Provincias acordaron lineamientos para un nuevo régimen federal de responsabilidad fiscal

El documento fue firmado por representantes del área de Economía de 17 provincias y de la Nación. Entre otros puntos, establece un mecanismo de premios y castigos tendientes a incentivar la búsqueda del equilibrio fiscal. Plantea limitaciones en el crecimiento del gasto público y la creación de fondos anticíclicos. Además sugiere restricciones especiales al crecimiento en los gastos durante los últimos seis meses de mandato de gobernadores y presidentes.

Luego de una intensa jornada de debates, marchas y contramarchas, la Nación y 17 provincias lograron elaborar un documento que fijó los lineamientos de un proyecto de ley que establecerá un nuevo mecanismo de responsabilidad fiscal en todo el país, un marco de reglas fiscales que se propone como una guía para encauzar las finanzas públicas, tanto las nacionales como las de las provincias adheridas. Los objetivos centrales son favorecer la sostenibilidad fiscal y fomentar la transparencia.

El documento que surgió de la reunión realizada en Mendoza, propone como plataforma para concretar esta reforma a un Consejo Federal con autonomía plena y un cuerpo normativo que disponga buenas prácticas en responsabilidad fiscal considerando como atributos principales la reorganización del sistema de información, el establecimiento de reglas simples y directas, la disposición de reglas particulares de fin de mandato y creación de fondos anticíclicos fiscales.

En lo referente a la reorganización del sistema de información se acordó que el Consejo Federal recibirá toda la información fiscal a efectos de homogeneizarla y evaluarla en los términos del régimen, con una dinámica de trabajo orientada a generar una mayor frecuencia en la difusión de la información relevada.

Además se prevé diseñar un sistema informático para la carga de datos en todas las jurisdicciones.

Ley pareja

Se estableció que el objetivo de política macro fiscal que se busca alcanzar a través de la reforma es la reducción progresiva del déficit y la convergencia a una situación de equilibrio presupuestario. Para ello se configuró un sistema de pautas simples y de mecanismos de incentivos a las jurisdicciones que alcancen las metas planteadas.

Una de las premisas es que el gasto corriente primario de todas las provincias deberá permanecer constante en términos reales hasta 2019 inclusive. El indicador será medido neto de aquellos gastos corrientes financiados por transferencias del gobierno nacional, las transferencias por coparticipación a municipios y el financiamiento de organismos multilaterales.

Las provincias que hayan alcanzado el equilibrio fiscal podrán incrementar el gasto corriente asociado a inversiones que impliquen una mayor prestación de servicios sociales como salud, seguridad y educación.

Esta regla aplicará para la Nación a partir del ejercicio 2019, por el efecto que genera la aplicación del efecto de movilidad previsional durante el período de convergencia hacia una tasa de inflación más moderada.

Se recomienda además una regla que postula que el gasto primario total del Gobierno nacional se debe mantener constante en términos reales y adicionalmente en aquellas provincias que no cumplan con el ratio de endeudamiento y/o presenten un resultado corriente primario deficitario.

Dicho indicador será medido neto de las transferencias del Gobierno nacional con destino a gasto corriente y de capital, las transferencias por coparticipación a municipios y los gastos de capital de afectación específica, cualquiera sea la fuente de financiamiento.

Se acordó también mejorar el flujo de información durante la fase de formulación de los presupuestos públicos de las jurisdicciones adheridas.

Otra de las reglas propuestas estipula que el empleo en el sector público no debería crecer por encima del incremento en la población, mientras que las provincias que alcancen el equilibrio fiscal podrán incrementar su planta de personal asociada a inversiones que impliquen una mayor prestación de servicios sociales.

Carga tributaria

Se acordó llevar adelante políticas tributarias destinadas a promover el aumento de la tasa de inversión y empleo privado que prevén alivianar la carga tributaria de aquellos impuestos que presentan mayores efectos distorsivos sobre la actividad económica, estableciendo niveles de imposición acordes con el desarrollo competitivo de las diversas actividades económicas y con la capacidad contributiva de los actores con el desarrollo competitivo de las diversas actividades económicas y con la capacidad contributiva de los actores.

Se acordó no incrementar alícuotas, no crear nuevo hechos imponibles sobre actividades productivas y tender a corregir las distorsiones más significativas, en la medida en que dichas decisiones no impliquen comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas de las provincias y el gobierno nacional.

Fin de mandato

Se recomendó restringir en los últimos seis meses de mandato de las gestiones el incremento en el gasto permanente corriente, por ejemplo la incorporación de personal de planta permanente, a excepción de aquellos que sean generadores de políticas que trasciendan la gestión de gobierno y deban ser atendidos de manera específica, por ejemplo proyectos de financiamiento de largo plazo.

Se limita además toda disposición legal o administrativa que implique la donación o venta de bienes del estado.

Fondos anticíclicos

Se propone la creación de fondos anticíclicos fiscales a fin de cumplir con las metas fiscales una vez alcanzada la meta de equilibrio presupuestario. Se establece que dicho fondo deberá usarse en situaciones excepcionales determinadas por normativa específica. Se destinarán a reducir entre recursos y gastos frente a cambios de ciclo económico que tienen a provocar desequilibrios en las finanzas.

Dichos fondos serán constituidos con excedentes de recursos corrientes de rentas generales, netos de recursos con afectación específica establecidos por ley.