En octubre va a juicio el dueño de la concesionaria de autos de alta gama de Posadas acusado de lavar dinero del narcotráfico

A partir de la primera semana de octubre, el Tribunal Federal de Corrientes juzgará a seis personas detenidas en el marco de una megacausa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El expediente tuvo contacto con Misiones, porque el grueso de los sospechosos fue arrestado en Posadas, luego de una serie de allanamientos. Además, en Posadas funcionaba una de las supuestas fachadas para llevar adelante las maniobras delictivas: la concesionaria RR Vip, ubicada en Quaranta y Jauretche.
El responsable de ese negocio de venta de autos de alta gama, algunos de ellos valuados en millones de pesos, se llama Roberto Rodríguez, de origen santafesino, pero radicado en la Tierra Colorada.
De acuerdo con la investigación que hizo el juez Federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, Rodríguez y los otros seis imputados (sólo uno no llegará a juicio porque murió mientras se sustanciaba el proceso) “lavaron” 45 millones de pesos provenientes de las actividades de un cártel de droga que enviaba cargamentos de estupefacientes desde el Nordeste (Misiones y Corrientes) hacia Buenos Aires y otras ciudades del Sur del país.
La organización narco, según se desprende de la pesquisa, enviaba cargas de entre 1.200 y 3.000 kilos. Tres de esos cargamentos fueron incautados en Corrientes por la Gendarmería Nacional, fuerza que empezó la investigación y que, orden judicial mediante, realizó las escuchas telefónicas que derivaron en la captura de Rodríguez y los demás sospechosos.
Las averiguaciones empezaron en 2012. Cinco años después, está todo listo para la realización del debate oral y público. Lo que se determinó es que Rodríguez y sus allegados también habían incursionado en negocios del rubro turístico y hotelero.
Las ramificaciones de la organización se extendían por Posadas, Corrientes, Resistencia, Charata y Sáenz Peña. Unos 50 vehículos, entre ellos un Porsche, fueron incautados por la Justicia.
Ya se hizo la audiencia preliminar del juicio en Corrientes. Allí las partes se pronunciaron sobre las pruebas arrimadas para el análisis de los jueces de sentencia.
“La organización delictiva estaría vinculada a una serie de hechos relacionados con el narcotráfico, y tendría como consecuencia el ostensible incremento patrimonial de los distintos miembros, con vínculos familiares o de afinidad entre sí, incompatibles con la actividad habitual de cada uno de ellos, sin justificación alguna de los ingresos o manejo de fondos”, sostuvo el juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila en una resolución donde procesó con prisión preventiva a Rodríguez y a otros siete sospechosos. Otros cinco imputados fueron beneficiados con la falta de mérito.
La investigación del juez Soto Dávila, su secretario Pablo Molina y los detectives de la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales (Uesprojud) Corrientes de la Gendarmería comenzó hace tres años, en enero de 2012, cuando se dio con una presunta banda narco que traficaba marihuana desde Paraguay hacia distintos puntos de la Argentina.
“Rodríguez sufrió un incremento patrimonial mediante la interposición de terceros. Se encuentra acreditada su vinculación directa con el origen de la totalidad de los fondos. Con el objetivo de desvincular e integrar aquellos bienes en el circuito económico, utilizó personas físicas y jurídicas interpuestas, mediante operaciones de compraventa reales y simuladas, constitución de sociedades para la incorporación de bienes de origen ilícito, mediante la puesta en circulación en el mercado, con la finalidad de disimular la fuente real de los fondos”, sostuvo el juez.
Rodríguez “no posee actividades económicas o comerciales legales que justifiquen la adquisición, por sí o por terceros, de dichos bienes. No registra capacidad patrimonial ni económica, dado que no registra ingresos. Se encuentra debidamente acreditada la vinculación, relación o conexión con actividades delictivas”, estimó el magistrado.
También hizo un detallado análisis de la vinculación entre Rodríguez y la agencia RR Vip Automotores, instalada en Posadas y dedicada a la compraventa de vehículos de lujo. Según el juez, era el lugar “utilizado como una de las sedes desde las cuales el sospechoso y su organización operaban cotidianamente, mediante los negocios vinculados a los automóviles”.