El subsecretario de Desarrollo Urbano y Viviendas, Iván Kerr, afirmó que las viviendas del país asiático llegarían como parte de un programa de financiamiento gestionado por la administración de Cristina Kirchner. Aseguró que ello no implicará una reducción en la inversión que hace el estado en construcción de viviendas y recordó que se firmó un convenio para que 10 por ciento de las viviendas sociales que se construyen en el país sean de madera. “En ningún momento vamos a sacar mercado a la forestoindustria, la idea es desarrollar también a ese sector”, dijo.
Ivan Kerr – Radio República
En respuesta a las críticas formuladas desde el sector forestal de la región y desde cámaras de la construcción de distintos puntos del país, Kerr aseguró que la idea detrás del convenio en el que está trabajando la Nación para traer al país casas prefabricadas de empresas chinas, no es sustituir con esas casas la inversión pública en materia de construcción de vivienda social, sino complementar esa inversión con el objetivo de paliar el déficit habitacional que arrastra el país.
Recordó que el convenio de financiamiento con China viene de la gestión de Cristina Kirchner y que en el marco de ese convenio se prevén distintas inversiones financiadas por el gigante oriental. “Así como hoy se obtiene financiamiento a largo plazo del gobierno chino para obras de transporte y represas, también gestionamos la posibilidad – no está nada aprobado- de obtener financiamiento chino para la construcción de viviendas”, declaró a Radio República.
El acuerdo con los chinos responde a un modelo que viene aplicando ese país para encontrar nuevos mercados para su inmensa capacidad industrial. Los orientales otorgan financiamiento en condiciones favorables -a tasas bajas y con plazos de repago muy largos- pero ese dinero puede ser utilizado solamente para contratar con empresas chinas. De ese modo promocionan industrias como la ferroviaria, naviera, nuclear, hidroeléctrica, la construcción, entre otras. Es decir que el dinero que llegue a través de ese convenio de financiamiento con los chinos no podría utilizarse para construir viviendas fabricadas por empresas argentinas.
La clave es la financiación
Kerr explicó que el principal atractivo del acuerdo con China es la financiación, que permitiría al Gobierno nacional construir viviendas sin tener que incrementar su presupuesto, lo que vendría a incrementar el déficit fiscal y presionaría sobre la inflación.
“El financiamiento chino que se use para viviendas se va a pagar solo”, afirmó el funcionario, quien explicó que los créditos chinos prevén un plazo de gracia que permitirá construir las casas sin desembolsar dinero. “Cuando las casas ya estén construidas, se otorgarán créditos hipotecarios a quienes las adquieran y con las cuotas de esos créditos, se repagará el préstamo que tomó argentina”, indicó.
Aseguró además que “el hecho de que utilicemos para construir viviendas, un convenio de inversiones chinas en Argentina que es ley de la administración anterior, en ningún momento sacará mercado a las empresas argentinas, por el contrario la idea es desarrollarlas”, afirmó el funcionario nacional.
Detalló además que la cantidad de casas chinas que podrían construirse en Argentina será muchísimo menor al déficit habitacional del país. “Argentina necesita cerca de 150 mil soluciones al año, el Estado jamás ha logrado construir más de 40 mil viviendas al año. Vamos a mantener las inversiones en las provincias y del Fonavi. El déficit es estructural porque siempre aportamos menos soluciones que las que el crecimiento vegetativo necesita”, indicó.
En lo referente puntualmente a la industria de la madera, indicó que firmaron un convenio con la subsecretaria de Foresto Industria para que 10 por ciento del total de las viviendas sociales que se construyan sean de madera. “Vamos a estar trabajando en una mesa sectorial con las cámaras del sector y con los diferentes interlocutores. La idea es aglutinar todo en un plan de trabajo para que parte de las viviendas sociales que se construyan puedan ser en madera”, dijo y luego reconoció que “falta coordinación para poder cumplir con este objetivo”.
Advirtió que faltan reglamentaciones para que los sistemas que se aplican para la construcción de viviendas de madera puedan ser homologados por los organismos nacionales que regulan la obra pública y además planteó dudas respecto a la capacidad del sector forestoindustrial para atender una demanda importante.
