año”, dijo.
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