Risko exige a la ministra Stanley los motivos por los que dio de baja las pensiones por discapacidad

La diputada nacional por Misiones, Silvia Risko, presentó un pedido de informes en el Congreso de la Nación para que el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, explique los motivos por los que se dieron de baja miles de pensiones a discapacitados de todo el país.

La legisladora quiere saber  la cantidad exacta que se dieron de baja desde diciembre de 2015 a la fecha, el fundamento legal para dar de bajas o interrumpir el pago, las causas o criterios utilizados, si se notificó previamente a los afectados, si siguen trabajando los equipos territoriales que atendían la situación integral de las familias con algún miembro discapacitado, el número de solicitudes de pensiones que se ingresaron desde el 2015 a la fecha y cuántas de esas solicitudes fueron resueltas de manera favorable, la cantidad de pensiones dadas de baja durante ese período que debieron ser dadas de alta nuevamente y tiempo promedio que debieron esperar para que se le reestableciera la misma y el número de pensiones dadas de baja que corresponden a personas discapacitadas que residen en Misiones.

En los fundamentos del proyecto, la ex subsecretaria de Cultura de la provincia recuerda que según los medios se dieron de baja aproximadamente 160.000 pensiones por invalidez de parte de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) que forma parte del ministerio que encabeza Stanley desde diciembre de 2015. “De acuerdo a lo expresado públicamente por las autoridades de la Comisión y del mismo Ministerio de Desarrollo la baja tiene que ver con supuestas irregularidades en las condiciones que tienen que cumplirse para ser beneficiario de la misma. Para ello, invocan el Decreto N° 432 del año 1997 que establecía ciertos temas patrimoniales al momento de poder acceder al derecho de pensión”, apunta el proyecto.

Risko cita al titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de la Seguridad Social (UFIses), Gabriel de Vedia, para quien “el decreto de Carlos Menem sobre el que se apoya la medida, que según el Gobierno es para evitar “incompatibilidades e irregularidades detectadas”, está mal aplicado porque prevé regulaciones y limitaciones a una ley previa- en referencia a la Ley 13478. Se trata de una legislación “vieja reglamentada muchos años después con un decreto de dudosa constitucionalidad”.

“Si además de eso, tenemos en cuenta que la pensión por invalidez no es una dádiva, ni un subsidio sino un derecho que está amparado constitucionalmente a través del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por la Convención Internacional de Discapacidad que nuestro país suscribió en 2014, se concluye que nuestro país se ha comprometido, ante otros Estados, a respetar este tipo de derechos”, recuerda la misionera.

Además insta a los responsables a dar explicaciones “no sólo sobre el fundamento legal y constitucional sobre la cual basan sus decisiones sino en la forma que dichas decisiones son tomadas. La mayoría de las personas a las que se le dieron de baja estas pensiones se enteraron cuando fueron a cobrarla. Fueron decisiones de oficio, sin posibilidad de defensa por parte de los perjudicados. Asimismo, el 40 % de los casos que fueron dadas de alta nuevamente por errores de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales debieron esperar más de 6 meses en promedio para que le reestablezcan el cobro de dicha pensión. A la situación de baja y suspensión de las pensiones por invalidez que estaban vigentes tenemos que agregar también que desde diciembre de 2015 a la fecha se otorgan menos pensiones (hay desde esa fecha 100.000 solicitudes de pensiones sin respuesta) y que se desmontaron los equipos territoriales que atendían la situación integral de las familias con algún miembro discapacitado”.

Para cerrar, Risko acusa al gobierno de Macri de tener  la insensibilidad social porque “la cantidad de personas afectadas que pertenecen, sin dudas, a los sectores más vulnerables de la sociedad es que solicitamos que las autoridades correspondientes vengan a dar las explicaciones necesarias y revisen sus decisiones”.