Entregan al Inta y a la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico los bienes incautados a un cártel de cocaína desmantelado en Corrientes

A raíz de la solicitud del titular de la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, Carlos Schaefer, su colega Diego Iglesias –cotitular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar)- y la responsable de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, María del Carmen Chena, el Tribunal Oral Federal de esa jurisdicción resolvió designar como depositarios judiciales de los bienes decomisados en el marco de la causa de «los narcoaviones» al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y a la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación.
En abril pasado, el TOF de Corrientes condenó a María Hilda Calabrese, Florentino Dante Niemiz, Horacio Rubén Acosta Carlos Elías Pacheco, José Alberto Velazco, Carlos Alberto Pereira, José Villán, William Hurtado Suárez, Edison Fernando Álvez Dzwieleski, Gabriel Pirro Moris y Noelia Rocío Brítez, a penas de entre 8 y 20 años y multas de entre 5 mil y 18 mil pesos, como integrantes de una organización transnacional que ingresaba cocaína a nuestro país mediante vuelos clandestinos hacia la localidad correntina de Santo Tomé.
A tal fin, la organización se valía de las Estancias “Santa María del Aguapey” y “Santa Úrsula”, ubicadas en la localidad correntina de Paso de los Libres, donde habían construido pistas clandestinas de aterrizaje. Además, en el marco de los operativos donde se desbarató a la organización, se secuestraron una camioneta Toyota Hilux; una moto Zanella Z-B110; una moto Brava Elektra 150; un cuatriciclo Guerrero Mapuche; cuatro avionetas Cessna modelos U206G, 0377, 180 y 182; un acoplado cisterna de combustible con 3000 litros de capacidad, un acoplado tipo tráiler, 15.140 dólares y 96.014 pesos.
En abril de 2014, la Justicia designó como depositarios judiciales a los hijos de la condenada Hilda Calabrese, Miltón Agustín, María Ana y María Agustina Nahirñak. Sin embargo, de acuerdo a la presentación de los representantes del Ministerio Público Fiscal, éstos incumplieron con sus obligaciones de informar todas y cada una de las operaciones económicas y financieras que se realizarán.
De este modo, y dado que en la sentencia condenatoria se ordenó el decomiso de la totalidad de los inmuebles, los miembros del MPF señalaron que “la designación como depositarios judiciales de los hijos de la condenada María Hilda Calabrese habría perdido su razón de ser y resultaría manifiestamente desaconsejable dado que no permitiría al Estado ejercer de modo adecuado sus funciones de prevención y control en un extenso terreno que cuenta con una ‘estratégica ubicación fronteriza’ generando un alto riesgo de que vuelvan a ser utilizados para el ingreso al territorio nacional, recepción y posterior comercialización de estupefacientes”.
El TOF de Corrientes, integrado por Lucrecia Rojas de Badaro, Víctor Alonso y Fermín Cerolenim, resolvió dejar sin efecto aquellas designaciones y dispuso que el nuevo depositario y administrador judicial sea el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que tendrá a su cargo la administración de las dos estancias. Asimismo, designó –en igual carácter- a la Subsecretaría de Lucha Contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación, para que custodie y administre las cuatro avionetas, la camioneta, los motovehículos y los dos acoplados.
También dispusieron que el dinero sea depositado en un plazo fijo, a cuenta y orden del Tribunal, a 30 días renovables automáticamente, en la sucursal Paso de los Libres del Banco de la Nación Argentina.

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