Un bebé misionero de dos meses que había sido sustraído de la guarda de su madre, fue rescatado en un allanamiento realizado el 10 de abril pasado por la justicia federal porteña en el domicilio de sus presuntos apropiadores, en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de una investigación que se desarrollaba en dicho fuero por la presunta reducción a servidumbre de una de sus hermanas.
Por los hechos se formaron dos pesquisas: una desarrollada por la titular de la Fiscalía Criminal y Correccional N°17, Cinthia Oberlander, quien investigó la sustracción de un niño de 2 meses de edad ocurrida a fines de abril de 2015; mientras que la Fiscalía Federal N°1, a cargo de Jorge Di Lello, llevaba adelante una pesquisa en relación a la eventual reducción a servidumbre con fines de explotación laboral de una hermana del niño. Ambas causas se unificaron y son investigadas ante la Justicia Federal.
Reducción a servidumbre
El 2 de noviembre de 2016, una consejera del Hogar Santa Rafael María –de la localidad bonaerense de Beccar- denunció que el 22 de diciembre de 2015, por orden del Juzgado Nacional en lo Civil N°25, ingresó a la casa la niña “M”, de doce años de edad, que había nacido en Misiones, y que había sido entregada por su madre a una familia perteneciente a la comunidad gitana, cuando tenía apenas tres años de edad.
La consejera agregó “M” no había sido escolarizada, no sabía leer ni escribir, no sabía lo que era dormir en una cama y tampoco tenía hábitos de higiene. Cuando le preguntaron a la niña, ésta les dijo que, «desde muy chica había vivido con una familia de gitanos y que la hacían limpiar, preparar la comida, barrer, juntar la suciedad de los perros, etc.», según se desprende de la presentación del fiscal federal Jorge Di Lello.
La denunciante sostuvo que la madre de “M” vivía en un parador del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto a otros dos hijos –“F y “Al”, de 14 y 4 años de edad respectivamente- y que le había dicho que tenía otra hija, “R”, a la que también había entregado a Marta Miguel y su marido –apodado “Carqueja”-, quienes residían en la ciudad misionera de Posadas. El mismo destino corrieron otros dos de sus hijos, “An” y “L”, a los que también dio a familias de gitanos y jamás volvió a ver.
La madre de los niños declaró que cuando “R” tenía un año de edad, Marta Miguel le ofreció trabajo en la casa de su hermana Claudia Olga Miguel, en el barrio porteño de Villa Luro, y que ella aceptó. Llegó a la casa de la calle Emilio Mitre junto a “M” y “F” y trabajó durante un año, pero luego tuvo que volver a Posadas, oportunidad en la que Claudia le dijo que dejara a la niña para que comenzara el colegio, por lo que accedió.
La mujer tuvo contacto con su hija durante un par de años, hasta que en marzo de 2015, una conocida le informó que “M” no era cuidada por la familia que la tenía a cargo, por lo que decidió viajar a Buenos Aires.
Apropiación y supresión de identidad
El 19 de marzo de 2015, la madre de los niños dio a luz al pequeño “Aa”, en el Hospital Materno Neonatal de Posadas. A fines de ese mes, se trasladó con el recién nacido a la Ciudad de Buenos Aires, y se instaló en la casa de Claudia Miguel, cuyos familiares le habrían pedido que entregara al bebé a cambio de dinero, a lo cual se negó.
A principios de abril, distintos integrantes de la familia, se llevaban al bebé “Aa”, a distintos lugares, sin el consentimiento de la madre. Un día la mujer salió y, cuando regresó, el pequeño había desaparecido. Sin recibir explicaciones respecto al paradero del bebé, la mujer abandonó el lugar junto a “F” y “Al” y se fue a vivir a un hogar dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Tras ello denunció ante la Fiscalía Criminal y Correccional N°17, que su hija “M” no estaba escolarizada, que le pegaban, la trataban como una «sirvienta», no la dejaban salir a la calle y la drogaban para que se durmiera. Agregó que los dueños de casa le habían robado a “Aa”, cuando tenía sólo dos meses.
Con el devenir de la investigación, en la que participaron –primero- la División Delitos contra Menores de la Policía Federal Argentina y, luego, la División Protección Intrafamiliar de la Comuna 12 de la Policía Metropolitana, se pudo determinar el paradero del pequeño.
El análisis de los perfiles de redes sociales de la familia Miguel y su círculo íntimo permitieron detectar dónde y con quiénes se encontraba el pequeño. Así, se supo que el bebé fue entregado a Jorge Guillermo “Dany” Ivanoff, quien se lo dio a Lorena Beatriz Papadópulos y su pareja. Asimismo, se analizaron distintas imágenes donde los imputados aparecían con el pequeño, pero no se encontraron fotos que evidenciaran un embarazo de la supuesta progenitora.
Papadópulos y su pareja inscribieron al pequeño como hijo propio, en el Registro Civil de Chepes, en la provincia de la Rioja e hicieron consignar el 14 de abril de 2015 como fecha de nacimiento. Sin embargo, no se explica por qué se lo registró allí, ya que los supuestos padres no tienen contactos ni han vivido en esa localidad.
El pasado 2 de marzo, la fiscal Oberlander solicitó el allanamiento de la vivienda a fin de dar con el niño y con aquellos que figuran como sus padres biológicos, al tiempo que también requirió que se les extraigan muestras para realizar análisis genéticos. También, pidió que se buscara documentación relacionada con la supuesta madre y el pequeño.
Declinatoria de competencia
Sin embargo, el titular del Juzgado Criminal y Correccional N°46, Jorge De Santo, declinó competencia en favor de la Justicia Federal, ya que allí tramitaba la denuncia de la Consejera de Hogar de menores donde fue alojada “M” respecto a la posible existencia de una organización destinada a captar y trasladar a niños con fines de explotación. En virtud de ello, la investigación se acumuló a la pesquisa desarrollada por el juez federal Sergio Torres, con intervención de la Fiscalía Federal N°1 a cargo de Jorge Di Lello.
En ese contexto, el titular del Juzgado Federal N°12 dispuso nuevas diligencias y ordenó el allanamiento sobre el domicilio de la calle Molieré, donde se encontró al pequeño “Aa”, se detuvo a sus apropiadores y se secuestró documentación sobre la identidad del menor.
Luego de que se les extrajera material genético a la madre de los niños, el bebé y la pareja que lo tenía, se ordenó la realización de un cotejo a fin de establecer la filiación. Actualmente se esperan los resultados.
Fuente: fiscales.gob.ar
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