Investigan presuntos sobreprecios en obras de seis estadios del Mundial 2014

Las refacciones de seis de los 12 estadios de fútbol en los que se jugaron partidos del Mundial Brasil 2014, entre ellos el Maracaná, están siendo investigadas en medio de una nueva ola de pesquisas por corrupción política que inició esta semana el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que tiene en la mira a casi 180 políticos, a partir de delaciones de la empresa Odebrecht.
Declaraciones de ejecutivos de Odebrecht brindados por un acuerdo judicial de delación compensada mencionaron irregularidades en el Corinthians Arena de San Pablo, el Estadio Nacional de Brasilia, el Pernambuco Arena en Recife, el Castelao Arena en Fortaleza y el Amazonia Arena en Manaos, además del mítico Maracaná en Río de Janeiro.
El juez Edson Fachin comenzó a divulgar el martes sus resultados, pero hoy mismo seguían surgiendo detalles de las horas de declaraciones grabadas tomadas a 77 actuales y ex ejecutivos de la firma constructora, que está involucrada en una presunta red de corrupción entre empresarios y políticos.
La evidencia de que constructores y dirigentes colaboraron para arreglar contratos refuerza la sospecha de que muchos de los 12 estadios construidos o renovados para el Mundial de Brasil fueron objeto de sobreprecios.
Según las declaraciones difundidas por el TSJ, al menos cinco ejecutivos de Odebrecht confirmaron que se hicieron pagos para asegurar lo que llamaron «una ventaja desleal relacionada con el trabajo en el estadio Maracaná», consignaron las agencias Reuters y Ansa
En Pernambuco, Manaos y Fortaleza, Odebrecht y otra empresa constructora colaboraron para «frustrar el carácter competitivo del proceso de ofertas». Las compañías también se pusieron de acuerdo para inflar los precios de un techo del Estadio Nacional, según las declaraciones.
El escándalo por corrupción más grande de la historia de Brasil ya generó la detención de decenas de líderes empresarios y responsables de lavado de miles de millones de dólares en sobornos para la realización de trabajos públicos pautados en contratos con compañías estatales.
La causa también puso en primer plano a fiscales y jueces, y el diario Folha de San Pablo publicó hoy que la ambientalista Marina Silva, tercera en las elecciones presidenciales de 2014, ya inició conversaciones “cautelosas” para que su partido, Red de Sustentabilidad, sume a sus filas como postulante al fiscal Deltan Dallagnol, considerado el más irreductible de los miembros del «Equipo de Tareas de Lava Jato».
Dallagnol es considerado un adversario encarnizado del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), a quien acusó de ser «el comandante» de la organización delictiva que perpetró estafas millonarias junto a Odebrecht.
Silva fue dirigente del PT durante más de 20 años, con el que rompió por diferencias internas. Ya fue candidata presidencial dos veces, y se estima que puede volver a serlo en 2018, para cuando aspira a presentar una lista con personas «éticas» y desvinculadas de la vieja política, muy desprestigiada debido a los escándalos de corrupción.
Al menos 179 políticos recibieron ilegalmente 246 millones de reales (unos 78 millones de dólares) entre 2008 y 2014 por parte de Odebrecht, a cambio de favorecer sus intereses en el Congreso Nacional y Asambleas legislativas regionales.
Según divulgó el portal G1, el ex ejecutivo de la constructora Benedicto Barbosa da Silva entregó a la Fiscalía una tabla en las que se detallan todos los pagos realizados por la empresa a los políticos, dentro del acuerdo de colaboración entre la Justicia y 77 ex directivos de la constructora en el marco del caso Petrobras.
La mayoría de los pagos fue mediante «caja 2», la financiación ilegal de campañas electorales, aunque también hay 111 pagos a políticos que no estaban concurriendo a cargos públicos en las elecciones.
Entre los beneficiados están los gobernadores de San Pablo (el estado más poblado y rico de Brasil), Geraldo Alckmin; y Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao; y su antecesor en el cargo, Sérgio Cabral, quien está preso desde finales del año pasado.
También aparece como beneficiario el actual ministro de Ciencia y Tecnología y ex alcalde de San Pablo, Gilberto Kassab, así como el diputado federal Julio Lopes, quien recibió 91 pagos.
Barbosa fue uno de los 77 ex directivos de Odebrecht que relató las corrupciones de la empresa ante la Justicia a cambio de tener una rebaja en su condena.