El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó ayer a diez años de prisión a a Gustavo Alfonzo por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Los jueces Roberto Manuel Lopez Arango, Lilia Graciela Carnero y Noemí Marta Berros consideraron que el publicista y locutor de Concordia mantuvo cautiva a una adolescente en un departamento ubicado en esa ciudad entrerriana y la obligó a participar en al menos una fiesta sexual organizada por el propio Alfonzo. El juicio comenzó el 20 de febrero y a lo largo de las audiencias declararon más de 35 testigos, entre quienes se encuentra la monja Marta Pelloni.
En tanto, los magistrados hicieron lugar al pedido del fiscal federal José Ignacio Candioti para que se remitan al juzgado Federal de Concepción de Uruguay copias de todo lo acontecido durante el juicio para que se profundice la investigación respecto a otros posibles responsables y otras eventuales víctimas. En sus alegatos, el representante del Ministerio Público había solicitado una pena de 12 años de prisión, por considerar que además de la captación, el traslado y el acogimiento, la víctima era menor de edad y que se puso en peligro su salud. La querella, en tanto, requirió 12 años y la defensa la nulidad del proceso y, en consecuencia, la absolución de Alfonzo.
La denuncia había sido realizada por la madre de la víctima el 30 de octubre de 2014, cuando indicó además que luego de ser captada, la joven fue obligada a consumir drogas, abusada sexualmente por varios hombres y que en el lugar había otras mujeres explotadas.
Las «fiestas»
Gustavo Alfonzo utilizaba «la fachada de ‘promotoras’ o ‘modelos’» para «conseguir, captar o reclutar chicas jóvenes» y luego «ofrecerlas y entregarlas a sus contactos masculinos dispuestos a pagar por encuentros sexuales», según había establecido la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), en una presentación realizada en noviembre de 2015. En esas fiestas, habrían participado importantes funcionarios públicos locales y/o poderosos empresarios locales.
Durante las audiencias, se ventiló que Alfonzo contaba con “el grupo de las diez”, a quienes ofrecía regularmente para este tipo de encuentros pactados previamente. En una de estas “fiestas sexuales”, participó la adolescente víctima del hecho por el cual Alfonzo terminó condenado.
La propia Protex, a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, advirtió que la red no podía funcionar sin el apoyo o complacencia de funcionarios públicos. De hecho, la necesidad de profundizar la investigación para ampliar el alcance y establecer posibles redes de protección política, fue propuesto por la Procuraduría en noviembre de 2015. En aquella oportunidad, los representantes del MPF afirmaron que los hechos investigados no podían ser interpretados como sucesos asilados ni cometidos por el “solitario accionar de un solo individuo”, sino que “se valió de aportes concretos de otras personas a las cuales la imputación penal aún no llegó y fue consecuencia de la preexistencia de una actividad ilícita que Alfonzo desarrollaba abiertamente en la ciudad de Concordia, con el auxilio y participación de otros individuos”.
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