La violenta protesta en el Congreso expuso las disputas e impensadas alianzas a favor de la enmienda.
La política paraguaya quedó ayer sumida en un conflicto tras la batalla campal de anteanoche frente al edificio del Congreso, que dejó un muerto, decenas de heridos y más de 210 detenidos, en respuesta a la votación irregular de una enmienda que abría el camino a la reelección presidencial, prohibida por la Constitución.
Los incidentes motivaron la destitución del ministro del Interior, Tadeo Rojas, después de salir a la luz que la víctima, un joven de 25 años del Partido Liberal, fue baleado a quemarropa por un suboficial de la policía. Según el parte médico, Rodrigo Quintana recibió ocho balazos, «pero murió por consecuencia de un disparo en la cabeza».
Una mayoría de 25 senadores, de un total de 45, aprobó el proyecto de enmienda constitucional, y ayer debía ser ratificado por la Cámara de Diputados, pero la sesión fue suspendida tras los disturbios. La votación se llevó a cabo en una oficina marginal del Senado, en una convocatoria de último momento, casi secreta, fuera del recinto y sin la presencia del presidente de esa Cámara, en contra del cambio.
La iniciativa, concertada entre el oficialismo y un sector de la oposición, buscaba habilitar la reelección después de que la Constitución votada en 1992, tras el largo gobierno del dictador Alfredo Stroessner, confinó al olvido cualquier sueño de repetición o continuidad del mandato, con el fin de proteger a Paraguay de un presidente que intentara aferrarse al poder.
La Cámara de Diputados, donde el gobierno tiene una gran mayoría, debía aprobar también el proyecto de reforma. El siguiente paso era un llamado a referéndum en un plazo máximo de tres meses.
Los opositores consideraron la aprobación de la enmienda constitucional como un «golpe parlamentario» e hicieron un llamado a la ciudadanía «para resistir por todos los medios a nuestro alcance».
El mapa que emerge de esta crisis muestra al conglomerado de partidarios de la enmienda, liderado por una mayoría del conservador Partido Colorado, del presidente Horacio Cartes, en una sorpresiva alianza con el izquierdista Frente Guasú (FG), del ex presidente Fernando Lugo. Tanto Cartes como Lugo aspiran a un segundo mandato.
En la vereda de enfrente, opuestos a la enmienda por considerar que viola la Constitución, se cuentan disidentes colorados, una mayoría del Partido Liberal Radical Auténtico y sectores de izquierda.
La crisis se profundizó en los primeros meses de 2016 por iniciativa de algunos dirigentes oficialistas que consideran necesaria la continuidad de Cartes.
En agosto pasado, la oposición presentó un proyecto de enmienda y en la misma sesión lo rechazó, para evitar que el tema volviera a tomar estado parlamentario antes de un año, como establecen las normas, y dejaba a Cartes fuera de carrera para las próximas elecciones del año próximo. Pero el oficialismo criticó esa maniobra política y buscó una propia, al amenazar con presentar un nuevo proyecto de enmienda constitucional. Así sucedió, con la polémica sesión convocada a las apuradas y fuera del recinto.
Durante una reunión del Mercosur ayer en Buenos Aires, convocada por la crisis en Venezuela, el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, criticó las acciones «de un grupo violento que no entiende lo que es la democracia, lo que es la tolerancia y el derecho de manifestarse pacíficamente».
