Brasil permitirá la explotación minera en el Amazonas y crece una polémica internacional

“La subasta del pulmón del planeta”. Así son las críticas que han lanzado ambientalistas​ y​ políticos​ ​contra la apertura de una gigantesca reserva amazónica a la explotación minera privada en Brasil.

La medida, decretada por el presidente brasileño Michel Temer el miércoles pasado, establece el fin de la Reserva Nacional del Cobre y Asociados (Renca), un área de un tamaño parecido al de Dinamarca entre los estados de Pará y Amapá. En esa reserva de casi cuatro millones de hectáreas, delimitada en 1984 durante la dictadura militar, hay nueve áreas protegidas de gran biodiversidad, entre ellas dos territorios indígenas de las etnias Aparai, Wayana y Wajapi. También hay mucho oro, manganeso, hierro y cobre.

El gobierno de Brasil abrió las puertas de la Amazonía al sector minero y opositores al proyecto aseguran que casi el 90% de lo que fue autorizado para la minería está incluido en las áreas protegidas.

La última medida de Brasil para permitir la explotación minera en el Amazonas está provocando una guerra de palabras en tanto el gobierno llama a los opositores de“alarmistas”  y un legislador amenaza con recurrir al Papa Francisco para ayudar a proteger los bosques y las comunidades.

Tras las críticas surgidas después de que se anunciara esta semana que el gobierno quitó la protección de una reserva nacional entre los estados del norte de Para y Amapa, el presidente Michel Temer dijo en Twitter que está comprometido con el desarrollo sostenible de la Amazonía, uniendo preservación ambiental con generación de renta para la población local”. Su oficina también señaló que el área no es un “paraíso” y que cualquier operación de oro requerirá de los permisos apropiados.

 


Mientras la deforestación en el Amazonas no deja de acelerarse, las medidas aprobadas por su gobierno en materia medioambiental no son de buen presagio: recientemente disminuyó el tamaño de un santuario natural y congeló la cesión de títulos de propiedad a indígenas.

Uno de los mayores críticos del plan, el senador de Amapa Randolfe Rodrigues, calificó el decreto como “el peor ataque de la historia al Amazonas” y dijo que la lucha para proteger la tierra apenas había comenzado. La zona abarca unos 47.000 kilómetros cuadrados, más grande que Suiza.

“Vamos a hacer todo lo que podamos: acciones judiciales, acciones legislativas, presión sobre los líderes, artistas, si es necesario iremos al papa”, dijo Rodrigues, en la entrevista con la agencia Reuters.

En Ecuador, el mes pasado, el papa Francisco expresó su apoyo a una mejor protección del Amazonas y los pueblos indígenas que viven allí. La apertura de la región conocida como Renca, abreviatura de la Reserva Nacional de Cobre y Asociados, anulará una decisión de la dictadura militar de hace tres décadas para salvaguardar los recursos y la soberanía.

El gobierno dice que solo las áreas desprotegidas estarán disponibles para los exploradores del sector privado, que se tomará la precaución absoluta para evitar perturbar los territorios protegidos cercanos, y el decreto ayudará a proteger la zona de las sucias operaciones de oro ilegal. El senador no está de acuerdo. “Casi el 90 por ciento de lo que fue autorizado para la minería está incluido en las áreas protegidas“, aseveró Rodrigues, argumentando que la minería en áreas específicas sin dañar tierras y comunidades adyacentes no tiene sentido.

La experiencia de Belo Sun Mining Corp. en Brasil ofrece un ejemplo aleccionador para las compañías que desean aprovechar las riquezas minerales del Amazonas. La minera de Toronto pasó años trabajando en el proyecto Volta Grande antes de obtener una licencia de construcción en febrero. Ahora se encuentra en una batalla legal para avanzar después de que los fiscales y grupos indígenas lograran suspender la licencia.

Alexandre Sion, experto legal en licencias mineras en Brasil, dijo que si bien la obtención de permisos en Renca será difícil dada las áreas de conservación y las comunidades indígenas, la minería sostenible es posible.

Además de las complicaciones de las licencias que podrían enfrentar las mineras, existe la posibilidad de que un cambio en los vientos políticos produzca una revocatoria de la decisión de Temer. “Según entiendo, esto nunca debería haber sido decretado y creo que aún no ha sido cancelado por falta de voluntad política”, dijo Sion. “El enfoque del Congreso y el presidente ha estado en otro lugar durante la actual crisis política. Quizás el presidente encontró el momento político favorable para impulsar la medida”.

La presidencia de Temer, que asumió el cargo el año pasado después de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, termina el próximo año.

 

 

PE



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