El STJ desestima un recurso que frenaba la realización del juicio a los policías imputados por la muerte de Wasyluk

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el único planteo que quedaba pendiente para la realización del juicio a los 13 policías imputados por el asesinato del jornalero Hugo Miguel Wasyluk (38), ocurrido en la Zona Centro de Misiones en 2011. Se trata de un recurso que habían trabado tres de los sospechosos luego de que el Tribunal Penal de Oberá no les hiciera lugar a un pedido: la realización de un examen nuevo sobre la autopsia de la víctima.
Con los votos de los ministros Jorge Antonio Rojas, Ramona Beatriz Velázquez, María Laura Niveyro, Cristian Marcelo Benítez, Roberto Rubén Uset, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori y Cristina Irene Leiva, se desestimó el recurso que el abogado Eduardo Paredes había presentado en representación de los imputados Pedro De Mattos, Jorge Antonio Heijo y Carlos Antonio Gómez.
“El objeto del recurso en trato no integra el universo de resoluciones especialmente previstas por la ley como impugnables por la vía casatoria, es decir, no es sentencia definitiva ni auto que pueda equipársele, pues no pone fin al proceso, ni configura ninguno de los supuestos a los que se refiere el art. 478 de la Ley XIV-Nº 13. En otras palabras, no conforma una decisión que ponga fin a la acción o a la pena, o haga imposible que continúe las actuaciones o deniegue la extinción, conmutación o suspensión de la pena (Fallos C.S.J.N. 245:204; 254:282; 257:187 y 266:47), por lo que no se lo ha de tener con carácter de sentencia definitiva. Es decir, no resuelve sobre el fondo del pleito, ni hace imposible su continuación, terminando la controversia sin que sea posible renovarla”, argumentó Rojas, a cuyo voto adhirieron los demás magistrados.
“Tampoco se advierte en el caso que el quejoso haya demostrado que la decisión le irrogue un perjuicio actual y concreto al ejercicio de defensa, de imposible o tardía reparación posterior, que la torne equiparable a definitiva por sus efectos y sea suficiente para habilitar la vía casatoria, habida cuenta que al momento no se han agotado las vías procesales previstas en materia probatoria por nuestra ley adjetiva y que permitirían la incorporación de las pruebas referidas -pe-ricial de la autopsia- a la causa, aún durante el transcurso del debate”, añadió.
Y finalmente apuntó: “Nótese que de acuerdo a las características de la prueba ofrecida, de resultar necesaria la incorporación de la misma, el Tribunal tiene la facultad de ordenar a petición fundada de parte, la producción de la misma, cuya operación pericial es materialmente posible, toda vez que ha de practicarse sobre el informe de autopsia ya existente y agregado a autos (incluyendo soporte audiovisual). De igual manera, no debemos olvidar que el Tribunal actuante ha dejado margen suficiente como para eventualmente convocar a la profesional (Dra. Tatiana Husulak) propuesta como perito por el recurrente, en el caso de surgir la necesidad durante el transcurso del debate. En función de ello, considero que los perjuicios invocados por el quejoso son de carácter potencial”.
El 25 de abril de 2011, por la noche, a Wasyluk lo detuvieron y llevaron a la comisaría de Villa Bonita. Allí, mientras estaba esposado, lo sometieron a una brutal andanada de golpes. Después lo trasladaron a la seccional Primera de Oberá. La madrugada del 27 de abril a las 0.50, el hombre fue hallado muerto en el inodoro de su celda.
Hay trece policías imputados, tres de los cuales, Pedro de Mattos, Carlos Antonio Gómez y Ricardo Javier Rodríguez, están entre rejas desde hace más de cinco años.
Jorge Antonio Heijo y Wilson Ricardo González están imputados del delito de “omisión de denuncia de torturas e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Y Miguel Ángel Espíndola (entonces jefe de la Primera de Oberá a la que la víctima imploró ayuda), Carlos Ariel Lentini (otro oficial que desoyó el pedido desesperado de ayuda), Andrea Rosana Harasimezuk, Hugo Ariel Basaraba, Alejandro Fabián Núñez, Luis Alberto Silva, Gustavo Javier Fontana y el médico policial Orlando Morales se hallan procesados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Se estima que el expediente volverá al Tribunal Penal de Oberá en los próximos días. Entonces se deberá fijar fecha para el juicio oral.