A través de un proyecto de pedido de informes, diputados provinciales quieren conocer en qué se utilizan las combis que llegaron a la provincia a través de la Comisión Nacional de Discapacidad (Conadis), que fueron adquiridas con fondos provenientes del Impuesto al Cheque. La iniciativa del legislador Héctor “Cacho” Bárbaro busca conocer el total de fondos remitidos a la provincia desde el año 2007 a la fecha para organismos provinciales, municipales y ONGs “para la adquisición de vehículos destinados al traslado de personas con discapacidad, disgregando el detalle de los fondos según año y destinatario”.
Bárbaro denunció en el recinto que los vehículos son utilizados para otros propósitos, que nada tienen que ver con una ayuda para las personas con discapacidad, los únicos beneficiarios que deberían usarlas. “En las elecciones se vio cómo usaban para mover los votantes”, aseguró el diputado quien además pidió en su proyecto el detalle del estado actual de los vehículos adquiridos por este programa en Misiones. En caso de que no exista dicha información, motivos por los cuales no se controla.
“En caso de que los organismos responsables hayan sido municipios, si los mismos adeudan rendiciones, de qué períodos, si se han iniciado reclamos al respecto desde la Conadis y/o el Tribunal de Cuentas de Misiones, y si en dichos expedientes se identificó a el o los funcionarios responsables de la inversión no realizada o la rendición adeudada”, expresa el proyecto.
En los fundamentos, Bárbaro recuerda que la normativa nacional conocida como Ley de Cheques (Ley 25.730) establece sanciones para los libradores de cheques rechazados por falta de fondos o sin autorización para girar en descubierto o por defectos formales. “Los fondos obtenidos por la aplicación de esta ley son destinados a la instrumentación de programas y proyectos a favor de las personas con discapacidad, administrados por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, creado por decreto del Poder Ejecutivo nacional 153/96”, afirma y recuerda que el programa de transporte institucional posibilitó la adquisición de combis de traslado para personas con discapacidad en distintos municipios y para distintas instituciones en la provincia.
“En el año 2007, luego de una polémica por el mal uso del vehículo adquirido por el Municipio de San Vicente, el Consejo Provincial de Discapacidad informaba a la opinión pública que entonces existía una red de dieciséis vehículos adquiridos con esas características en localidades de nuestra provincia. El detalle de entonces señalaba que existía transporte institucional en Eldorado, San Vicente, Puerto Esperanza, San Pedro, Aristóbulo del Valle, Campo Grande, Campo Ramón, Oberá, Corpus, Leandro N. Alem. Apóstoles, San José, Posadas (Ministerio de Bienestar Social, Dirección de Minoridad, Familia y Discapacidad) y también en la ciudad capital, un vehículo del Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (IMEFIR). Pasados diez años desde aquel último informe público sobre el programa, es necesario saber si otras localidades han accedido al financiamiento, si recibieron los fondos, si se adquirieron los vehículos y si realmente se les da el uso excluyente previsto. Y en su defecto, si existen comunas que no hayan invertido adecuadamente los fondos, no los hayan rendido, y quién o quiénes resultan responsables de dicho desvío, que podría constituir delitos contra la administración pública”, finaliza.
Chocó una combi en la que viajaba un grupo de chicos discapacitados: el otro rodado volcó, pero no hubo heridos
