Doce años después, el expediente del blanqueo de los autos robados con depósitos judiciales volvió al juzgado de primera instancia para el punto final

Los tiempos de la Justicia no paran de sorprender. Casi doce años después y luego de un largo peregrinar que incluyó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el expediente por el caso de los autos robados blanqueados con depósitos judiciales volvió al juzgado Correccional y de Menores 1 de Posadas, para que se le dé el punto final a la historia.
Quien tiene en su despacho el cúmulo de fojas, que ocupan casi un cuarto de una habitación es el magistrado César Jiménez. Con el caso no hay vuelta atrás, está prescripto y todos los imputados se encuentran con el sobreseimiento firme. Es decir, nunca más volverán a ser investigados por el caso.
Por el caso, fueron investigados y procesados en su momento el entonces juez de Instrucción Dos de Posadas, Ramón Grinhauz, el empleado público Alfredo Rubén Mierez, el ex secretario del juzgado, Diego Julián Ojeda, el oficial de la Policía Federal Luis Anibal Perié, Augusto Antonio Albornoz, Adela Beatriz Fernández , Juan Osvaldo Ortíz, , José María Urien, Gustavo Hugo Villalba, Roberto Deluca y Casimiro Ortigoza.
El expediente lo inició el entonces juez de Instrucción Tres. Eduardo D’Orsaneo, pero por obra y gracia de la “recusación sin causa”, figura derogada tras ese caso, la causa pasó por siete juzgados. Fue la magistrada Selva Raquel Zuetta de Alem quien procesó a Grinhauz y a los demás sospechosos por “asociación ilícita”, aunque luego el Tribunal Penal Uno, que actuaba como cámara de apelaciones, revocó esa figura y ordenó que se dictara una nueva resolución.
Corría el año 2005, cuando el expediente recayó en el juzgado Correccional y de Menores 1, a cargo en ese momento de José Domingo Rotela. El magistrado, en una decisión que causó sorpresa, dictó el sobreseimiento de todos los imputados, porque “llegamos así a este estadio procesal con los términos excesivamente vencidos, que hace imposible continuar con el procedimiento”. O sea, consideró que como los plazos estaban procesales exigidos por la ley estaban vencidos, debía desligarse definitivamente a los imputados del hecho.
La fiscal original del proceso, Margarita Wenner, estaba de licencia cuando sucedió esto y quien lo subrogaba, Atilio León, consintió la decisión de Rotela. Cuando Wenner volvió a retomar el caso rechazó la decisión de su colega y en un caso insólito apeló desde la Fiscalía lo que la Fiscalía había consentido.
El Tribunal Penal Uno hizo lugar a la queja de Wenner y luego declaró nula la decisión de Rotela. Grinhauz acudió al STJ. Recién el año pasado, la Corte misionera le dio la razón a Rotela y desestimó lo actuado por Wenner. Para los ministros, la Fiscalía, con la firma de León, avaló la decisión de Rotela de sobreseer al magistrado y por lo tanto la resolución ya estaba firme.
Hasta la Corte Suprema le dio la razón a Grinhauz: el caso estaba cerrado y correspondía el sobreseimiento.
Todo había empezado en septiembre de 2001, cuando la Policía decomisó en la avenida Uruguay un auto VW Gol robado en Buenos Aires, pero cuyo conductor utilizaba exhibiendo un oficio que lo habilitaba como “depositario judicial”. Ese documento era original del Juzgado de Instrucción Dos. Fue uno de los 20 vehículos detectados, que transitaban libremente en esas condiciones. En la jerga de los investigadores habían sido “blanqueados” con esos oficios, porque todos tenían origen oscuro: el robo a mano armada. ¿Quiénes fueron los responsables de la maniobra? ¿Qué ramificaciones tenía la organización? ¿Cuántos vehículos llegaron a circular en esas condiciones? Nunca lo sabremos.