El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, se reunió hoy con los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky para “analizar el estado de las cárceles” que dependen del Servico Penintenciario Federal (SPF).
Según consignó un comunicado de la cartera de Justicia, “durante el encuentro los magistrados le hicieron entrega al Ministro de una recomendación referida a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, en línea con el debate iniciado para implementar un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil”.
El encuentro tuvo lugar un día después de que el Ministro discutiera la situación carcelaria con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.
En esa línea, el funcionario destacó los puntos centrales de la reforma a la Ley Orgánica del SPF que implementa el mInisterio, y que implica “la construcción de nuevas plazas para internos; la optimización de los programas de rehabilitación para la readaptación social de los privados de libertad; y el impulso de medidas alternativas a la pena”.
En ese sentido, Garavano solicitó “colaboración de los magistrados para una mayor incorporación de los mecanismos alternativos a las penas privativas de la libertad, como la vigilancia electrónica y la prisión domiciliaria”.
El ministro reconoció que el incremento de personas detenidas en las cárceles genera “una estabilidad crítica”, y al respecto apuntó que, según cada caso, “las medidas alternativas a la prisión conforman respuestas sancionatorias más eficientes e inclusivas y dan una mayor garantía en el respeto de los Derechos Humanos”.
El titular de la cartera de Justicia señaló también que es “importante generar espacios no carcelarios, en los que estos puedan permanecer mientras se dicta la condena”,
Tras el encuentro se acordó “generar una agenda de trabajo común para avanzar en acciones tendientes a mejorar las cárceles que integran el Sistema Penitenciario Federal”, de acuerdo a lo consignado oficialmente.
Concurrieron esta reunión representantes de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación; del Programa contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa; de la Dirección de Asistencia y Control de Ejecución Penal; del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y del Centro de Estudios Legales y Sociales y del Ministerio de Justicia.
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