Cinco penitenciarios, cuatro de ellos con rangos directivos en el penal salteño de Villa Las Rosas, afrontarán un juicio oral por no «haber evitado» que un condenado por femicidio asesinara a otra mujer dentro de la cárcel, ya que no se habían «extremado los controles» para los encuentros íntimos que el preso mantuvo con la joven de 18 años.
La víctima, Andrea Edith Neri, había sido asesinada el 5 de enero último en una celda del tercer piso del pabellón E, adonde había concurrido para visitar a su pareja, Gabriel «Chirete» Herrera, quien cumplía una condena por femicidio.
Herrera no sólo repitió el delito, sino también el lugar del crimen. Es que el femicida ya había sido sentenciado por matar en 2006 a su pareja anterior, una joven identificada como Verónica Castro, a quien también atacó cuando lo visitaba en otra cárcel.
El fiscal dispuso que el director del penal, Juan Carlos Gutiérrez; el jefe del Pabellón E, Héctor Franco; el jefe del departamento de Vigilancia y Tratamiento, José Luis Avalos; y el subjefe de esta dependencia, Fernando Velázquez, respondan ante un tribunal por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
También irá a juicio por el caso el celador Nelson Alexander Cardozo, imputado por «abandono de persona seguido de muerte» ya que, según el expediente de la fiscalía, «hizo caso omiso de la advertencia de un recluso que le informó que Herrera estaba agrediendo a Neri en los baños y que la llevó en contra de su voluntad a la celda».
Ante ello, el fiscal sostuvo que el celador Cardozo «tenía el deber no sólo de custodiar a la población carcelaria sino también a cualquier persona que ingrese a su zona de custodia, facilitando con su inacción el fatal desenlace de la joven».
El fiscal Rivero argumentó en su escrito de elevación a juicio «que la muerte de Andrea Edith Neri se podría haber evitado si se hubieran extremado los controles, sobre todo en el caso del interno Herrera».
Asimismo, remarcó que el recluso «se encontraba cumpliendo condena por haber matado a su anterior pareja dentro de otra unidad carcelaria y en las mismas circunstancias, una visita privada».
Santiago Pedroza, abogado defensor de la familia de la joven asesinada, afirmó que Herrera también intentó atacar a otras mujeres durante los encuentros privados. De corroborarse esos antecedentes, se agravaría todavía más la situación de los penitenciarios que continuaban autorizando visitas íntimas al femicida, a pesar de que ya había matado a otra mujer en el mismo contexto.
«Vemos un nivel de negligencia espantoso, no pueden decir que no han visto nada. Lo que sucedió fue facilitado por la falta de control», denunció.
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