Fallo de la Cámara de Apelaciones: las críticas hacia un juez en los medios o por las redes no son motivo para que se aparte de una causa

Ocho meses después, la causa por la muerte del arenero Enrique Heriberto “Ico” Faubel (66) no tiene detenidos ni sospechosos en la mira. Pero sí un juez confirmado. Se trata del magistrado Roberto Saldaña, quien en octubre había decidido apartarse de la investigación por “violencia moral”. Esto a raíz de las movilizaciones en reclamo de justicia que familiares y amigos de la víctima han hecho por las calles de Eldorado.
La pesquisa siguió luego en manos de la jueza Nuria Allou, pero el incidente por el apartamiento debía resolverlo la Cámara de Apelaciones. Hace unos días, la Sala II de dicho cuerpo, conformado por los jueces José Alberto López y José Mass, rechazó la inhibición y dispuso que el caso volviera a ser investigado por Saldaña.
Faubel fue asesinado a balazos el 5 de julio pasado durante un asalto en el barrio Lomas del Talar.
Actualmente no hay sospechosos detenidos por el homicidio. Los tres hombres arrestados días después del hecho debieron ser liberados por falta de pruebas en su contra.
Además de la Policía, trabaja para esclarecer el caso la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas del Poder Judicial (Saic).
“No logro avisar que las expresiones vertidas en los medios de comunicación masivos puedan afectar comprometidamente la imparcialidad del magistrado, cuando resulta usual y habitual en la sociedad la ‘mediatización de las causas’, con lo que si cada sentenciante, fundado en las opiniones populares, pudiera inhibirse de seguir entendiendo en un proceso penal, se tornaría ilusoria la garantía del ‘juez natural’ y pasaría la causa constantemente de un juez a otro”, opinó el camarista López.
“Avalar la inhibición del juez de Instrucción 1 llevaría a que cualquier manifestación que se exprese sobre un magistrado en los medios de comunicación o en las redes sociales puedan dar lugar a su apartamiento, anteponiendo ello al deber de cumplir con la función encomendada y que es dable exigirles, riesgos inconcebibles para el correcto funcionamiento del sistema de administración de justicia”, añadió el magistrado.

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