Gobierno impulsa reforma laboral para bajarle el costo a las empresas

Además de los cambios en las ART, modificarían la ley de regularización del trabajo en negro, un blanqueo y rebaja en las contribuciones patronales.

 

 

La  primera dosis del paquete para transformar el mercado laboral estaba lista desde hacía dos semanas. Un proyecto para cambiar la ley, de 1991, de regularización del empleo no registrado se lanzaría con la modificación del sistema de riesgos del trabajo. Ambos tienen la misma misión: reducirles el costo laboral a las empresas sin tocar los salarios de los trabajadores. Pero, en un contexto de endurecimiento de las relaciones con la CGT , el Gobierno dio marcha atrás con el decreto de las ART (llamó a extraordinarias) y frenó los cambios en la ley 24.013.

Sin embargo, el oficialismo -con consenso y gradualmente- tiene decidido empujar su reforma con la intención de mejorar la competitividad de las compañías.

En momentos en que la industria no logra contener la sangría del empleo, el oficialismo gradúa sus iniciativas. Es que no sólo pretende terminar con la industria del juicio en relación con los accidentes de trabajo o el empleo en negro, sino que avanza en la idea de un blanqueo o moratoria laboral, la creación de una agencia de talentos, la incorporación al mercado laboral de las personas que cobran planes sociales y la rebaja de contribuciones patronales.

Todos estos temas pasarán por la mesa del Diálogo por el Trabajo y la Producción, en la que se sienta el triunvirato de la CGT, el empresariado y el Gobierno. Desde el sindicalismo confirmaron que el oficialismo ya llevó algunas de esas medidas a las negociaciones pero estiman que en la actualidad la prioridad es que se cumpla con el llamado pacto antidespidos y con las negociaciones paritarias para este año.

«Estamos trabajando en un paquete con la CGT», confirmaron cerca del ministro de Trabajo, Jorge Triaca , envuelto esta semana en una dura confrontación con el gremio de los bancarios. Allí ratificaron que están también trabajando en una iniciativa para reformar la ley de regularización del trabajo no registrado. «En la CGT son resistentes», explicaron en la cartera laboral.

 

La idea oficial es que las multas que contempla la ley 24.013 para los empleadores que no registran correctamente a sus empleados o que falsifican sus fechas de ingreso (artículos 8 y 9) en una relación laboral y, al mismo tiempo, las dobles indemnizaciones agravadas (previstas en el artículo 15) dejen de pagarse a los trabajadores y vayan a un Plan Nacional de Empleo y Formación Profesional o a compensar el sistema previsional. En este último punto, aún no está cerrado el debate.

La intención del Gobierno es «fusilar el negocio» de la industria del juicio que se generó con esta ley. En ese sentido, el proyecto está en sintonía con el de las ART que ya tiene media sanción y que se discutirá en extraordinarias. Según contaron, hoy hay estudios de abogados que se dedican a encontrar beneficios o pagos que se consideran como suma de naturaleza dudosa (tarjeta de crédito corporativa, gastos del auto, entre otros y, en general, en grandes empresas), lo que derivaba en multas millonarias a firmas que «están en regla». Sin embargo, algunos especialistas recalcan que de esta manera se deja al trabajador desprotegido. «Esto no pasa el Parlamento», amenazó uno.

Además, según una parte del proyecto, se prevé la eximición de contribuciones patronales para los empleadores que contraten un trabajador «por tiempo indeterminado y registrado», siempre y cuando esa contratación «produzca un incremento en su plantel de trabajadores». Este incentivo será más elevado, de hasta el 30%, en Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero, y de hasta el 10% en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Pampa, Entre Ríos, San Juan, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego, y la ciudad de Buenos Aires.

Además, entre el Gobierno y los sindicatos negocian si habrá un blanqueo (quita de deuda) o moratoria (facilidades de pago) para el mercado laboral.

El Gobierno propone además juntar todos los planes oficiales que existen para la formación de trabajadores y crear una Agencia de Talento que los concentre. También está la idea de comenzar a sumar al mercado de trabajo registrado a través de distintos incentivos a aquellas personas que cobran un plan social con prestaciones laborales. (La Nación)

 

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