Megaestafa: un nuevo recurso frena la realización del juicio y ahora tiene la palabra el STJ

Un planteo que llegó al Superior Tribunal de Justicia frena, por ahora, la realización del juicio oral y público por la llamada “Megaestafa”, el caso que estalló en 2003 cuando se detectó que una red extraía dinero de los fondos judiciales con oficios truchos.
Fuentes judiciales confiaron que sólo restaba que se fijara fecha para el juicio. Sin embargo, ahora la fecha vislumbra incierta, aunque se mantienen las expectativas de que el proceso salga antes de fin de año.
¿En qué consiste el planteo en cuestión? Es un recurso de casación que trabó la defensa de unos de los imputados luego de que le rechazaran un pedido para que la causa sea declarada prescripta. Fue el Tribunal Penal Dos de Posadas el que consideró que no cuadraba la prescripción y ahora el STJ debe decidir si avala la postura del TP o la del acusado. La resolución del tema demandaría no menos de dos meses. Todo apunta a que la Corte misionera votará en consonancia con el Tribunal.
Los jueces Marcelo Cardozo (Instrucción Uno), Carlos Jorge Giménez (Instrucción Siete) y Carmen Carbone (Civil y Comercial 6), quienes conforman el Tribunal en calidad de subrogantes, tendrán la responsabilidad de enjuiciar a la ex jueza Civil y Comercial 1, Graciela Brígida Candelaria Salvado de Sotelo, sindicada como la cabeza de la banda que integraban también empleados judiciales y abogados que extraían dinero de depósitos judiciales; la ex jefa de despacho de ese juzgado, Nora Castelli; el hermano de esta, Cayetano “Nani” Castelli; y los abogados Paula Espinosa y Guillermo Abdón Fernández.
Todos los acusados esperan la realización del juicio en libertad.
Además de la fecha, los magistrados también deberán definir dónde se lleva a cabo el debate, porque la sala del cuerpo, ubicada en San Martín casi 3 de Febrero, se quedaría chica para albergar a imputados, defensores, público en general y trabajadores de prensa. Lo más probable es que se utilice el salón de usos múltiples del Palacio de Justicia.
La causa, que lleva 14 años, cuenta con al menos 30 cuerpos y más de seis mil fojas. Las penas que oscilan acusaciones como asociación ilícita son de 3 a 10 años de prisión.
Salvado de Sotelo fue destituida en un juicio político y estuvo en calidad de detenida, como los otros cuatro sospechosos, hasta mediados de 2007.

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