Fiscales antinarcóticos coinciden en que en la región el crimen organizado actúa como una empresa y que faltan más herramientas para enfrentarlo

Fiscales antinarcóticos coinciden en que en la región el crimen organizado actúa como una empresa y que faltan más herramientas para enfrentarlo

La semana pasada se llevó a cabo en Posadas la IV Jornada de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público, evento que contó con la participación de magistrados y funcionarios, tanto del ámbito nacional como internacional. Los fiscales y representantes del Ministerio Público de la Nación que integraron los distintos paneles coincidieron en la necesidad de articular esfuerzos entre todos los actores involucrados en la persecución del delito, intentando dirigir la persecución penal hacia el ascenso en la cadena de responsabilidades y la investigación patrimonial, entendiendo al crimen organizado como una empresa.
El fiscal federal Diego Iglesias, cotitular de la Procunar, intervino en el panel que abordó la narcocriminalidad y, más tarde, actuó como moderador de la mesa de trabajo dedicada a “Hidrovía y Crimen Organizado”, donde –conjuntamente con los federales de Corrientes y Formosa, Carlos Schaefer, Flavio Ferrini y Luis Benítez, respectivamente- se analizó la causa conocida como “Narcoaviones”, que en abril pasado derivó en condenas de hasta 20 años de prisión para los integrantes de una organización criminal que ingresaba estupefacientes desde Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú, mediante vuelos clandestinos. También se analizó la investigación –actualmente en curso- en torno a la organización narcocriminal que, con base en la localidad correntina de Itatí, ingresaba estupefacientes desde la República de Paraguay, y cuyo avance permitió identificar la participación de integrantes de fuerzas de seguridad y del municipio local.
Por su parte, el fiscal general cotitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá, expuso en el panel dedicado a “Lavado de Activos o Segunda oportunidad”, junto al juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti, y representantes de la UIF y el Ministerio de Justicia de la Nación, mientras que el fiscal federal y coordinador del Distrito Chaco, Federico Carniel, disertó en la panel “Crimen Organizado como Empresa”.
Estuvieron presentes también los fiscales federales de la provincia de Misiones Rubén González Glaria, Vivian Barbosa, Viviana Vallejos, Jorge Campitelli y Lilian Delgado. En tanto, los secretarios de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y de la Procunar, Lucio López y Matías Álvarez, respectivamente, intervinieron en paneles focalizados en temáticas específicas vinculadas a cada una de esas procuradurías especializadas.
El fiscal federal de Formosa, Luis Benítez, disertó sobre Cooperación Penal Internacional, e hizo hincapié en la necesidad de generar mecanismos de cooperación adecuados a la realidad de cada frontera. Sugirió a los representantes presentes de los países limítrofes que se analice la posibilidad de crear un marco normativo que permita a los Estados de frontera y ciudades gemelas enfrentar en forma coordinada y conjunta las exigencias delictuales en sus diversas modalidades.
En este sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal expresó que “las actuales herramientas de cooperación internacional son insuficientes y poco eficaces en la persecución de delitos en zonas de fronteras; ello, debido a la integración intensa y caótica en estas franjas limítrofes que carecen de legislación que pueda dar una respuesta a la comunidad y evitar la impunidad”.
Benítez también destacó la necesidad de un Derecho Internacional de Frontera, ya que “la persecución penal en ciudades de frontera es diferente a las de los gobiernos centrales o ciudades alejadas a esas zonas, por cuanto la coexistencia de las normativas de los estados impiden imprimirle celeridad a las investigaciones”.
El fiscal concluyó remarcando que se requiere un proceso multijurisdiccional basado en la cooperación judicial de las naciones involucradas, que permita a los Estados de frontera y ciudades gemelas, enfrentar en forma coordinada y conjunta las exigencias delictuales en sus diversas modalidades, ya que la situación geográfica es utilizada por las organizaciones delictivas para lograr impunidad, aprovechando las dificultades de las autoridades judiciales y policiales para recabar las pruebas en forma inmediata. “Actualmente, la normativa vigente obliga a requerir al gobierno central la gestión de medidas urgentes para el esclarecimiento de un hecho que trasciende la frontera”, agregó.
La actividad contó con la presencia del Secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, Gonzalo Cané, y del vicegobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Liliana Catucci, y funcionarios de los Ministerios Públicos de Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, incluyendo puntos de contacto de las redes de fiscales iberoamericanos de Trata y Antidrogas.
A lo largo de las dos jornadas, se trataron temas referidos a la persecución del crimen organizado transnacional a través del trabajo conjunto, la cooperación jurídica y la coordinación operativa en las fronteras, poniendo énfasis en la zona de la “triple frontera”. Se propuso potenciar el contacto directo entre las autoridades judiciales, a fin de que trabajen en redes de cooperación espontánea y equipos conjuntos de investigación para combatir las organizaciones criminales en materia de narcocriminalidad, trata de personas y lavado de activos, entre otros.



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