Por el nuevo Código Civil cada Municipio y cada Provincia establecerán la prescripción de los tributos

Por el nuevo Código Civil cada Municipio y cada Provincia establecerán la prescripción de los tributos

En el marco de las Jornadas Preparatorias Misioneras para el Congreso Nacional Procesal, los prestigiosos juristas Jorge Armando Rojas, Alejandro Verdaguer y Leonardo Lubel llegaron a la provincia para disertar en el Colegio de Abogados de Misiones. Los expertos hablaron del nuevo Código Procesal Penal, la supuesta mafia de los juicios laborales denunciada por el presidente Mauricio Macri y las disputas por fondos federales entre la provincia de Buenos Aires y las demás provincias.

Para Rojas, quien es miembro de la Academia Nacional de Derecho, el código no solamente es nuevo por las modificaciones que tuvo sino también desde el punto de vista filosófico. “Tiene una nueva impronta que requiere de  una formación más intensa de parte de todos los operadores jurídicos. Todos los días aparecen novedades y todos los días esto impacta de una manera muy especial en la sociedad porque rige el ámbito del derecho privado. El impacto que provoca el dentro del Derecho procesal es muy fuerte y hace que hoy en día se esté trabajando dentro del ministerio de Justicia, a través de un plan que se llama Justicia 2020, en la reforma del Código Civil Procesal y Penal”, afirmó.

En tanto Verdaguer, juez del Juzgado Civil Nº 101, las reformas respetaron el federalismo, aunque se trate de una cuestión que siempre se va redefiniendo. “Da pautas procesales que debería cada provincia respetar. Yo creo que la unificación de temas legales es un avance. Las provincias mantienen incumbencia y lo que hace el Código Civil es dar ciertas directrices generales. Todos tenemos que adecuarnos, no solo las provincias. Lo que se requiere es interpretar el nuevo código, valorar los nuevos principios, ver la nueva impronta. El Código Civil rigió en el país 100 años, estos cambios no se dan de la noche a la mañana. Se trata de práctica y ejercicio. El Código Civil regula nuestras actividades cotidianas y requiere de un devenir”, sostuvo.

En tanto Lubel, docente y abogado, recordó que dentro de las reformas hubo una novedad aportada por la senadora misionera Sandra Giménez para que cada provincia pueda definir los plazos de prescripción de los tributos, algo que en el primer borrador no estaba estipulado. “Visto desde la perspectiva de los gobiernos y para recaudar parece razonable que se pueda reclamar en un plazo más amplio, visto desde la perspectiva de los contribuyentes puede generar alguna discusión.  Queda en manos de cada municipio, de cada provincia el tope del plazo, luego eventualmente podrá haber un reclamo judicial. No era un atributo de las provincias ni de las municipalidades, era un atributo de la nación, se regulaba para todo el país de la misma forma. No ha habido hasta ahora ningún reclamo a la Corte Suprema. Las provincias normalmente tenían plazos más largos que los del Código Civil y Comercial. En el resto del mundo hay que distinguir si tienen ordenamiento federal como el nuestro pero está discutido.

En ese sentido Verdaguer destacó el federalismo de recocerle potestades a las provincias aunque advirtió que a algunos ciudadanos podría no agradarles que la Nación se desatienda de esos detalles y pidió que los plazos de prescripción sean cortos para resolver más pronto los conflictos. “Hoy tenemos que tener un sistema de justicia que resuelva los problemas rápido porque la sociedad no puede vivir con los conflictos abiertos”, indicó.

 

Condenas mediáticas

Otro de los temas sobre los que reflexionaron los letrados es el del rol que juegan los medios en las causas judiciales y dejaron en claro que muchas veces lo que se dice en los medios no es lo que está ocurriendo en la instrucción de la causa lo que genera que la sociedad condene o absuelva sin conocer los procesos que se dan en el ámbito de la justicia.

Rojas recordó un trabajo donde reflexionó sobre la influencia que ejercen los medios sobre las personas y aseguró que algunos periodistas absuelven otros condenan y que el común de la gente acude impertérrita a ver cómo por televisión se resuelve un caso. “Desde el punto de vista jurídico el caso recién empieza, la irrealidad que se refleja en los medios no es la realidad que surge del proceso judicial. Lo más razonable es que el ciudadano esté imbuido de cómo funciona la justicia para saber que no tiene ni que condenar ni absolver”, reflexionó.

En ese sentido, Rojas también pidió separar los planos jurídicos y judiciales y aseguró que cuando la justicia se impregna por la influencia política, sucede que aparecen casos sin resolver durante muchos años. “El derecho y la justicia son productos culturales, entonces dependerá de la sociedad el derecho que se quiera dar y la justicia que se quiera organizar. Nosotros podemos comparar nuestra justicia con la norteamericana, donde existe el juicio por jurado. Nosotros estamos recién desarrollando en algunas provincias como Buenos Aires y Córdoba. Son pautas culturales que tienen que ver con el desarrollo de la sociedad”, sostuvo.

En tanto Verdaguer reconoció que si hay una deuda del Poder Judicial para con la sociedad es la demora en poder resolver los conflictos. “Si nosotros no resolvemos los conflictos, se resuelven de alguna manera. Si un juicio penal tarda 10 años la gente hace una valoración de otro ámbito. También pasa a veces que los medios absuelven o condenan porque no hay jueces que absuelvan o condenen. Uno ve causas penales en los medios que no arrancan, capaz están en etapas de investigación que nunca se definen”, indicó y agregó que para cambiar esa realidad de requiere fundamentalmente de una reforma. “Yo soy juez civil y creo que hay que ir a una justicia oral, mucho más transparente con oralidad, presencia del juez, con inmediación donde el ciudadano conozca al juez. Que el ciudadano vaya a conocer al juez, que el juez conozca la causa, la resuelva, que discuta lo que hay que discutir. Tenemos una tradición muy inquisitiva, burocrática, de pedir muchas pruebas que no sirven para nada”, lamentó.

