Dictan la prisión preventiva para «El rey de la Salada» por liderar una asociación ilícita

El juez de Garantías 3 de Lomas de Zamora, Gustavo Gaig, dictó la pidió la prisión preventiva del empresario Jorge Castillo, al considerarlo líder de una asociación ilícita que amenazaba y extorsionaba a puesteros en los alrededores de esa feria de la localidad de Ingeniero Budge, informaron hoy fuentes judiciales.

 

Jorge Castillo, el administrador de la feria La Salada, seguirá preso, acusado por presunta asociación ilícita e intento de homicidio de uno de los ocho policías que irrumpió en su casa de Luján para detenerlo el 21 de junio pasado.

La medida dictada por la Justicia de Garantías de Lomas de Zamora alcanzó a otros 22 acusados, entre los que figuran cuatro familiares suyos, todos imputados de integrar, con diferentes grados de responsabilidades, una organización que se dedicaba a cobrarles alquileres a los casi 10.000 puestos que se instalaban en las diez cuadras adyacentes a la feria La Salada.

También seguirán presos cuatro policías bonaerenses que cobraban coimas para proteger a los distintos grupos de posibles allanamientos o investigaciones.

Según la investigación encarada por el equipo de fiscales de Lomas de Zamora, con el fiscal Sebastián Scalera, el cobro de alquileres a los puesteros se repartió entre cuatro grupos: «Los Chaqueños», «Los de River», «Los Cucos» y un sector de la barrabrava de Boca.

El primer grupo estaría encabezado por Jorge Castillo; el segundo por su sobrino, Adrián; el tercero, respondería a Leonardo «Cuco» Gaitán, actualmente prófugo.

La banda comandada por dos barrabravas de Boca Juniors, conocidos como «El Fantasma» y «Chicho», quienes actualmente están prófugos, fue objeto de una investigación previa y el expediente fue elevado para que se ordene la realización del juicio oral debido a que tiene dos jefes policiales detenidos y tres miembros de la asociación ilícita presos.

Entre los fundamentos que la Justicia de Garantías de Lomas de Zamora consideró para dictar la prisión preventiva de los acusados fue la existencia del riesgo de fuga y la posibilidad de que estando en libertad, los imputados pudieran entorpecer la investigación borrando pruebas y amenazando a testigos.

En dos reportajes concedidos desde la Alcaldía Nª 3 de La Plata y en el escrito de 32 páginas que presentó como descargo, Jorge Castillo insistió con era un preso político y que no había pruebas en contra suya que lo vincularan con los cobros de alquileres a puesteros.

Sin embargo, durante el allanamiento en su mansión de Luján, los fiscales hallaron un secreto que el administrador de la feria Punta Mogote, uno de los tres centros comerciales que integran la feria La Salada, escondía intensamente. Se trata de de una serie de planillas en las que llevaba el registro del supuesto cobro de alquileres a comerciantes para permitirles instalar puestos en las diez cuadras que forman parte del espacio público adyacente a La Salada

 

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