Resistencia: Investigan a una pareja de empresarios por lavado de activos provenientes del narcotráfico

El responsable de la Fiscalía Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, impulsó la acción penal contra Jabier Felimer Hebaristo Avalos y su pareja, Liliana Mabel Tijera Insfrán, en orden al delito de lavado de activos, en la hipótesis de que los imputados habrían convertido y aplicado el dinero proveniente del narcotráfico a la conformación de empresas y adquisición de bienes, con el fin de que el origen de los fondos adquiera la apariencia de lícito.
En marzo de 2016, Gendarmería Nacional tomó conocimiento sobre la existencia de una organización narcocriminal que trasladaba estupefacientes desde la República del Paraguay, a través de las provincias de Chaco y Formosa, con destino hacia Mendoza y, presumiblemente, hacia Chile. Así, se realizaron distintas tareas de investigación que culminaron, el 14 de octubre de 2016, con el hallazgo de un camión –que era conducido por Carlos Daniel Ballar, de propiedad de la firma Santa Rita S.R.L.- en cuya carga de zapallitos se encontraron ocultos 2.540,351 kilos de marihuana, en la localidad formoseña de Laguna Naineck. A raíz de la modalidad de ocultamiento del estupefaciente, la causa se conoció popularmente como «narcozapallitos».
En el marco de esa investigación, se procesó por transporte de estupefacientes agravado por el número de partícipes a Abel “Pity” González –organizador-, Damiana Gaona, Pedro Gustavo Muñoz –coautores-, Wilson Guido González –partícipe necesario-, Marcos Tomás Rolón, Jorge Miguel Medina, Nelso Ariel Baéz, Ever Rolando González y Braulio Rolón –participes secundarios-. Asimismo, en relación a Ballar y Javier Felimer Evaristo Ávalos, se dictó su falta de mérito, la cual fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de la jurisdicción “sin perjuicio de recomendar a la instructora la profundización de la investigación en torno a dichos extremos”.
En la pesquisa se logró establecer que la firma Santa Rita S.R.L. fue constituida en diciembre de 2008 por Avalos, quien revestía la calidad de gerente. También, aquella empresa registraba la adquisición de tres camiones, al tiempo que, a nombre de Avalos, se consignaron diversas operaciones inmobiliarias, una importante flota de vehículos automotores, camiones, utilitarios y motocicletas, y se acreditaron grandes ingresos, a pesar de estar inscripto como trabajador autónomo. En relación a Tijera Insfrán, se informó que registraba dos sociedades a su nombre –Miniprecios S.R.L. y Favasa S.R.L., está última constituida junto a Avalos-, la adquisición de un inmueble y una camioneta –la cual Ávalos estaba autorizado a conducir- y acreditaciones bancarias superiores a las que podía generar como trabajadora autónoma. También, ambos imputados registraron tránsitos migratorios desde y hacia la República de Paraguay.
En virtud de ello, el fiscal Sabadini concluyó que “en el contexto del hecho de público conocimiento (incautación de 2,5 toneladas de marihuana oculta en un camión perteneciente a la firma vinculada a los sujetos investigados), y en base a la información colectada, puede esbozarse como hipótesis de lavado activos que, atento al perfil patrimonial observado hasta el momento; donde la Sra. Tijera Insfrán como el Sr. Ávalos poseen actividad económica e incluso participaciones societarias; la legitimación de bienes provenientes de las actividades vinculadas al narcotráfico previamente aludidas, podría encontrarse dada a través de dicha estructura comercial formada en cabeza propia, como así también a través de las empresas Santa Rita S.R.L., Favasa S.R.L. y Miniprecios S.R.L.”.
El representante del Ministerio Público Fiscal señaló también que se evidenciaba en cabeza de Avalos, Tijera Insfrán y las sociedades vinculadas a ellos una importante logística y “un considerable flujo de dinero y aplicación de fondos de presunto origen ilícito (…) a través de la adquisición de bienes inmuebles, flotas de vehículos automotores y movimientos bancarios (…), relacionada con un accionar dirigido a asignar un grado de apariencia de legalidad a bienes económicos obtenidos como resultado de actividades ilícitas”.
A fin de profundizar la pesquisa, el fiscal Sabadini requirió la realización de una serie de medidas de investigación con el fin de ahondar en la situación de los imputados y determinar si los procesados en el marco de la investigación por narcocriminalidad también participaron en las maniobras de lavado de activos investigadas.

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