 

Mafias del juicio laboral

Sobre las denuncias del presidente Mauricio Macri en contra de las supuestas más mafias en los juicios laborales, Lubel remarcó que no es bueno generalizar y recordó que todos los días litiga personalmente en el fuero laboral y que probablemente existan casos y abogados que no obren correctamente, pero que están los derechos de los trabajadores que en muchos casos han sido vulnerados. “No es admisible una postura de ese tipo. Luego podemos hablar de tendencias o de enfoques. Hoy en día en la ciudad de Buenos Aires para cobrar una indemnización laboral se tarda e 3 o 4 años, los mismo por un accidente de trabajo. Eso tampoco es razonable, constitucional, por eso las reformas tienen que apuntar a eso”, aseguró. Además Lubel desmintió que el polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia que obligó a un litigante a pagar las costas de un juicio laboral que perdió sea una novedad. “Acá hay una manipulación. Esta es una regla en el derecho, el que pierde paga las costas”, afirmó.

Verdaguer coincidió con su colega e insistió que es una regla del que pierde un juicio pagar las costas. En ese sentido pidió que los juicios laborales se realicen de manera oral. “La oralidad da más transparencia, creo que si en lo laboral tuviéramos un juicio oral con un perito, habría más control y más transparencia, creo que el proceso escrito genera más desconfianza”, añadió.

 

Responsabilidad del Estado

Ante la pregunta sobre si el Estado fue excluido de sus responsabilidades en el nuevo Código Civil, Rojas cuestionó la injerencia del poder político y recordó que la comisión de juristas que escribió el primer borrados de los cambios había incluido la responsabilidad del Estado dentro del articulado del nuevo Código Civil pero que cuando llegó al poder Legislativo la política lo sacó. “En la época del caso Clarín, la política nos dio un paquete de leyes que se llamó Ley de Democratización de la Justicia. A través de ese paquete lo único que se hizo fue desvirtuar el adecuado funcionamiento porque se persiguió una finalidad política que obturaron el funcionamiento que tiene que tener la justicia. Por eso se le excluye al Estado de determinadas responsabilidades inclusive en materia cautelar cuando es el principal obligado a observar las normas de derecho”, aseveró.

Rojas apuntó que el país necesita un cambio cultural que incluya a la justicia y separe verdaderamente a los poderes y citó como ejemplo de injerencia política en lo jurídico al juicio a los represores de la última dictadura militar. “Recién le dije que el derecho es un tema cultural. Los argentinos necesitamos como sociedad evolucionar. Hay un fallo de la Corte que generó mucha polémica que es el famoso fallo del 2×1, este es un ejemplo redondito de cómo la política interfiere en la justicia porque el problema era esencialmente político y terminó siendo un problema jurídico. El problema político la Argentina lo solucionó en 1983 cuando la mayoría decidió elegir un cambio a partir del cual el gobierno que asumió en esa época iba juzgar a las Juntas Militares. Ese gobierno juzgó a los militares hasta que llegó a un límite, que fue Semana Santa. Ese límite también encontró una solución política, por vía del Poder Legislativo con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Esa solución política permitió que el país no solamente fuera ejemplo a nivel mundial con el juicio a las Juntas sino además entrar en una regularización institucional que le iba hacer mucho bien al país. Eso tiene que ver porque en la década siguiente, el gobierno no solamente amnistió a todos los militares sino que al final se dictó la ley del 2×1 que perseguía cumplir con la Convención Americana de Derechos Humanos por la cual no se podía tener con prisión preventiva a una persona por determinado tiempo porque se dañaba su derecho. Por eso se dictó el 2×1 y entonces la historia hace que ese problema que había encontrado una solución política termine politizándose de una manera distinta y judiciadizándose porque el gobierno siguiente dejó de lado todo o que se había hecho y volvimos todo para atrás. Nuestro país es esencialmente anómico, somos anómicos porque no respetamos las normas”, consideró.

Para Verdaguer toda norma es interpretable, nunca va haber un lenguaje perfecto. “Yo creo que el mayor problema es que tenemos un Poder Judicial que no resuelve los conflictos en los plazos que exige la sociedad moderna. La gente debería ir presa cuando es condenada y ser condenada en un plazo razonable. La sociedad no puede vivir con los conflictos. Si un juicio penal dura cinco años es un problema. Los juicios deberían durar otro tiempo. Me parece que tenemos una tradición cultural en el juzgamiento”, indicó.

Rojas advirtió que tienen un enfoque sistémico del proceso y explicó que significa poder interpretar que el proceso no es solamente un expediente con dos partes enfrentadas y un juez que resuelve. “Para llegar a eso se necesita una estructura edilicia, económica, financiera, humana, todo eso se debe tener en cuenta y esto desde el punto de vista político parece que no es redituable, parecería que a nadie le interesa el buen funcionamiento de la justicia”, señaló.

Para cerrar, los juristas hablaron sobre la demanda de la provincia de Buenos Aires, que pide a la justicia que la Nación le devuelva 300 mil millones de pesos del Fondo del Conurbano que fueron repartidas a las demás provincias. Para los especialistas de necesita reformular el sistema tributario nacional para que no sea el Poder Judicial quien deba resolver los problemas.

“Me parece que el país tiene que reformular cómo se solventa, una reforma tributaria en serio. No es cuestión de ir tironeando, hay que discutir unas reglas donde el país sea competitivo”, aseguró Verdaguer. En tanto Rojas pidió que se dé una solución política y Lubel cuestionó que el Poder Judicial deba resolver las falencias del sistema político.



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